11 de julio – Paraguay y otra farsa de justicia

Escrito por el 11 de julio de 2016

A las 13 horas de comenzó la lectura del veredicto. Los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero decidieron comenzar con un largo preámbulo del presidente del Tribunal destinado a reforzar su legitimidad. Luego la secretaria comenzó con la lectura en la que llegó a leer los primeros artículos donde se establece que por unanimidad el Tribunal se declaró competente y dio por probados los hechos presentados por la fiscalía. Declaró probado en juicio los presupuestos de la punibilidad de la conducta de los acusados en la comisión de los hechos punibles de la comisión de los delitos de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno así como el homicidio doloso agravado, consumado. La sentencia fue recibida por el público presente en la sala al grito de "Libertad, libertad a los presos por luchar" y al tribunal calificándolos de "corruptos y bandidos". A la orden de desalojar la sala los presentes contestaron coreando "In-jus-ti-cia, In-jus-ti-cia", hasta que se retiró el tribunal. El desalojo  fue resistido al grito de "Nadie va a salir" y "Nulidad, ahora, ya". A las 13:45  volvió a entrar el Tribunal y continuó con la lectura del veredicto. Artículo por artículo fue tomando las penas pedidas por la fiscalía comenzando por la condena a Ruben Villalba a 30 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad. 
Audio de la lectura del veredicto. AUDIO 

La fiscalía, una suerte de secuela del fiscal Jalil Rachid, instructor de la causa sobre el que pesa no haber investigado el asesinato de los once campesinos, había pedido 30 años de cárcel más 10 para Rubén Villalba, 25 para Luis Olmedo, 20 años para Arnaldo Quintana y Néstor Castro; para Felipe Balmori y Adalberto Castro 5 años y para las mujeres María Fani Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero 8 años de pena privativa de libertad. Hoy Rachid dejó la fiscalía porque asumió a principio de año como viceministro de seguridad interna de Paraguay, lo que puede considerarse un premio por su trabajo en la causa de Curuguaty.
La masacre en junio de 2012 fue el prolegómeno del golpe que sufriera Fernando Lugo. En mayo de ese año, un centenar de campesinos habían ocupado un predio conocido como Marina Cue en busca de tierras para trabajar.  Las tierras de Marina Cue fueron donadas al Estado paraguayo por parte de la empresa La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) en el año 1967 y en el año 2004, la donación fue transferida al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para que sean destinadas a la reforma agraria. Por su parte, un ex presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme obtuvo para su empresa Campos Morumbí y en tiempo record, la posesión por usucapión iniciando paralelamente un litigio donde además, logró que el Estado no fuera parte. En 2012 el INDERT promueve una acción judicial para anular el juicio por usucapión.
Así llegamos al 15 de junio, momento en el que el Ministerio del Interior, ordenó el desalojo del predio. El desalojo terminó en una masacre en la que murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. La masacre no ha sido investigada.

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