El jueves 30se presentó por sexta vez un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Estuvimos dent

El jueves 30se presentó por sexta vez un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Estuvimos dentro y fuera del Congreso y compartimos audios e impresiones de ese momento. El texto no es idéntico al que se venía presentando desde 2007, cada vez que perdía estado parlamentario: fue actualizado a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas, a través de consultas a profesionales de distintas disciplinas y activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y consideradas por una comisión redactora que elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo pasados. En la mayoría de los treinta países del sur del continente el acceso al aborto continúa siendo restringido desde el margen legal, y sigue siendo considerado un delito en las leyes penales. Pocos países han logrado avances significativos, lo que no implica el acceso libre para las mujeres, quienes por el contrario experimenten múltiples barreras a la hora de requerir una interrupción del embarazo segura y en las condiciones que ellas necesitan. En América latina y el Caribe, el contexto es de penalización parcial o total del aborto. En casi todos los países existen excepciones al “delito de aborto” establecidas en las normas, que contemplan causales eximentes de responsabilidad, lo que significa que no se aplican las penas en ciertas circunstancias. Este tipo de regulación conocido como “modelo de indicaciones”, considera la prohibición como regla general, con permisos en situaciones que típicamente abarcan casos de peligro para la vida o la salud (física, mental y social) de las mujeres, violencia sexual, malformaciones fetales y con menor frecuencia afectaciones socieconómicas.

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Tan solo cuatro países han legalizado el aborto bajo voluntad y a simple solicitud de la mujer, estos son Cuba, Guyana, Uruguay y México (Distrito Federal); allí se ha regulado bajo el “modelo de plazos”, en el que no se considera delito a los abortos que sean realizados hasta un momento determinado de la gestación. En contraste Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana continúan siendo lugares donde se encuentra completamente prohibido, y la vulneración a los derechos de las mujeres y la autonomía reproductiva crece a niveles alarmantes, por ejemplo en el Salvador y otros países, la persecución judicial ha llevado a graves condenas contra mujeres que han presentado emergencias obstétricas y han sido denunciadas de manera irregular en los servicios sanitarios.

El anterior panorama continúa siendo preocupante, pues aunque la mayoría de los Estados ha asumido compromisos internacionales ante organismos de Derechos Humanos para garantizar a nivel interno los derechos sexuales y reproductivos y los servicios de salud, que incluyen la atención del aborto inseguro y el acceso al aborto legal con el fin de no exponer a las mujeres a las graves consecuencias de las practicas riesgosas, en América latina y el Caribe el aborto inseguro continúa siendo un grave problema de salud pública y de derechos humanos, principalmente porque su penalización profundiza las condiciones de injusticia social, inequidad y subordinación que afectan a las mujeres.

Pese a que el modelo por causales que impera en la mayoría de los países obliga a los Estados a prestar servicios de salud que podrían reducir de manera significativa los riesgos y evitar más daños a la salud y los derechos de las mujeres, la imposición de todo tipo de barreras continúa afectando de manera desproporcionada principalmente a las mujeres con mayores condiciones de vulnerabilidad, pobreza y discriminación, es decir, a las más jóvenes, las más pobres y  las más excluidas por su condición de etnia o de raza.

Las mujeres argentinas encuentran entonces una nueva oportunidad para que los derechos sexuales y reproductivos, considerados Derechos Humanos, sean reconocidos de manera integral en la legislación nacional y se garanticen de manera definitiva los servicios de salud que hacen real y efectiva la autonomía reproductiva de las mujeres. Es una oportunidad para que el Estado salde una deuda con las mujeres y con la sociedad que reclama a gritos: “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir”.