Panorama Colectivo – 21-08-2010

Escrito por el 21 de agosto de 2010

Panorama Colectivo – 14/08/2010

Política
Contra la inseguridad en la construcción

Recursos Naturales
Empresarios privados insisten en la implementación de la represa en arroyo Ayuí.

Trabajadores
Corte y movilización a un año del conflicto de Kraft

 

Internacionales
Campesinos guatemaltecos celebran cese de actividad de una minera
 
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Política
Contra la inseguridad en la construcción

Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en diversas organizaciones sociales presentaron el miércoles, al Jefe de Gobierno Macri y a los diputados porteños una propuesta de diez medidas para proteger a la sociedad de un modelo constructivo que causa la muerte de obreros y vecinos.
Convocado por las organizaciones Vecinos por el 25 de Mayo, Salvemos a Villa Urquiza, Lo que Faltaba, y Proto Comuna Caballito se realizó una presentación de medidas para detener y controlar el avance descontrolado del modelo de construcción en la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, realizaron una conferencia de prensa, en la sala de periodistas, junto a legisladores de Proyecto Sur, Coalición Cívica, Diálogo por Buenos Aires, UCR,  Frente Popular para la Victoria, MST, y a la Defensora Adjunta del Pueblo Graciela Muñiz.
Algunas de las medidas solicitadas son la modificación del Código de Edificación incluyendo una nueva inspección en el momento del pozo; la creación de un registro de reincidencias; aplicación de sanciones; la disolución de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) y su reemplazo por un nuevo organismo con personal llamado por concurso y descentralizado; y la suspensión de todas las obras comenzadas en los últimos 6 meses, su posterior re-inspección y adecuación a la nueva normativa.
A su vez, afirmaron que hace tres años anunciaron públicamente el descontrol en la operatoria de las demoliciones pero recién ahora, con tres vecinos muertos, la administración macrista se dio por enterada.
Por otro lado,  el martes 24, las  asociaciones de vecinos realizarán una presentación en la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura a las 13.

Recursos Naturales
Empresarios privados insisten en la implementación de la represa en arroyo Ayuí.

El proyecto impulsado por las empresas Adeco Agro – propiedad del financista húngaro George Soros – y Copra, cuyo titular es José Antonio Aranda, vicepresidente del grupo Clarín, busca construir una represa en el Arroyo Ayuí para crear un lago artificial de 8 mil hectáreas que le permita el riego de unas 18 mil para el cultivo de soja y arroz.
El Ayuí está en el corazón de la provincia de Corrientes, a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, y es el principal afluente del río Miriñay, que desagua en el río .
Hace varios años que a través de diferentes acciones, organizaciones ambientalistas vienen denunciando este polémico proyecto de inversión privada que pretende adueñarse del ecosistema con el objetivo “de ampliar sus márgenes productivos o su renta”.
Biológicamente va a desaparecer el arroyo. En 55 kilómetros, todos los bosques en galería como pajonales y obviamente toda la fauna del lugar, como el lobito del lago, el aguará guazú desaparecerán o correrán un serio peligro.
Si bien el Código de Aguas dice que un Estado provincial no puede permitir que se altere un cauce de agua público, la Legislatura correntina aprobó el proyecto de reordenamiento territorial de la ley de bosques que habilita el desmonte.

Trabajadores
Corte y movilización a un año del conflicto de Kraft

Al cumplirse un año del inicio de la lucha por la reincorporación de 162 despedidos por la multinacional, se realizó un corte de la Panamericana y movilización a los tribunales de San Isidro para reclamar por la reincorporación de los compañeros y el cese de los juicios penales y de desafuero a los trabajadores.
Los argumentos falaces esgrimidos por la patronal no pudieron esconder el intento descarado de atacar a la organización interna de los trabajadores para con ello lograr imponer condiciones más duras de trabajo, un plan de cientos de despidos, la eliminación de un turno y el aumento de la jornada de trabajo.
Ante la magnitud que adquirió el conflicto, el Ministerio de trabajo dictó en reiteradas ocasiones la conciliación obligatoria intimando a la empresa a que reincorporase a los despedidos.
Con total impunidad, Kraft violó una y otra vez las resoluciones ministeriales. No contenta con esto, inició decenas de procesos penales a casi 60 trabajadores, muchos de los cuales se encuentran actualmente en curso y juicios de desafuero al actual coordinador de la Comisión Interna, Javier Hermosilla y a miembros de la anterior CI, como Ramón Bogado, Jorge Penayo y Arcadio Alfonso.
Por la tarde, la agrupación 1º de mayo realizó un acto frente a la fábrica reclamando 35% de aumento en un pago, pase a planta permanente de los tercerizados, reincorporación de todos los despedidos, concreción de la convocatoria a elecciones de delegados impugnada por Kraft y el cierre de todas las causas a los trabajadores de Kraft y a todos los luchadores populares.

 
Internacionales
Campesinos guatemaltecos celebran cese de actividad de una minera

El dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, Daniel Pascual, consideró que sería una "victoria muy importante" que se concrete la suspensión de actividades de la empresa Montana Exploradora.
Así se refirió a la posibilidad de que la empresa Montana Exploradora de Guatemala detenga sus actividades en los municipios de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa, en el occidental departamento de San Marcos.
Esta posibilidad se debe a una resolución de la Procuraduría General de la Nación que ordenó el cese temporal de la explotación minera perteneciente a la canadiense Goldcorp.
La minera mantiene hace años una disputa con las comunidades indígenas y campesinas de la zona.
Por ello, Pascual evaluó que la suspensión es un "primer paso importante". Afirmó que podría sentar un precedente para dirimir otros conflictos ambientales relacionados.
En diálogo con Radio Mundo Real, el dirigente campesino afirmó que la minera siempre ha deslindado sus responsabilidades frente a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y persecuciones contra los campesinos.
Esto incluso después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado guatemalteco la suspensión de sus actividades.
El organismo solicitó esa medida cautelar ante peticiones de 18 comunidades mayas, man y sipakense.
Las comunidades denunciaron la contaminación de sus fuentes de agua y la expropiación ilegal de territorios desde que comenzó la extracción de oro y plata de Montana.

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