El fallo a medida del TSJ puede terminar en juicio político

Escrito por el 6 de enero de 2021

a José Eduardo Machain

 

El 16 de diciembre cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA, Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano firmaron un sentencia que da la razón al gobierno de Rodríguez Larreta respecto a relativizar los deberes del Ejecutivo en cuanto a garantizar vacantes en la pública para niños y niñas de 45 días a dos años de edad.

Básicamente, los dos jueces y las dos juezas se alinean con la postura del gobierno en ese sentido, pero no se quedan solamente en esa lectura sino que avanzan proponiendo una suerte de meritocracia a la hora de otorgar vacantes.

La sentencia despertó reacciones inmediatas. La familia involucrada hizo saber a través de de comunicación que apelará la sentencia ante la instancia de la Corte Suprema de la Nación y el 28 de diciembre, 20 diputados y diputadas de la oposición presentaron en la Legislatura porteña un pedido de juicio político a los autores del fallo. De acuerdo a lo informado por la agencia Télam, se puso en marcha el “procedimiento previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», que dispone que el proceso deberá «establecer si los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano han incurrido en alguna de las causales previstas» en la Carta Magna porteña, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.

El expediente deberá ser debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir de la reanudación de las sesiones en marzo y, en caso de aprobarse su paso al recinto, demandará de al menos 40 votos afirmativos, de los 60 que componen la cámara.

 

De Hormigas y Cigarras se comunicó con José Eduardo Machain, quien fuera consejero en temas de educación en la Legislatura entre 2006 y 2017 y es miembro del grupo de trabajo “Infancias y Juventudes” de Clacso. Machain, una de las primeras voces que se levantaron contra la sentencia, señaló que el voto de mayoría representa un grave ataque al derecho a la educación en general y al derecho de la primera infancia de acceder a su educación y cuidados de calidad, gratuita y universal, sin discriminación ni segregación de ningún tipo, y que vulnera el principio de no regresividad de las políticas”.

El fallo desvía la responsabilidad hacia el legislativo y deja servida la posibilidad al gobierno de la ciudad de frenar los reclamos por vía judicial para acceder a una vacante en la educación pública para los más pequeños. Así lo expresaba Machain:

 

 

Machain señaló también la responsabilidad de los medios masivos de comunicación al desinformar por la vía del ocultamiento de la noticia

 

 

Por otra parte, decenas de organizaciones se suman al pedido de juicio político y juntan firmas. Desde el  Observatorio del Derecho a la Ciudad dieron a conocer la posición de muchas de esas agrupaciones: “Esta Mayoría Automática destruyó los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la Educación Pública al establecer que el GCBA sólo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las persona que demuestren que no pueden pagar una privada (certificado de pobreza)”, dijeron en un comunicado en el que invitan a firmar la petición de juicio político: https://www.change.org/JuicioPolíticoxEducaciónPública

 

De los cuatro jueces cuestionados, el más antiguo en su cargo es el abogado Luis Francisco Lozano, que integra el TSJ desde su segunda composición, entre los años 2004 y 2009. Le sigue la Dra. Inés Weinberg, quien lo integra desde 2013 y se suman en 2019 la abogada Marcela de Langhe y el abogado Santiago Otamendi.


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