Tribunal cordobés ordena investigar connivencia de funcionarios en un delito de corrupción

En un comunicado dado a conocer hace unos días, la Asamblea de Vecinos de Chavascate informó que el 30 de diciembre de 2020 la Cámara de Acusación de Córdoba devolvió al Fiscal en lo Penal y Económico el expediente por el cual se investigan las responsabilidades de funcionarios en el dictado de la Resolución 1200/10. La causa comenzó en 2013 a partir de una denuncia de vecinos y vecinas de la asamblea contra el entonces Secretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa y otros funcionarios, por abuso de autoridad. En su fallo la cámara no encuentra razones suficientes para llevarlo a juicio, pero tampoco para sobreseerlo y ordena al fiscal de primera instancia que amplíe la investigación por connivencia.

En diálogo con La Colectiva, Lucía Castellano, integrante de la asamblea y una de las querellantes, señaló que la resolución, si bien dilata los tiempos de un esperado juicio contra estos funcionarios, abre la posibilidad de una investigación más profunda que involucre a responsables por encima de Costa.

Castellano explicó que en 2010, Raúl Costa firmó la autorización en favor de la empresa Ticupil S.A. para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en una región enmarcada dentro de lo que se conoce como “zona roja” en la Ley de Protección del Bosque Nativo. A partir de ahí comienza la resistencia de vecinas y vecinos en defensa del bosque y de las nacientes de agua. En 2013, cuatro de los vecinos y vecinas de la Asamblea de Chavascate se presentan como querellantes en la causa contra Costa y otros funcionarios. En abril de 2019, el Fiscal a cargo de la investigación logra que la causa sea elevada a juicio.

Para Castellano, se abre la posibilidad de que la Asamblea presente toda la información y documentación acumulada en estos diez años, no solo contra los funcionarios involucrados en la entrega del territorio, sino contra los actuales que no cumplen con el rol de supervisar que Ticupil no avance con obras.

 

Audio de Lucía Castellano

 

*COMUNICADO ASAMBLEA VECINOS DEL CHAVASCATE*

Enero 2021

 *¡LA CAMARA SE DIO CUENTA!*

El día 30 de diciembre de un año tan particular como fue el 2020, con escasa posibilidad de movilizarnos, la Cámara de Acusación ha resuelto devolver al Sr. Fiscal en lo Penal y Económico de Primera Nominación el expediente por el cual se investigan las responsabilidades de los funcionarios en el dictado de la Resolución 1200/10 por medio de la cual se aprobó el ilegal emprendimiento inmobiliario de la Empresa Ticupil S.A. en la cuenca media alta del Río Chavascate.

Costa, entonces Secretario de Ambiente, fue denunciado en 2013 por *abuso de autoridad,* por haber aprobado ILEGALMENTE el emprendimiento de Ticupil S.A. en Candonga. Se trata de una ZONA ROJA según la Ley, y así lo expresó de manera explícita el informe de la Comisión Técnica Interdisciplinaria en el que se basó Costa para aprobar el proyecto.

 

La Cámara refleja algo que para nosotros era una obviedad y es que existe *connivencia* entre los funcionarios al momento del dictado de dicha resolución. Es decir, además de haber incumplido con los deberes de funcionarios, existen otros motivos para su dictado.

En ese contexto, la Cámara de Acusación le solicita al Sr. Fiscal investigue esta cuestión. Y nosotros decimos que estas responsabilidades llegan hasta las más altas esferas gubernamentales en la Provincia de Córdoba.

 

Ticupil S.A. obtiene una Resolución ilegal y, para esto, existen una gran cantidad de funcionarios involucrados. Por lo pronto, hay participaciones pasadas y presentes. Esta Asamblea no olvida y, la Cámara podría estar confirmando eso, que hubo un Ministro de Servicios Públicos de la Provincia, llamado Fabián López, al que le enviamos una Carta Documento, solicitándole haga cesar la Resolución ilegal. No solo nunca respondió la misma, sino que tampoco actuó conforme a derecho.

 

Pero esto llega, como dijimos hasta las más altas esferas, es al Gobernador de la Provincia Juan Schiaretti al que le presentamos un formal pedido de investigación administrativa de las actuaciones de sus propios funcionarios del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Recursos Hídricos, ERSeP y Policía Ambiental, *con un total de 20 notas no respondidas hasta ese momento.* (noviembre de 2019)

El resultado: nada. *No hubo jamás respuestas ni evidencia de que se hubiera abierto el sumario solicitado conforme lo prevé la ley.*

 

A esto hay que sumar a Policía Ambiental y su Director que cada vez que inspecciona el loteo expresa que está perfecto, que no hay ninguna intervención de la Empresa, y, entre asado y asado con los loteadores, confirma dictámenes llamativamente alejados de la realidad. Para la dirección, a pesar de ir reflejando nuevas casas, no es su potestad clausurar un loteo que tiene una medida cautelar vigente de prohibición de realización de ninguna obra en el mismo. Habrá que investigar por qué lo hace.

Entonces, la Cámara nos da la oportunidad de investigar a fondo, de una vez y para siempre, determinando taxativamente cada uno de los responsables en este ecocidio producido en nuestra cuenca, esta afectación oprobiante a nuestro bosque nativo y bienes comunes.

El mismo se volvió paradigmático en la Provincia de Córdoba y esto fue así, gracias *a la pertinaz lucha y oposición de quienes habitamos este territorio.*

 

Vamos a presentar ante la Fiscalía toda la prueba con la que contamos y que deja ver claramente que un Secretario de Ambiente en la Provincia de Córdoba no actúa solo, lo hace porque hay todo *un andamiaje desarrollado para atentar contra nuestros bienes comunes a favor de intereses económicos especulativos y expropiadores.*

 

Si bien, el caso Agua de Oro, El Manzano y Villa Cerro Azul puede llegar a desnudar esta actuación consciente del propio estado, no es menos importante cómo el Estado provincial se comportó en el caso de Porta Hnos. S.A., de las Madres de Ituzaingó, de Cahuana S.A. del Montecito en Unquillo, de Gama S.A. y la gran lucha de ADARSA, de los loteos en Mendiolaza, favoreciendo a Tagle y Salibi (el intendente loteador), de loteos de empresas privadas fraudulentas a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba, en donde los funcionarios, desde el más alto al más abajo, cobijan avisos de proyectos y Estudios de Impacto Ambiental de mala calidad, para después darles licencia ambiental. Lo mismo con canteras, obras públicas, canchas de golf, autovías, etc., etc. y muchos etcéteras más.

 

*Claramente es una forma de operar contraria a la ley y a los intereses de los pueblos.*

 

Hoy, esta resolución de la Cámara de Acusación confirma todas nuestras sospechas.

 

*CANDONGA NO SE TOCA! – FUERA PORTA! – JUSTICIA PARA LAS MADRES DE ITUZAINGÓ! FUERA CAHUANA S.A. – FUERA TICUPIL S.A. – BASTA DE AUTOVÍAS*

 

*EL BOSQUE NO SE TOCA*

 

*ASAMBLEA VECINOS DEL CHAVASCATE*