La tierra no se vende: El debate por la Ley de Extranjerización llega al Congreso

El Senado tratará el próximo 6 de agosto el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Esta iniciativa busca modificar un conjunto de normativas, entre las cuales se encuentra la Ley de Tierras Rurales que pone un tope a la extranjerización del territorio del país.  En este marco, este sábado 1 de agosto a las 16 horas, diferentes sectores populares, movimientos sociales y pueblos indígenas convocan a un banderazo y una movilización desde Callao y Corrientes hacia el obelisco en defensa de la tierra. 

Este proyecto de ley de extranjerización de la tierra propone cambios estructurales en la tenencia de la misma y el control de los recursos naturales en Argentina. Uno de los puntos que genera más rechazo es la reforma de la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011 para poner límites a la compra de campos por parte de extranjeros. Por un lado, se eliminaría el tope vigente que prohíbe que más del 15% de las tierras a nivel nacional, provincial y municipal estén en manos extranjeras. También desaparecería el límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular en zonas productivas. 

A su vez, se modificaría la ley de expropiaciones para hacer más difícil que el Estado pueda recuperar un bien cuando lo considere de utilidad pública, y se propone acelerar los desalojos y eliminar parte de la Ley de Manejo del Fuego, que hoy prohíbe cambiar el uso del suelo en terrenos incendiados por periodos de 30 a 60 años. Esa norma fue creada para evitar que se prendan fuego campos, bosques o humedales con fines inmobiliarios, agropecuarios o comerciales. 

En diálogo con el programa Voces desde la paternal de Radio La Colectiva, Jessica Gentile, activista socioambiental y coordinadora de la Red Ecosocialista, analizó los peligros de esta iniciativa con definiciones contundentes sobre lo que considera un plan de entrega del territorio. “Este conjunto de reformas representa la entrega más obscena que hemos visto del país desde la dictadura militar a esta parte». 

Para Jessica, la ley no es una medida aislada, sino que «forma parte de un plan económico que tiene un objetivo en primera instancia de despoblar el territorio para disciplinar la protesta y la lucha social con el objetivo de capturar dólares para seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional». Además agregó que el objetivo no es la pequeña propiedad, sino áreas clave: «Lo que quieren los grandes capitales transnacionales no es cualquier parte de la Argentina, lo que quieren son las zonas y el territorio estratégico que son las nacientes de agua, las zonas de frontera, las zonas donde existen los minerales comos los hidrocarburos y el petróleo».

Sin embargo, Jessica sostiene su crítica a la ley actual: “Yo no quiero en mi territorio ningún porcentaje de tierra extranjerizada”. Y suma que con esta ley se pierde el control sobre el suelo: «hemos perdido completamente la decisión sobre qué producir en este territorio porque se lo han regalado a la oligarquía terrateniente argentina o extranjera”. Lo que estamos discutiendo de fondo es quién decide qué se produce, qué se desaloja y a quién, qué se exporta en un paquete que incluye la extranjerización de la principal vía fluvial como es el río paraná”

Para que el proyecto obtenga media sanción, el oficialismo necesita reunir 37 votos a favor. Aunque Patricia Bullrich ha manifestado confianza en obtener los apoyos necesarios tras negociaciones con gobernadores y senadores, el debate se dará en un co una gran resistencia colectiva en las calles. Organizaciones han convocado a una marcha masiva al Congreso ese mismo día bajo la consigna «Argentina no está en venta», una protesta que ha ganado visibilidad con el apoyo de diversos sectores, activistas y artistas.

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