Panorama Colectivo – 31-10-2009

Escrito por el 31 de octubre de 2009

Recursos Naturales
Por la dignidad campesina

Denuncian violación de la Ley de Bosques

Derechos Humanos
Comienza el segundo juicio por crímenes cometidos en Campo de Mayo

Política
Intervienen la UCEP luego de allanar sus oficinas

Internacionales
COSTA RICA: Agricultores rechazan la producción descontrolada de piña en Costa Rica

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Recursos Naturales
Por la dignidad campesina

El reclamo de los movimientos campesinos se hizo oír en los tribunales de Dean Funes mientras se hacían los alegatos a empresarios sojeros que usurparon tierras cordobesas.
La gravedad del despojo de tierras a familias campesinas se acentúa motivo del accionar de empresarios interesados en realizar grandes emprendimientos en territorios usurpados.
Dentro de este marco, diferentes movimientos se encuentran cotidianamente en lucha por defender su territorio, su cultura y sus modos de producción. Tal como expresaba un comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba, “para que la justicia haga justicia” organizaciones campesinas reclamaron ayer en los Tribunales de Dean Funes una condena para los empresarios sojeros que despojaron de sus tierras a Ramona Bustamante, una mujer de 81 años a la que le hicieron firmar un convenio de desalojo a favor de los empresarios interesados en sojizar el norte de Córdoba.
Presentados los alegatos del juicio en donde están imputados los desalojadores, el fiscal de la causa, Hernán Funes, pidió entre 3 años y medio y 4 años de condena para los hermanos Escaramuza, empresarios sojeros de la provincia.
Los abogados de Ramona pidieron 4 años de condena para ambos y la restitución de las tierras, aunque luego tendrán que reclamar la indemnización por la destrucción de la casa y el desmonte de las casi 200 hectáreas.
El propio Ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, respaldó la posición del fiscal entendiendo que hubo una estafa de parte de los empresarios.n


Denuncian violación de la Ley de Bosques

En principio denunciaron y repudiaron la manera en que se maneja el Ejecutivo provincial a través de los ministerios del Campo, del Progreso y Medio Ambiente para el tratamiento de la aplicación de la Ley de Bosques 26.331.
Las ONG manifiestan que los ministerios realizaron reuniones para tratar y definir el tema de las zonas de tala y desmontes, excluyendo la participación de la comunidad a través de las organizaciones socio-ambientales, constituyendo de esta manera una evidente violación a la Ley.
“Consideramos que un tema de importancia pública no debería restringirse a los sectores agroganaderos, privados y/o estatales. La Ley prevé un marco para regular el uso del Bosque Nativo a través de un ordenamiento territorial, que tenga en cuenta la opinión de la sociedad y la autonomía de las provincias”, señalan los ambientalistas de San Luis.
Por tales motivos exigen que los responsables políticos de toda esta situación tomen las decisiones que correspondan para la protección de bosques; que se conforme una Comisión Mixta y pluralista integrada por representantes designados por las autoridades superiores del ámbito académico científico y de las diversas organizaciones sociales de la comunidad.
Los ambientalistas consideran fundamental la participación de la ciudadanía para la protección del bosque nativo mediante la denuncia y el trabajo coordinado con las autoridades estatales competente en materia ambiental y todos los sectores de la comunidad.

Derechos Humanos
Comienza el segundo juicio por crímenes cometidos en Campo de Mayo

Reynaldo Bignone y Santiago Riveros son algunos de los represores que serán juzgados a partir del próximo martes.
Campo de Mayo fue uno de los más grandes campos de exterminio que funcionaron durante la última dictadura militar.
Allí funcionaron cuatro centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Se calcula que por allí pasaron cerca de 5000 compañeros detenidos- desaparecidos; sin embargo este juicio es sólo por cuarenta casos.
A pesar de que son cientos los represores procesados por los miles de crímenes cometidos allí, menos de una decena de ellos está bajo arresto domiciliario y un par, en cárcel común.
Tres de los genocidas que serán juzgados, Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, ya fueron condenados por el secuestro y asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda y el secuestro y la aplicación de torturas a su madre, Iris Pereyra de Avellaneda.
La lista de represores que estarán sentados en banquillo se completa con Eugenio Guañabens Perelló, Germán Montenegro, Carlos Tepedino y Eduardo Espósito.

Política
Intervienen la UCEP luego de allanar sus oficinas

El caso de la joven Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos, que denunciara haber sido golpeada, manoseada y amenazada durante un desalojo que la UCEP realizó los primeros días de octubre en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo, fue el detonante para que Gustavo Moreno, asesor del Tutelar de Menores e Incapaces, pida la intervención de la justicia en la Unidad de Control del Espacio Público, la patota de Mauricio.
Carla y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes en una causa contra la Unidad de Control, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14.
Los delitos que se le imputan son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años.
Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Pero el caso de Carla y Graciela no es el único, desde hace varios meses los violentos desalojos de personas que viven en situación de calle son un modus operandi diario de este “grupo de tareas” macrista.
Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no se ha pronunciado abiertamente sobre las denuncias recibidas por la UCEP, pero qué se puede esperar de esta gestión si el ministro Piccardo, responsable de la fuerza, asegura que las tareas que le corresponden a esta Unidad de Control son la remoción de carteles o la incautación de productos de venta ilegal.

Internacionales
COSTA RICA: Agricultores rechazan la producción descontrolada de piña en Costa Rica

Agricultores, campesinos y ganaderos denunciaron los daños que deja el crecimiento descontrolado del monocultivo de piña.
Decenas de pobladores de la zona norte de Costa Rica expusieron los daños ambientales que deja el monocultivo de piña.
Es la primera vez que las comunidades de la zona norte del país comparten los problemas sociales y ambientales que les genera la producción descontrolada del monocultivo.
De las 50 mil hectáreas de piña que hay en el país, más de la mitad se concentra en la zona norte de Costa Rica.
Son 19 las empresas productoras de piña que enfrentan demandas penales por presuntas malas prácticas en el Tribunal Ambiental Administrativo.
A la fecha, 6 mil costarricenses de la zona atlántica se abastecen de agua mediante camiones cisternas debido a la contaminación de los acueductos con pesticidas.
También denunciaron explotación laboral sobre todo con los inmigrantes y las mujeres.
En las plantaciones de piña las jornadas laborales son de más de doce horas. El sueldo ronda alrededor de 12 dólares al día.
El encuentro en la provincia de Alajuela fue acompañado por la Asociación Ditsó y el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera.


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