Operativo “Tormenta Negra”

El Gobierno porteño desplegó un megaoperativo llamado “Tormenta Negra” en barrios populares de CABA. Más de 1.500 efectivos participaron del procedimiento, que terminó con 27 detenidos, el cierre de 4 búnkers narco y 25 comercios clausurados. El procedimiento se realizó de manera simultánea en barrios como el 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga y Rodrigo Bueno, entre otros. Durante tres horas hubo allanamientos, controles vehiculares, inspecciones comerciales y tareas de limpieza urbana.

En la madrugada, se produjo un operativo en Fuerte Apache, Ciudadela, tras una orden judicial para desarticular dos bandas narco que se disputaban el control del barrio. De esta otra intervención participaron cerca de 500 efectivos de la Policía Bonaerense, con helicópteros, retenes y controles vehiculares en todo el perímetro. Además, se realizaron 14 allanamientos simultáneos dentro del barrio y hubo detenidos.

Participaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y agentes de Tránsito.

Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.

Los legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires cuestionaron con dureza el denominado “Operativo Tormenta Negra” llevado adelante en distintos barrios populares de la Ciudad, al que definieron como una intervención fallida en términos de seguridad y sobreactuada desde lo comunicacional.

A través de un comunicado, el bloque planteó que lo ocurrido “fue, ante todo, una operación de prensa”, al sostener que el despliegue “en horario central” buscó transformar a los barrios populares “en un escenario propagandístico”.

En esa línea, remarcaron que el operativo implicó un uso desproporcionado de recursos sin correlato en resultados concretos. Según señalaron, se movilizaron más de 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 barrios, junto con numerosos patrulleros, vehículos y hasta un helicóptero sobrevolando determinadas zonas. “Un gasto desproporcionado y sin ningún objetivo”, afirmaron, al tiempo que indicaron que el saldo fue la detención de 27 personas, “en muchos casos al azar”.

Para los legisladores, el procedimiento resultó “absolutamente inconsistente con cualquier objetivo de política criminal serio”, y remarcaron que no hubo avances significativos contra estructuras delictivas complejas.

Desde el Cels dijeron que este tipo de intervenciones despliega sobre las personas que viven en villas y barrios populares prácticas de control estatal que serían impensables en otras zonas de la ciudad en las que también se cometen irregularidades y delitos de distinto tipo. La discrecionalidad policial, las requisas ilegales, los controles masivos y la ocupación territorial se aplican sobre comunidades enteras bajo la presunción de sospecha permanente. Se configuró una verdadera zona de excepción: el 14 de mayo hubo territorios donde las garantías se suspendieron de hecho y donde la ley se aplicó de manera selectiva, desde un patrón de desigualdad. Lo que en otros contextos requeriría orden judicial, controles estrictos y estándares de legalidad, aquí se desplegó sin límites claros. 

Las declaraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundizan esa orientación. Al afirmar que “venimos a estos barrios a buscar a los que se esconden acá, que vienen de provincia, de otras partes del país, de otros países”, construye un mensaje político clasista y racializado que construye a un otro cargado de peligrosidad frente a un “nosotros” legítimo. En los hechos, ese discurso habilita una lectura más cruda: odiemos a los villeros. Se trata de una ofensiva contra la existencia misma de modos de vida villero, informal e irregular, en el marco de un cálculo político que busca rédito electoral. La espectacularización preelectoral de estos operativos convierte a las personas en rehenes y su sufrimiento en parte de una escena de marketing político personalizado en Macri.

Las denuncias registradas durante el operativo muestran además el carácter violento de estas intervenciones. En el barrio Padre Carlos Múgica se denunció que efectivos policiales requisaron a dos niñas levantándoles la ropa frente a otras personas durante un control a trabajadores cartoneros. En la villa 21-24 organizaciones barriales denunciaron disparos con escopetas por parte de la Policía de la Ciudad y señalaron que una bala impactó muy cerca de un niño. También se reportaron decomisos de herramientas de trabajo de cartoneros y chatarreros, levantamiento con topadora de puestos ambulantes y remoción de espacios comunitarios utilizados para comer, dar apoyo escolar y realizar actividades sociales. 

El operativo policial impactó directamente sobre formas de subsistencia y sobre la vida cotidiana de las personas. Estos allanamientos se inscriben en una escalada del Gobierno de la Ciudad contra los sectores más pobres: personas en situación de calle, trabajadores de la economía popular, desalojados, migrantes, es decir, personas que viven en la Ciudad y que más están sintiendo el impacto del modelo económico. Crear zonas de exclusión de hecho no aporta en nada a la integración de la ciudad.