La pedagogía del miedo: el riesgo de criminalizar a quienes denuncian violencia

El Senado de la Nación avanza con un proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias, y podría tratarse en el recinto en los próximos días. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas advierten que esta iniciativa, lejos de resolver un problema real, busca disciplinar a las mujeres y las infancias, instalando una «pedagogía del miedo» con una decisión consciente de obstruir el acceso a la justicia. 

La preocupación se instaló en diversos sectores. Organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en derechos humanos, género y acceso a la justicia presentaron un documento conjunto en el que analizan las implicancias de este proyecto y advierten sobre sus posibles efectos. Además, el pasado martes 21 de abril, en el Anexo del Senado de la Nación se realizó el conversatorio «Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia», donde manifestaron que esta iniciativa funciona como una herramienta de disciplinamiento político y que el agravamiento de penas opera como una “extorsión procesal” para las víctimas.

El proyecto: penas más altas para denuncias falsas 

La senadora Carolina Losada (UCR), impulsa el Proyecto de Ley S-0228/2025 que propone reformar el Código Penal de los arts. 245 (Capítulo II Falsa Denuncia), 275 (Capítulo XII Falso testimonio) y 277 incs. 3 y 4 (Capítulo XIII Encubrimiento). Este proyecto obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. 

El eje central es la modificación del Código Penal para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión específicamente cuando se determine la existencia de denuncias falsas vinculadas a situaciones de violencia de género, abuso sexual o que involucren a menores de edad. 

Patricia Sotile, abogada feminista e integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advierte que el proyecto genera una situación de desamparo extrema. En diálogo con el programa “Voces desde la Paternal” de Radio La Colectiva, Sotile explicó:

«El proyecto parece querer dar respuesta a una problemática… pero en vez de dar una respuesta adecuada, genera otros [problemas], agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un grupo de mujeres, niños, niñas y adolescentes que quieren acceder a la justicia».

Para Sotile, un punto crítico es la criminalización de quienes tienen el deber legal de proteger a las infancias, como docentes, médicos y peritos. La abogada señala una contradicción flagrante con la Ley Lucio, que obliga a denunciar cualquier indicio de violencia:

«Les decimos: tenés el deber de denunciar. Pero si no podés demostrar lo que estás denunciando, tenés la posibilidad de sufrir la amenaza penal… Se está generando un temor en quienes tienen que proteger a las infancias«.

El resurgir del negacionismo

Para las organizaciones que trabajan en la prevención del abuso sexual en las infancias, este proyecto representa un retroceso de décadas. Mel Suárez, integrante del colectivo “Yo sí te creo”, advierte sobre el trasfondo ideológico de la propuesta:

«Este proyecto de ley busca retroceder en la lucha que venimos dando en materia de visibilización… Estamos viendo un resurgir de ciertos sectores que garantizan la impunidad y el negacionismo«.

Suárez señala que la sociedad argentina ha negado históricamente el abuso sexual infantil debido a una mirada adultocéntrica que ve a niños y niñas como objetos y no como sujetos de derecho. Según la referente, el argumento de la «avalancha de denuncias falsas» es una falacia: «Las denuncias falsas son prácticamente inexistentes; lo que sostenemos es que faltan denuncias«.

Datos vs. Relato: La «epidemia» que no existe

Frente a la narrativa oficial de una supuesta «epidemia de falsas denuncias», las estadísticas oficiales cuentan una historia muy diferente. Según datos de la Dirección Nacional de Reincidencia analizados por INECIP, en 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias en Argentina; de ellas, sólo 60 casos fueron por falsa denuncia o falso testimonio, lo que representa apenas el 0,25% del total.

En contraste, el verdadero problema es la falta de denuncias. Las fuentes revelan una realidad alarmante:

• Solo 1 de cada 4 mujeres en situación de violencia busca ayuda o denuncia el hecho.
• En casos de abuso sexual, solo el 10% de las víctimas llega a la justicia.
• Las denuncias falsas en casos de violencia de género representan menos del 1% a nivel mundial, según ONU Mujeres.

La trampa del acceso a la justicia

Este proyecto de ley ignora las múltiples barreras que ya enfrentan las víctimas, como la falta de patrocinio gratuito, el sesgo de género de los jueces y las dilaciones judiciales que pueden durar décadas. Además, esto se suma al desmantelamiento de políticas públicas de prevención y atención a la violencia de género. El Programa Acompañar, clave para la autonomía económica de las víctimas, sufrió recortes severos, reduciendo su cobertura de 6 a 3 meses y exigiendo una denuncia previa que ahora podría volverse un arma penal contra la propia denunciante.

La situación de las madres que denuncian y acompañan a sus hijos/as víctimas de violencias es desesperante. El sistema ya cuenta con herramientas para perseguirlas, como la ley de impedimento de contacto, y este nuevo proyecto de ley funcionaría como el golpe final.

Daniela Dosso, referente de la lucha de las Madres Protectoras, denuncia que la impunidad para los agresores ya es la norma y que este proyecto solo busca profundizarla. En su intervención en el Senado, Dosso fue tajante sobre las consecuencias materiales de esta reforma: «Las madres protectoras ya estamos criminalizadas y denunciadas… Si este proyecto sale, nosotras vamos presas y nuestros hijos e hijas son devueltos a la sala de tortura«.

Dosso señala que lo que el poder político llama «falsas denuncias» es, en realidad, encubrimiento judicial construido mediante pericias sesgadas y conceptos relacionados al inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP). La referente puso como ejemplo el caso Viasotti, donde la justicia —a través de figuras como el juez Ferro y peritos cuestionados— logró construir impunidad sobre un relato de abuso.

Por ahora, el proyecto espera su tratamiento en el recinto, mientras organismos internacionales como la CEDAW ya han instado al Estado argentino a retirarlo por su carácter regresivo. En este escenario, la responsabilidad del Senado es clara: elegir entre un punitivismo que protege a los agresores o una justicia que, de una vez por todas, les crea a las víctimas.