“Lo que hace la Corte Suprema es cristalizar en este fallo el desconocimiento de leyes que prohíben el patentamiento de semillas”

Entrevista a Carla Poth

El martes 5 de diciembre conversamos con Carla Poth, investigadora del Conicet – Doctora en Ciencias Sociales y Profesora de Ciencia Política, sobre el fallo de la Corte Suprema del 3 de octubre que redondea el accionar judicial facilitando los negocios a Bayer-Monsanto y abre la puerta al patentamiento de semillas.

En noviembre de 2020, el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº8 de la CABA, le reconoció a la empresa Bayer- Monsanto el derecho de patente sobre la secuencia genética reconocida como MON 89788. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) apeló el fallo, y en agosto de 2022, la Cámara de apelaciones lo ratificó. Una nueva apelación del INPI llevó la resolución a la Corte Suprema de la Nación. Finalmente, el 3 de octubre la Corte Suprema de la Nación desestimó la apelación del (INPI) ignorando también el requerimiento de la sociedad civil de ser consultada a través del amicus curiae, presentado en agosto de este año.

El recorrido judicial en torno a esta secuencia genética confirma el alineamiento de la mayoría de jueces, juezas, fiscales en favor del modelo agroindustrial, que también exhiben toda vez que poblaciones afectadas por dicho modelo recurren a la justicia para imponer límites. En este caso, la oposición viene de un organismo oficial, el INPI, pero el resultado es similar.  En esta entrevista la Dra. Poth detalla las irregularidades en las que se incurre en un proceso que la Corte Suprema termina convalidando y sumando la grosería de no aceptar la participación de la sociedad civil a través del amicus curiae.

“La justicia avaló el pedido de las corporaciones y el INPI, que tiene como objetivo resguardar la legalidad de lo que ocurre en el país, apela estos fallos sosteniendo que en todas las instancias la justicia lo que hizo fue ignorar la legislación existente”, explicó Poth y agregó que “de alguna manera, lo que muestra este fallo es el nivel de impunidad con el que se mueven las grandes corporaciones al momento de buscar un resguardo a sus ganancia, teniendo a todos los niveles de la justicia, el fallo en primera instancia, el de la Cámara de Apelaciones y finalmente el de la Corte, a merced de sus necesidades y sus intereses.”

Respecto a la razón esgrimida por la Corte para su fallo, Carla Poth señaló que “Eso es otra de las cosas que resulta completamente escandalosas. Lo que hizo en este caso particular la Corte Suprema fue apelar a una resolución administrativa que le permite eximirse de dar cualquier tipo de explicación respecto de por qué falla. Y no sólo eso, sino que además ese artículo, el 280 del Código Pocesal Civil y Comercial, dice que se rechazan las apelaciones porque consideran que el tema es insustancial o carente de trascendencia. Ahora, si ese tema no fuera trascendente o sustancial ¿por qué más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil habrían pedido la participación?

De acuerdo a lo expresado por Poth, se está evaluando la posibilidad de pensar alguna medida penal  “porque acá los jueces están fallando de una manera ilegal. Acá tenemos jueces, o sea personas, que fallaron de manera ilegal. Hay un montón de situaciones que nos muestran que tenemos que empezar a avanzar para el apercibimiento de jueces que dejan mucho que desear respecto de la justicia”