Basta de muertes en Murata

Hace un año Miguel Olmedo, vigilador de la empresa de seguridad Murata SA de 64 años, fue enviado bajo amenaza de despido al Barrio 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando arreciaban los contagios por Covid 19, en castigo por acogerse a la licencia amparada por DNU. Allí, enfermó y falleció. Un mes después Juan Campos fallece bajo circunstancias parecidas y en ese entonces la empresa ocultó los contagios.

No es la primera vez que la empresa Murata es denunciada por muertes a causa de las condiciones de precarización laboral de sus empleados. En 2018, Martín Pino fue enviado sin ninguna instrucción y como castigo a un peligroso entramado de vías en Retiro. Arrollado por una formación, Murata difundió que se había suicidado. Trabajando para esta empresa también perdieron la vida Atilio Acosta, Néstor Farías, Claudio Andrade y Valeria Páez.

Actualmente la causa “Murata S.A. s/violación de medidas de propagación de epidemia (art.205) y otro” continúa abierta. Según relataron a la revista digital «Noticias Urbanas» Nidia y Vanesa Olmedo, hijas de Miguel Ángel Olmedo, de cuya muerte por precarización laboral se cumple un año en este mes de junio, la causa judicial avanza. “El fiscal y la jueza aceptaron la querella y entendieron que hay razones para investigar a la empresa. Actualmente se están produciendo las medidas de prueba que propusimos, tanto en la parte testimonial como la informativa”.

Miguel Olmedo tenía 64 años y prestaba servicios de vigilancia para Murata desde hacía 12. A pesar de su reticencia a causa de la pandemia de Covid-19 y su consecuente cuarentena, fue enviado a trabajar a la Villa 31 bajo amenaza de despido. Las hermanas Olmedo indicaron que la empresa estaba al tanto de las complicaciones de salud que convertían a su padre en una persona de riesgo: síndrome coronario, hipertensión, insuficiencia respiratoria y obesidad, además de su edad. Aun así, la empresa rechazó su solicitud de licencia, estando incluso a tres meses de jubilarse.

Ante todo esto, el pasado viernes 28 de mayo, la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral llevó a cabo un acto virtual, en el cual participaron familiares de las víctimas y despedidos de Murata. El acto denunció a esta empresa por sus contratos millonarios con el Gobierno de la Ciudad y la complicidad de éste con la falta de controles en la aplicación de protocolos por Covid-19.

Asimismo, reclamaron el tratamiento en la Legislatura porteña del pedido de informes presentado en 2020 por el legislador mandato cumplido Gabriel Solano (PO-FITU) sobre los vínculos de Murata con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y las denuncias en marcha.

“Desde la familia sostenemos que fue un asesinato premeditado lo que hicieron con mi papá y también con sus compañeros. Queremos que no vuelva a haber otra víctima laboral y también que se sumen con su denuncia si han vivido lo mismo que con Murata”. (Nidia y Vanesa Olmedo)

ACERCA DE MURATA S.A.

Murata es una de las tres principales agencias que emplean a la mayoría de los 150 mil vigiladores declarados en Argentina. Las otras dos son Comahue y Briefin. Esta empresa fue fundada por Guillermo Montenegro, exministro de Seguridad porteño que fue acusado por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno. Hoy es intendente de Mar del Plata.

En la actualidad, el dueño de la compañía es Roberto Raglewski, un ex comisario exonerado de la Policía Federal, que se desempeñó como jefe de Drogas Peligrosas y estuvo involucrado en presuntos robos consumados por personal a su cargo en dos operativos. Fue también jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, y, anteriormente, estando al frente de la Comisaría 45ª, había sido acusado de estar involucrado en dos casos de gatillo fácil.

Raglewski tiene como socio a Ignacio Cocca, actual director general de Seguridad Privada y Custodia de Bienes de la CABA.  

FUENTES: ANRED / NOTICIAS URBANAS