Panorama Colectivo – 14-08-2010

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Trabajadores
Judicialización dilatada
 
El Tribunal laboral N° 2 de San Isidro postergó nuevamente el juicio por despido iniciado por Terrabusi Kraft – Foods a Arcadio Alfonso, integrante de la comisión interna.
La empresa lo denunció además por haber participado de las distintas medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores durante su lucha de 2009.
Más allá de que se está ante un nuevo ejemplo de judicialización de la protesta laboral y social, la denuncia da una clara muestra de la insensibilidad de la patronal.
Como si fuera poco, la empresa impugnó recientemente la elección de delegados de sección convocada por el gremio, a lo que debe sumarse que nunca acató ninguna de las resoluciones ministeriales, violando las leyes laborales argentinas y reprimiendo a los trabajadores, durante el conflicto de 2009.
Cabe recordar que en agosto del año pasado, Kraft despidió a 162 empleados y pretendía eliminar un turno, sacar el jardín maternal y avanzar en nuevas normas de convivencia.
Justamente al cumplirse un año de estos hechos, el próximo miércoles 18 de agosto los trabajadores de Terrabusi – Kraft realizarán un acto en la puerta de la fábrica.
Los trabajadores de Terrabusi continúan reclamando la reincorporación de todos los despedidos, el cierre de las causas a los trabajadores, la elección del Cuerpo de Delegados, y el pago completo del 35% de paritarias.

Salud
Los profesionales de la salud tucumanos continúan movilizados 

Reclaman la reincorporación del doctor Carim Asus y el cese de la ocupación por parte de la policía en el Hospital Centro de Salud.
Asus es un delegado de base del Hospital  y representante ante el gremio de trabajadores autoconvocados. Trabajó 8 años ad honorem y desde hace 2 se encuentra como reemplazante no permanente en ese hospital.
Adriana Bueno, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) afirmó que el director del nosocomio, Ricardo Figueroa, “le informó verbalmente a Asus que por orden del ministro Pablo Yedlin cesaba en sus tareas dentro del sistema, sin brindar ningún motivo”. Y agregó “Entendemos que esta medida pretende ser ejemplificadora y es una intimidación directa para que los trabajadores que estamos reclamando que el gobierno cumpla con lo prometido, dejemos de hacerlo”.
Los reclamos por mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de la salud de Tucumán lleva ya 16 meses y aún esperan respuesta por parte de las autoridades.
El miércoles, en el marco de un nuevo paro, denunciaron que un grupo de integrantes de la “seguridad” privada del Hospital Centro de Salud, comandados por el dueño de la empresa Cóndor, Jorge Soria, ingresaron a la fuerza, a través de forcejeos y agresiones a los trabajadores que se encontraban en el lugar.
Los autoconvocados confirmaron que el paro continuará hasta que se reincorpore al doctor Carim Asus.

Pueblos originarios
GAJAT repudia represión a comunidad indígena La primavera en Formosa  

El Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) expresa su profunda preocupación ante la inminente represión hacia los integrantes de la comunidad indígena La Primavera, parte del pueblo Qom asentado en la actual provincia de Formosa.
Desde el domingo 25 de julio del presente año dicha comunidad inició un corte de la ruta nacional 86 debido a un reclamo por la devolución de parte de sus tierras de ocupación tradicional, que el gobierno de la provincia cedió a la Universidad Nacional de Formosa, en un acto de desconocimiento de sus derechos territoriales constitucionalmente protegidos.
De acuerdo a la información suministrada por miembros de la Gendarmería Nacional (Escuadrón Laguna Blanca) a los integrantes de la comunidad, el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, a cargo del Dr. Eduardo Agustín Valiente, ordenaría despejar la ruta con el consecuente desalojo por la fuerza de los indígenas que allí se encuentran manifestando.
El Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ha llamado la atención sobre la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante actos de criminalización de actividades de protesta social, señalando que estos actos de protesta obedecen a que las demandas indígenas no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.
Cabe señalar que la comunidad mantiene este conflicto con el gobierno provincial desde el año 2007 sin haber recibido respuestas satisfactorias. Y que el mismo se ve agravado por la falta de implementación de la ley 26.160 que ordenó el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.