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Tucuman – 20 meses judicializados por garantizar derechos de una niña

Escrito por el 8 de octubre de 2020

Entrevista a la Dra. Soledad Deza

 El 27 de febrero del año pasado se le practicó una cesárea a una nena de 11 años violada por la pareja de su abuela. El caso fue conocido como Lucía y cursaba la semana 23 o 25 del embarazo.

No llegó a ese punto por voluntad propia sino porque el sistema de salud le había negado, dilatado, el acceso al derecho que la asistía de abortar.

Cuando la vida de la nena corría peligro hubo que practicar una cesárea, pero en el sistema público de salud tucumano no había médica o médico obstetra que no se amparara en su derecho a ser objetor de conciencia.

Recurrieron a un médico y una médica del sistema privado, José Gigena y Cecilia Ousset. Fueron quienes realizaron la cesárea y la beba pesó 600 grs. al nacer y sobrevivió 10 días.   

Pocos días después de la muerte de la beba, integrantes de grupos Pro Vida denunciaron penalmente a ambos médicos por el cargo de «presunta comisión del delito de homicidio calificado», delito que prevé como pena máxima la cadena perpetua. La investigación recayó en la fiscalía de Adriana Giannoni, quien tenía historia como representante de “salvemos las dos vida”.

El martes 6 de octubre en De Hormigas y Cigarras nos comunicamos con la abogada tucumana Soledad Deza, integrante de Católicas por el derecho a decidir y Mujeres por Mujeres.

Respecto a la causa penal contra la médica y el médico que practicaron la cesárea, informó que la causa cambió de fiscal pero sigue su curso, está activa. En relación a la fiscal Adriana Giannoni, que renunciara  en enero de este año, Deza destacó el rol de organizaciones feministas en denunciar y llevar adelante un juicio político contra la ex fiscal. También actualizó el estado de las causas que se abrieron contra funcionarios tucumanos por la dilación del acceso a un derecho a Lucía y caracterizó la situación hoy en el sistema de salud tucumano respecto a la ILE. Soledad Deza expresó también su opinión sobre el proyecto de ley para un aborto legal, seguro y gratuito que aún tiene estado parlamentario.

 


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