Andalgalá. COMUNICADO DE PRENSA del Movimiento de Profesionales para el Pueblo

Escrito por el 28 de mayo de 2010

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.-
Es Rodolfo Cecenarro, responsable de la represión del pasado 15 de febrero
Un juez de Andalgalá denuncia a un ambientalista
y criminaliza la protesta social

 El juez de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, denunció el pasado 26 a un integrante de la asamblea ambientalista El Algarrobo por supuestas “amenazas calificadas”. La fiscal Marta Nieva se hizo eco de la presentación inmediatamente, y convocó a otros testigos con el objetivo de reunir pruebas para la detención del “responsable”. ¿Qué sucedió realmente? El 25 de mayo cientos de vecinos participaron del “Acto de los Pueblos por la Emancipación” convocado por la Asamblea El Algarrobo y realizado por fuera del acto oficial de festejo por el Bicentenario. Al reconocer al juez cerca del lugar, un grupo se acercó y repudió pacíficamente la complicidad del magistrado con los intereses de las empresas mineras.
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“El 25 hicimos un acto paralelo al acto oficial, y algunos compañeros vieron pasar al juez muy cerca nuestro; avisaron al resto y fueron todos a manifestarse donde estaba” afirmó Sergio Martínez, integrante de El Algarrobo. El asambleísta agregó que “no hubo agresión física ni nada por el estilo, la gente está enojada y tiene derecho a oponerse a estos personajes”.      

Cecenarro es conocido en Andalgalá por ser uno de los responsables de la represión sufrida por los ambientalistas el pasado 15 de febrero, mientras se manifestaban en contra de las mineras Agua Rica y Alumbrera. Desde diciembre hasta hoy se han presentado más de 300 denuncias por abusos de autoridad contra Cecenarro, la fiscal Nieva y las fuerzas públicas.

Luego de la represión de febrero, una movilización de 5 mil personas –en una población total de 20 mil habitantes- exigió el cese de actividad contaminante de las mineras a cielo abierto y la liberación de los detenidos. Unas semanas después, el Consejo Deliberante aprobó la convocatoria a un “referéndum de carácter vinculante”, para que los ciudadanos se expresen a favor o en contra del proyecto minero de Agua Rica. Pero el 15 de marzo el intendente José Perea, del Frente para la Victoria, presentó ante la Corte un escrito para declarar inconstitucional la consulta pública. Finalmente la Corte se declaró competente y resolvió la suspensión del referéndum.

En ese contexto, Martínez asegura que la denuncia presentada por el juez “es un modo de dilatar y confundir, mientras socavan la sociedad con la entrega de planes sociales, no generando fuentes de trabajo, sometiendo y amenazando a la gente para que reine el miedo”.

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