HD Panorama Colectivo – 01-10-2009
Escrito por La Colectiva Radio el 1 de octubre de 2009
No a la criminalización de las calles
GÉNERO
Un negocio que sigue matando
POLÍTICA
Macri, otra vez
Crece la represión en Honduras
No a la criminalización de las calles
Organizaciones sociales marcharon hoy hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en repudio al accionar que está llevando a cabo la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), así como en rechazo a la creación de la policía Metropolitana y la criminalización de la pobreza.
Las organizaciones, nucleadas bajo la Coordinadora de Lucha en la Ciudad, se concentraron en el Obelisco a las 17hs. desde donde partieron hacia la Jefatura de Gobierno, en donde expresaron su rechazo al proyecto macrista que busca impulsar la creación de la policía Metropolitana, cuya principal función será la de “dispersar” aquellos grupos que expresen sus reclamos en los espacios públicos del distrito.
La iniciativa macrista se enmarca en un proceso que comenzó con el accionar que la UCEP, a cargo del ministro de Espacio Público de la ciudad, Pablo Picardo, ha estado ejecutando sobre personas en situación de calle, a quienes se los “desaloja” violentamente y se les extrae sus pertenencias, todo ello bajo la amenaza de ser detenidos por “resistencia a la autoridad”.
GÉNERO
Un negocio que sigue matando
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) denunció tres nuevos asesinatos de trabajadoras sexuales, esta vez en las provincias de Santa Fé y Salta.
AMMAR hizo pública la denuncia mediante una carta dirigida a los gobernadores de Santa Fé y Salta, legisladores y miembros de organizaciones sociales, para exigir el esclarecimiento de dichos casos y un marco jurídico que proteja a las trabajadoras sexuales de actos de violencia perpetuados contra ellas.
Los tres nuevos asesinatos suman un total de treinta casos de mujeres asesinadas desde que AMMAR iniciara el archivo, mientras que las estadísticas ubican a las ciudades de Mar del Plata y Rosario como los dos lugares que encabezan la lista del horror.
Por su parte, desde AMMAR Rosario se remarcó necesidad urgente de que el Poder Judicial logre investigar y esclarecer los dos nuevos casos en Santa Fé, provincia en la que en 2004 fuera asesinada, de un disparo en la nuca, Sandra Cabrera, secretaria general de AMMAR Rosario.
El asesinato de Sandra ocurrió luego de que ésta denunciara haber recibido extorsiones por parte de la policía local, así como también la connivencia de la Oficina de Moral Pública en la explotación sexual de menores.
POLÍTICA
Macri, otra vez
Profesionales del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano denunciaron al Dr. Alberto Monchablón, director interino de dicho establecimiento, por acoso laboral y amenaza coactiva, luego de que éste obligara a la Dra. Alicia Martí, jefa de Guardia, a abandonar su cargo porque “tenía que ubicar” a una persona amiga.
Monchablón, quien fuera nombrado en su cargo por sectores ligados al macrismo, se presentó ante la Dra. Martí el pasado viernes, para “pedirle” que abandonara su cargo, pedido tras el cual Martí solicitó un plazo de dos días para tomar la decisión.
Sin embargo, el director del establecimiento le exigió que debía abandonar el puesto en ese mismo momento y que “no le hiciera las cosas más difíciles”
Según lo relatado por otros profesionales, quienes se acercaron hasta la sala de guardia a causa del tenso clima que había comenzado a desatarse allí, Monchablón se presentó acompañado por el subdirector, Dr. Luis Briganzoli, y cinco colegas más, uno de los cuales llevaba consigo la hoja con la renuncia que la Dra. Martí debía firmar.
Ante esa situación, los compañeros de la Dra. Martí, entre quienes se encontraba el Dr. Pablo Berretoni, Jefe del Área de Agudos, acudieron en su defensa, tras lo cual fueron agredidos por el grupo que encabezaba Monchablón.
Así lo relata el Dr. Berretoni, Jefe del Área Agudos del Hospital Moyano:
(ENTREVISTA)
El portal web de la empresa Yahoo incluyo hoy entre sus noticias destacadas que la cantante Mercedes Sosa se encuentra en terapia intensiva. La fuente de esta noticia provino de la agencia norteamericana AP (Asociated Press) la cual tiene oficinas en la Argentina desde 1917.
En el cable se informaba acerca del estado de salud de Mercedes Sosa y se hacia un breve racconto de su historia, en el cual se relata la persecución que sufrio la cantante durante la dictadura militar que sufrio la Argentina entre los años 1976 y 1982.
El final de la noticia habla de que los “organismos de derechos humanos le atribuyen (a la dictadura) la muerte o desaparición de unos 30.000 disidentes” pero que “datos oficiales aseguran que los desaparecidos fueron 13.000”.
La insolita conclusión de la agencia AP, colada en una noticia sobre la salud de Mercedes Sosa, retoma viejos y peligrosos argumentos.
Crece la represión en Honduras
Más de 1000 policías y militares reprimieron ayer a manifestantes que se encontraban reunidos de manera pacífica frente a Radio Globo, clausurada hace tres días por orden del Gobierno de facto hondureño.
El accionar represivo se ejecutó luego de que el gobierno inconstitucional encabezado por Roberto Micheletti ordenara la clausura de los estudios de Radio Globo de Tegucigalpa. La medida fue ampliamente rechazada por el campo popular que, pese a la vigencia del estado de sitio, demostró su apoyo públicamente frente a la emisora, que desde entonces, sólo transmite su programación vía Internet, en el sitio http://www.radioglobohonduras.com/.
Las fuerzas armadas también desalojaron el Instituto Nacional Agrario, ocupado por miembros de la resistencia popular desde el inicio del golpe. A pesar de que los ocupantes de la Institución no mostraron un comportamiento violento, la policía detuvo a 55 personas, quienes corren peligro de ser acusadas de sedición.
Frente al recrudecimiento de la violencia por parte del gobierno de Micheletti, el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, emitió un comunicado a través del cual, “amparados en el Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras” condenan, rechazan y desconocen el decreto que restringe las garantías constitucionales del pueblo hondureño por 45 días.
El golpe de estado cívico-militar que destituyó al presidente electo Manuel Zelaya, lleva 93 días de conflicto, durante los cuales distintas organizaciones sociales denunciaron sucesivas violaciones a los Derechos Humanos, persecución ideológica y la muerte de diez civiles, aunque todavía no hay estadísticas que confirmen este último dato.
Opiniones
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