Para el Gobierno de la Ciudad, 2.500 personas duermen en la calle – Organizaciones sociales afirman que son mas de 10 mil

A fines del año pasado, organizaciones sociales y de derechos humanos que abordan la problemática de las personas en situación de calle firmaron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, con la misión de conformar una mesa de trabajo para diseñar políticas públicas efectivas y desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual 2021. Según lo establece la porteña Ley 3.706, ese relevamiento tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de calle efectiva o en riesgo de quedar en la calle.

Sin embargo, después de algunos meses de consenso no hubo quórum entre ambas partes y el diálogo se rompió. Eso no impidió que, a mediados de mayo, el Gobierno de la Ciudad avanzara de manera unilateral con el relevamiento exprés –realizado en una noche– para identificar la cantidad de pobres sin techo que hay en territorio porteño. ¿Los argumentos? La falta de tiempo por la llegada del invierno, el inicio inminente del Operativo Frío y ciertas discrepancias con las metodologías que plantearon las organizaciones sociales, como por ejemplo, extender el censo durante varios días.

“Nunca fue su intención hacerlo de manera conjunta”, sostiene Horacio Ávila, de Proyecto 7, una de las organizaciones sociales que negoció con las autoridades porteñas. Dice: “Estratégicamente, utilizaron esto para frenar el censo popular y poder tomarse el tiempo para hacer el propio. Además fue tramposo y deshonesto, porque estábamos tratando de ponernos de acuerdo, había dos puntos cruciales: la cantidad de días y la posibilidad de reproducción de datos si se hacía de día y noche; y en el medio nos metieron una fecha de censo”. A bordo de móviles del BAP (Buenos Aires Presente) y con algunas intervenciones de a pie, el recorrido organizado por el Gobierno para el censo duró desde las 20 hasta las 6 de la madrugada.

Horacio no tiene dudas sobre las intenciones de fondo: “Es un acto político. Lo hicieron porque estamos dentro de un año electoral. Los censos populares del 2017 y 2019 tuvieron mucho impacto político en todos los medios masivos, eso les repercutió y este año quisieron evitarlo. Sumando la gente de los dispositivos, hablamos de 1.695 personas, hay que ver lo que le suman de calle real. Los números son políticos, pero para nosotros las personas no son números”.

“Hay 2.500 personas que están en esa situación, de las cuales 1.500 están en los centros de inclusión social”, afirmó la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, luego de que se dieran a conocer los datos del censo oficial a comienzos de junio. También expresó Migliore que “más del 85% de las personas en esta situación son hombres”, dejando entrever que no hay tantas familias en la calle, ni tampoco infancias que sufren la intemperie.

NÚMEROS POLÍTICOS

En la Ciudad, el desfase en cuanto a números entre ambos censos, popular y oficial, no es nuevo. En 2019, el censo popular –no hubo en 2020 por la pandemia– de las organizaciones sociales de base identificó a 7.251 personas viviendo en la calle, mientras que el Gobierno difundió números muy por debajo: 1.146 personas, sin tener en cuentas aquéllas que utilizaban los servicios disponibles en los dispositivos, algunos propios y otros bajo convenio con organizaciones de la asociación civil.

Lo dice bien claro la Ley 3.706: “Se consideran personas en situación de calle a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”.

Jorgelina Di Iorio, investigadora del CONICET y miembra de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, habla de la discusión que se da en torno a qué métodos son eficaces al momento de contar poblaciones “ocultas y fluctuantes”, y resalta el peso específico de los números.

“El total de las personas en situación de calle es una población de difícil acceso, por eso tanta controversia con el tipo de metodología –dice Jorgelina–. Sostenemos que hay distintos tipos de relevamientos o estudios que pretenden conocer la cantidad de personas que habitan el espacio público. El Gobierno de la Ciudad hace una foto, entonces, ¿cuál es la población que pretende contar? ¿Qué contás? ¿Cómo elegís hacerlo? ¿Con qué recursos? ¿Cuántos días y en qué franja horaria?”.

Para ella, “los números son construcciones” y “la metodología es política”. Argumenta: “La realidad es que no hay una única metodología para relevar. El problema es complejo y diverso. El mundo está discutiendo cómo se cuenta la gente. Después tenés una masa crítica de gente que está en riesgo de calle, a punto de ser desalojada, internada en salud mental y sin vivienda, que estuvo presa de su libertad y está por salir a la calle”.

Jorgelina da cuenta de los instrumentos que han incorporado las organizaciones sociales para achicar el margen de error al momento de realizar el censo popular: “Nuestros censos fueron de alto alcance, lo que se hizo es recorrer toda la Ciudad, no algunos puntos. Argumentan el riesgo de la duplicación de datos, pero nosotros implementamos mecanismos para reducir esa duplicación, como lo es establecer un código de identificación con varios dígitos que se construye y es personal. Es un código que se utiliza en otras poblaciones como recuerdo de información personal. No es inventado. Es poco probable la combinación exacta de esos números”.

También habla sobre la importancia de que las personas que llevan adelante el relevamiento conozcan el territorio, lo que se conoce como “validez ecológica”: “Recorren el mismo radio de cuadras, coordinados, con más de 400 recorridos. Saben por dónde pasaron y a quién contaron. Eso también reduce la duplicación. Nadie contesta dos veces la misma encuesta que es voluntaria. Plantearon que las organizaciones aumentaron el número, que el problema del censo popular era la duplicación, pero el problema del relevamiento que hace la Ciudad es el subregistro, yendo a algunas zonas y no a todos lados”.

“El Gobierno de la Ciudad arma las cifras acorde a años anteriores, pero lo que hacen es un muestreo, no un censo”, sentencia Claudia Enrich, de la asociación civil Ciudad Sin Techo. Y agrega: “Señalan bultos desde arriba de las camionetas. No es lo mismo que bajar, sentarte, charlar con la gente, tomarle los datos, ver su estado de salud. La cifra que difundieron no es real. Hoy te puedo hablar de que en CABA tenés 14 mil personas en situación de calle. El número oficial da cuenta del presupuesto que ellos van a dar para el año que viene. No nos va a alcanzar nunca para trabajar e intervenir en políticas públicas como se supone debe hacerse”.

DETRÁS DEL OPERATIVO FRÍO

Todos los años, sistemáticamente, de junio a agosto las camionetas del BAP recorren los barrios para asistir a personas en situación de calle –por medio de la Línea 108– y acercarles “una vianda caliente, frazadas, un kit de abrigo”, como explicó la ministra Migliore.

Pero, ¿qué hay detrás del Operativo Frío? ¿Qué hay detrás de los aumentos en los subsidios habitacionales a 13 mil pesos, que de poco sirven porque también aumentan los valores de las piezas en los hoteles? ¿Dónde van a parar las “ranchadas” que ya no están en Paseo Colón, en medio de la 9 de Julio, Once, Congreso y Retiro?

Horacio, de Proyecto 7, revela desde su conocimiento empírico: “Previo al censo, el Gobierno de la Ciudad ofreció subsidios habitacionales inmediatos, y además se llevaron a las ranchadas a los dispositivos. Lo hacen todos los años antes de que empiece el Operativo Frío. Hacen limpiezas –algunas represivas, por medio de Espacio Público– para que la geografía cambie completamente. Luego pasan los meses y las ranchadas se van reestableciendo paulatinamente. Hay indicadores de pobreza de casi el 50 por ciento en Argentina. Es lógico que haya crecido la situación de calle, al menos un 30 por ciento del número que teníamos en 2019”. De este razonamiento se desprende que el distrito más rico del país tiene no menos de 10 mil personas sin techo.

Para Jorgelina, lo que monta el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es “una ficción”. “El subsidio es una respuesta paliativa, no es una respuesta permanente a la falta de vivienda para un conjunto amplio de la población –opina–. Otorga un monto determinado por determinada cantidad de tiempo, por lo cual la persona tiene que buscar un lugar donde vivir”.

Fuente: Revista Citrica