Panorama Colectivo – 06-06-2009

PERÚ: 40 días de rebelión indígena contra el saqueo 

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La próxima semana se desarrollarán en Argentina y Chile actividades contra Pascua Lama, el saqueo y la contaminación. 

La decisión fue tomada durante el último encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas realizado en San Juan.

En Buenos Aires se convoca a las 15.30 del viernes 12 de junio al anexo del Congreso Nacional donde se realizará un foro en defensa de los glaciares y en contra de Pascua Lama. 

El mismo día y por la misma razón habrá un corte total, a partir de las 11, en el puente del río Tunuyán de Mendoza. 

En tanto, el 13 se realizará, desde las 10, la Sexta Marcha Por la Vida en el puente chileno Talca, del Valle del Huasco. 

El proyecto minero Pascua Lama utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Todo en zona de alta montaña, de glaciares. 

A su vez, el diputado nacional Miguel Bonasso acompañó a la asociación civil Diálogo por el Ambiente en la presentación ante la Corte Suprema de la Nación de una acción amparo ambiental, ante el veto presidencial a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. El objetivo es que se declare inconstitucional el veto a la Ley 26.418.

Los trabajadores de Página 12 difundieron una carta abierta a los lectores en la que denuncian la intransigencia de la empresa periodística a atender los reclamos por mejoras salariales y laborales que sostienen desde hace dos meses.  

Según se informa en el comunicado, el crecimiento de los ingresos del diario, en concepto de publicidad oficial y venta de ejemplares durante los últimos años, no se tradujo en mejoras de los salarios y las condiciones de trabajo. 

Por su parte, los trabajadores del matutino Crítica de la Argentina continúan con su plan de lucha decidido en asamblea, en reclamo de 400 pesos de aumento salarial. Desde el pasado viernes y hasta el lunes realizaron una retención de actividades de 2 horas diarias.

Los trabajadores habían rechazado en asamblea la propuesta patronal de un aumento de apenas $25,80 promedio, prorrateado por cada empleado, respecto del ofrecimiento hecho previamente. El martes se movilizaron a la sede del Ministerio de Trabajo, acompañando a la comisión interna del diario a una nueva audiencia de conciliación con la empresa.

En tanto los trabajadores del diario Crónica resolvieron en asamblea iniciar una retención de tareas a partir de esta semana en reclamo de una recomposición salarial y por la reasignación de tareas de en el sector Automotores, al tiempo que denunciaron la situación al Ministerio de Trabajo.

La emisora comunitaria Radio Activa, que transmite desde El Bolsón, provincia de Río Negro, sufrió el pasado lunes un incendio, ya confirmado como intencional por la fiscalía.

El siniestro de la emisora fue total y comenzó en un costado del edificio de madera en el que,  según constataron autoridades, no había ningún objeto inflamable, ni enchufes o artefactos eléctricos. 

Es ineludible separar este hecho del actual debate político sobre la posibilidad de cerrar el aeródromo de la localidad. Este año se presentó un proyecto de empresarios provinciales y locales para cerrarlo y mudarlo hacia otra zona, cercana a la estancia del magnate Joe Lewis. 

Rodríguez recientemente manifestó su oposición al plebiscito y denunció que se trataba de un millonario negocio que impulsaría el intendente Oscar “Cacho” Romera y autoridades provinciales de Río Negro; es decir que el objetivo no era el traslado del aeropuerto para una mejoría, sino para adjudicarse las 70 hectáreas del actual predio para un negocio inmobiliario.

En repudio a los hechos ocurridos y por el esclarecimiento del incendio, el viernes 5 de junio, organizaciones civiles y sociales, junto con vecinos de El Bolsón y otras localidades de la Comarca Andina, se congregaron para manifestar su  solidaridad con los integrantes de la Radio Activa.

Aproximadamente 300 personas se concentraron y marcharon bajo el lema “Por el esclarecimiento del incendio intencional, por el derecho a la libertad de expresión, por el acceso a la información pública, basta de impunidad”.

Aprovecharon además para afirmar la oposición al traslado del aeropuerto manifestando que detrás hay un gran negociado privado. Las diferentes organizaciones exigieron públicamente que los responsables, tanto ideológicos como materiales, del incendio sean juzgados.

La ley utilizada para fundamentar la medida data de la última dictadura.  La medida recae sobre  dirigentes sindicales docentes que ocuparon en forma pacífica la sede ministerial en el marco del conflicto durante  el pasado mes de abril.

Conocida esta semana la medida sancionatoria, Daniel Murphy, secretario de Políticas Educativas afirmó que la sanción es improcedente y sostuvo que lo único que buscan es criminalizar la protesta social.

La carta documento remitida por el ministerio de educación provincial se ampara para la aplicación de la medida en "la ley 1510 Ley de Sumarios, una ley 1977, dictada en la época de dictadura” y, que según sostuvo el dirigente sindical “viola el derecho a defensa de parte del acusado, además de la presunción de inocencia; porque a partir de esto, del inicio del sumario no podés ocupar un cargo jerárquico. Pero además al aplicarla violan la Ley 23551 la Ley de Asociaciones Sindicales".

La ley 1510 preve, según Murphy, que "los docentes debemos actuar dignamente y no perjudicar el sistema educativo y respetar las autoridades. No sabemos que es para ellos actuar dignamente".

PERÚ: 40 días de rebelión indígena contra el saqueo 

Tras semanas de intensas movilizaciones en los departamentos amazónicos, el Gobierno peruano decretó el pasado 9 de mayo el estado de emergencia durante 60 días en nueve municipios selváticos de las regiones de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. Con la medida, quedaron suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de reunión y de tránsito. 

Además, las fuerzas de seguridad podrán detener ciudadanos discrecionalmente, allanar viviendas o locales e impedir la circulación y las concentraciones. Los primeros movimientos de esta escala represiva se tradujeron en el envío de barcos de guerra por los cursos fluviales.

El motivo del decreto no es otro que “restablecer el orden público ante las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos”. 

La protesta indígena más masiva de los últimos tiempos se inició el pasado nueve de abril con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur, protagonizadas por organizaciones afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía.

Tras la contundente medida coercitiva, el líder de AIDESEP, Alberto Pizango, advirtió que las amenazas no amedrentan a los nativos y que éstos están dispuestos a morir para hacer respetar sus territorios y defender la Amazonía.

Concretamente, el levantamiento indígena exige la derogación de 11 de los 104 decretos legislativos que atentan contra los intereses del país. La protesta incide en varios decretos y leyes aprobados por el Gobierno y el Congreso como parte de un paquete legislativo de adecuación de la normatividad peruana a las exigencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.