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Panorama Colectivo – 28-02-2009

Escrito por el 28 de febrero de 2009

Política
Los damnificados por el alud en Tartagal llevan 18 días viviendo en la intemperie   

Trabajadores
Los trabajadores de Filobel – Febatex escarcharon a un docente de la UBA

Recursos Naturales
Denuncian que mineros santacruceños sufrieron contaminación con cianuro
Audiencia por desmontes

Internacionales
Paraguay: persecución política a comunistas

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Política
Los damnificados por el alud en Tartagal llevan 18 días viviendo en la intemperie   

Los damnificados por alud que arrasó la ciudad salteña de Tartagal llevan 18 días viviendo a la intemperie debido a que los gobiernos provincial y municipal no solucionaron todavía la falta de viviendas.
“Las ratas proliferan por el barrio, los mosquitos se multiplican, hay dengue, hay víboras y los niños tiene la cabeza con granos por los focos de contaminación”, afirmó con gran preocupación Graciela Torres Presidenta del Barrio Ferroviario a la agencia de noticias Copenoa.
La mujer aseguró que desde el gobierno local “hasta ahora sólo” han recibido “promesas”.
La ciudad se prepara para que el lunes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inicie allí el ciclo lectivo nacional, pese a que las autoridades y los vecinos reclamaron postergar el comienzo de las clases porque la situación sanitaria está descontrolada y las escuelas ocupadas todavía por quienes perdieron sus viviendas.
Los casos sospechosos de dengue superan las dos mil personas en consultas hospitalarias efectuadas en el Departamento San Martín.
El Hospital Juan Domingo Perón, principal centro de salud del Norte salteño, se encuentra desbordado ante enfermedades endémicas en la zona, fuertemente alentadas por la pobreza en el lugar.
 
Trabajadores
Los trabajadores de Filobel – Febatex escarcharon a un docente de la UBA

Los obreros de FILOBEL-FEBATEX protagonizaron un escrache frente a la casa de Mario Federici, uno de los dos propietarios de la empresa textil que la llevaron a la quiebra y estafaron al personal.
Mario Federici es abogado, realizó su doctorado en Francia y actualmente se desempeña como docente de la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires.
A su vez, Federici es dueño de la textil Filobel- Febatex que trabaja hace más de 14 años en la localidad de Quilmes.
Según el comunicado de prensa de los trabajadores de la empresa textil, este académico fue su patrón hasta que decidió dejarlos en la calle, vaciar la empresa y negarles las indemnizaciones correspondientes.
Filobel- Febatex dejó a treinta familias en la calle hace cuatro meses, con salarios adeudados.
Los trabajadores de la textil denuncian, además, que Federici veían difiriendo los salarios, realizando despidos injustificados, suspendiendo aportes jubilatorios y el pago del salario familiar. 
Por ello, realizaron este escrache en la calle del docente, además de mantener un acampe en la puerta de la empresa para evitar su vaciamiento. 
 
Recursos Naturales
Denuncian que mineros santacruceños sufrieron contaminación con cianuro

Denuncian desde la mina que todos los días se cargan bolsas a pala y que vienen del proceso de cianuración y son enviadas a Chile.
En esa paleada no hay elementos que brinden seguridad.
Al menos 30 trabajadores habrían sufrido las consecuencias de las “inversiones” mineras.
Mientras tanto la directora de Minería de la provincia de Santa Cruz, ingeniera Claudia Lawrlund, se ocupó de enviar un comunicado del Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Minera Santa Cruz S.A. desmintiendo la información.
Esto estaría sucediendo en el emprendimiento minero “Huevos verdes”, ubicado al noroeste de esta provincia, a unos 50 kilómetros de Perito Moreno, donde 30 trabajadores habrían sufrido las consecuencias de dicha situación.
La información indica que los trabajadores habrían sido trasladados hasta Comodoro Rivadavia, donde se les realizaron los estudios necesarios para luego tratarlos.
A pesar de la desmentida oficial, Tiempo Sur-Digital pudo dialogar con un referente de los autoconvocados de “No a la mina” de Perito Moreno, quien pidió la reserva de su identidad, pero dio detalles del caso que se manejó con mucho hermetismo por los responsables.
Luego agregó que “lo que denuncian desde dentro de la mina es que todos los días se cargan bolsas a pala y que vienen del proceso de cianuración y esas bolsas son enviadas a Chile. Sucede que en esa apaleada, no hay elementos que brinden seguridad, no hay nada”.
 
Audiencia por desmontes
La Suprema Corte de Justicia de la  Nación convocó el pasado miércoles a una audiencia pública por los desmontes y la tala de bosques nativos en Salta.
En la audiencia  los representantes legales de nueve comunidades Wichís denunciaron ante los miembros de la Corte, que en el último decenio se perdieron, sólo en la provincia de Salta, 1,2 millón de hectáreas.
Agregaron que si el ritmo de tala es igual al ocurrido en el último trimestre de 2007, cuando el proceso se aceleró “en apariencia para adelantarse a la sanción de la llamada Ley de Bosques”, que limitó el desmonte, “la pérdida total de los bosques nativos salteños se produciría en apenas 15 años”.
Por su parte, el Fiscal del Estado de Salta, Ricardo Casali Rey y el ministro de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades y que las autorizaciones se multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques.
Los jueces no supieron responder cuando se les preguntó porqué  en el último trimestre del 2007 el desmonte alcanzó las 160.000 hectáreas y simplemente explicaron que “algunos pedidos (de deforestación), presentados en 2005 y 2006, se demoraron en su trámite por los controles que establecen las normas que rigen la provincia”.
Ahora la Corte deberá decidir en un plazo de 30 días si sigue al frente del caso y toma una resolución de fondo o lo delega a la justicia federal de Salta.

Internacionales
Paraguay: persecución política a comunistas
     
Organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado de repudio a la persecución política contra los luchadores comunistas de la localidad de Yasy Cañy.
El comunicado denuncia que el presidente Lugo militarizó los departamentos de San Pedro, Concepción y ahora Canindeyu, en un intento de implantar la ley antiterrorista contra los luchadores populares.
Es por ello que exigen al gobierno que retire a los militares de la represión y que ponga fin a la criminalización de la protesta campesina.
Exigen , además, la libertad de todos los presos políticos del Partido Patria Libre, el MAP y demás organizaciones políticas y sociales campesinas, el esclarecimiento de los asesinatos en el marco de la represión del Operativo Jeroviaha, como el de Ocampos Páez, Juan Esteban González y las torturas en sede militar de Sebastián Martínez y sus hijos Héctor y Alcides.
Especialmente hacen responsable al gobierno por la integridad física de Casildo López de la Unión Campesina del Norte quien se vio obligado a pasar a la clandestinidad por las torturas y asesinatos a las que son sometidos los dirigentes campesinos.
A su vez, convocan a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de Paraguay e internacionales que se involucren en la defensa del pueblo frente a la aberrante persecución inhumana que está sucediendo en Paraguay.

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