Andalgalá, resistencia y judicialización de la protesta

Entrevista a Rosa Farías – Informe de situación

Desde 2009 el pueblo de Andalgalá se organiza en defensa del agua y la vida. En 2016, producto de su persistencia en la lucha, logró un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide el desarrollo del proyecto Agua Rica. En setiembre de ese mismo año, el Consejo Deliberante de Andalgalá aprueba una ordenanza (029/2016) en la que se prohíbe en forma amplia la megaminería en su municipio. Con estas definiciones judiciales y políticas parecía estar resuelto el tema, pero la apelación de Agua Rica ante la Suprema Corte de Catamarca tuvo una definición en contra de la voluntad popular en diciembre de 2020, ya que declaró la ordenanza inconstitucional. Ese mismo año, Agua Rica se fusionó con La Alumbrera formando MARA y comenzó la prospección en plena pandemia. El pueblo de Andalgalá actuó en dos sentidos, por un lado recurrió el fallo de la Corte de Catamarca, recurso que nuevamente está en la Suprema Corte de Nación y por otro, volvió a la vigilancia y a los cortes selectivos. La respuesta a la movilización fue la represión de una marcha y la judicialización azarosa de integrantes de la Asamblea El Algarrobo el 10 de abril de 2021 y a principio de este mes, nuevamente la policía catamarqueña agredió a un puñado de habitantes en la localidad de Choya, deteniendo a otra vecina por 48 horas y preparando nuevas judicializaciones.

En este informe, Ezequiel explica el invento jurídico MARA, el proceso de fusión de Agua Rica con La Alumbrera y las consecuencias previsibles, para los pobladores de Andalgalá y otros pueblos vecinos, de permitirse que continúe el desarrollo de este proyecto megaminero.

Además, Rosa Farías detalla la situación que atraviesan quienes resisten el saqueo y la contaminación de empresas que cuentan con el respaldo del aparato represivo del Estado provincial y con lo que significa que la megaminería sea política de Estado a nivel nacional.