«Porque pueden»: la cacería de odio en Palermo

Un grupo de jóvenes atacó a travestis en los Bosques de Palermo y transmitió las agresiones en redes sociales. La periodista y comunicadora de La Casa del Encuentro, Alejandra Benaglia, analiza la trastienda de un hecho que no es aislado: el discurso violento desde el poder, la pérdida de políticas públicas y la impunidad de salir a «cazar» ante la mirada de una sociedad fracturada.

En la madrugada del pasado lunes 2 de noviembre, una banda de varones jóvenes acorraló, insultó y agredió físicamente a un grupo de mujeres travestis y trans en situación de prostitución en los Bosques de Palermo. Lejos de ocultar la agresión, los atacantes se filmaron a cara descubierta, mirando fijamente a la cámara y vanagloriándose del hecho bajo la autodenominación de «Matatrans». Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, provocando una ola de repudio que incluyó la reacción de diversas personalidades de la cultura, el espectáculo y el deporte, entre ellas Lali Espósito, María Becerra, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Luk Ra y Rodrigo De Paul, junto a colectivos de la diversidad sexual de todo el país.

El episodio, marcado por una crueldad explícita, reabrió el debate sobre el avance de los discursos de odio en la Argentina y las condiciones de posibilidad que permiten a un grupo de jóvenes ejercer violencia impunemente en el espacio público.

La periodista con perspectiva de género y coordinadora de comunicación de La Casa del Encuentro, Alejandra Benaglia, profundizó sobre las causas estructurales del ataque y advirtió que no se trata de un acontecimiento fortuito ni desconectado del clima político actual.

Una de las claves para comprender la gravedad del ataque en Palermo radica en la falta de inhibiciones sociales y en el respaldo implícito que perciben los agresores. Cuando se indaga en la motivación de quienes ejercen este tipo de violencia en grupo y lo exhiben como un logro, Benaglia sintetiza la respuesta en una premisa contundente: lo hacen simplemente porque pueden. «Nosotras lo que tratamos de hacer cuando damos notas es pensar juntos con los medios de comunicación y poner en contexto estas situaciones, porque no se producen de la nada; tienen toda una preparación y un contexto que claramente las avala. A la pregunta de por qué lo hacen, la respuesta es porque pueden». Alejandra vinculó de manera directa esta sensación de habilitación con la prédica cotidiana que emana desde las máximas magistaturas del país, señalando la existencia de una violencia institucional que se filtra en el tejido social. Expresó: «Está legitimado desde quienes nos gobiernan, porque tenemos un Estado violento per se, especialmente con las diversidades y las mujeres. Genera todo un contexto de violencia que se traslada a la sociedad, habilitándola en aquellos que tienen determinada condición. Estos pibes deben sentir que tienen esa potestad, esa libertad, y que pueden hacer esto porque no les va a pasar nada».

Benaglia remarcó que quienes ejercen estas agresiones no evalúan los costos legales al momento de actuar debido a la naturalización del odio. En ese sentido, reflexionó sobre el rol de la prueba audiovisual y el sesgo discriminatorio de la opinión pública: «Yo les pregunto para que pensemos juntos: si en vez de haber publicado ellos todos esos videos mirando a cámara y vanagloriándose de lo que hacían, no hubieran publicado nada y las que hubieran hablado hubieran sido las compañeras travesti-trans, ¿la sociedad les hubiera creído o lo hubiera puesto en duda? Pensemos todo y digamos todo también, porque no hay que separar estos hechos; no son hechos aislados».

El ataque en los Bosques de Palermo coincide con un alarmante incremento en los índices de violencia machista en todo el territorio nacional. Según el monitoreo permanente que realiza el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, el mes de octubre registró un pico crítico con 43 femicidios y 65 intentos de femicidio que no se concretaron por razones ajenas a la voluntad de los agresores. Sin embargo, Benaglia advirtió que estas alarmantes cifras representan únicamente un subregistro de la realidad nacional, agravado por las recientes decisiones gubernamentales de desmantelar organismos estatales de información. Dijo: «Estas cifras que la sociedad civil releva de los medios de comunicación son un subregistro, porque no llegamos a todos los medios. Desde la eliminación de la agencia Télam, recabar información se ha vuelto más dificultoso, porque es imposible relevar todos los medios de la Argentina. Por eso decimos que es un subregistro, lamentablemente». La periodista subrayó la contradicción de una sociedad donde la violencia extrema se naturaliza mientras se desestructuran las herramientas públicas destinadas a medirla, prevenirla y erradicarla. Criticó con dureza el repliegue del Estado nacional en materia de políticas de género, desde la primera medida de la actual gestión gubernamental al eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, hasta las descalificaciones expresadas en foros internacionales. Las políticas destinadas a erradicar la violencia y la discriminación requieren sostenibilidad en el tiempo y no pueden ser borradas según la orientación partidaria del gobierno de turno. En relación a esto Alejandra sostuvo: «La erradicación de la violencia de género es una cuestión que lleva años de políticas públicas permanentes y de leyes que se cumplan. Una política pública no se evalúa en cuatro años; se evalúa con diez años de sostenimiento en el tiempo, no importa qué gobierno esté. Las políticas que han dado resultado, como el Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente (que bajó la cifra un 50%), había que seguir sosteniéndolas. Sin embargo, se eliminó el plan».

Ante la ausencia de intervención estatal temprana, Benaglia destacó el rol determinante de la educación -tanto escolar a través de la Educación Sexual Integral (ESI) como en el seno familiar- para contrarrestar la propagación de los discursos de odio en las generaciones jóvenes. Asimismo, advirtió sobre la responsabilidad que recae de manera desproporcionada en las organizaciones civiles cuando las instituciones oficiales abandonan sus funciones. Dice: «Cuando el Estado se retira, la sociedad civil toma un rol preponderante que no debería ser, pero las mujeres y diversidades necesitan alguien que las escuche y las acompañe. Mantener el tema en agenda y poner perspectiva de género en todos los órdenes es una manera de contrarrestar estos hechos».

Pese a las barreras institucionales y a la inacción inicial de las autoridades políticas porteñas -donde la respuesta institucional demoró horas en pronunciarse-, la investigación judicial comenzó a moverse de oficio gracias a la intervención de la fiscal Andrea Verónica Scanga, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la CABA, especializada en discriminación. A la par del accionar judicial, la propia sociedad civil asumió tareas de investigación e identificación. La abogada trans Gabriela Ivy llevó adelante una reconstrucción digital de los hechos rastreando las publicaciones y perfiles de los agresores, lo que permitió exponer públicamente la identidad de los involucrados antes de que borraran el material de sus redes. El hecho reavivó la convocatoria para la Marcha del Orgullo, donde colectivos sociales y de derechos humanos se preparan para ganar las calles masivamente como respuesta al odio organizado, reafirmando que frente al abandono estatal y la violencia legitimada, la visibilidad comunitaria continúa siendo la principal trinchera de resistencia.

IG: @lacasadelencuentro

Entrevista Completa a Alejandra Banaglia

(Fotografía de portada tomada de Página 12)