“Estamos acá por el déficit habitacional”: Vecinas y vecinos de La Carbonilla exigen urbanización frente a la violencia de la Ciudad

El martes 11 de agosto, el barrio de La Carbonilla en La Paternal, fue escenario de un megaoperativo policial comandado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Esta fue la tercera incursión de la Policía de la Ciudad dentro del barrio, bajo el lema “Ley y Orden”, que esconde violencia y crueldad.

Detrás de las publicaciones oficiales que celebraban la clausura de búnkeres de acopio ilegal y comercios, los vecinos denuncian atropellos, desinformación y una alarmante ausencia de planificación frente a la crisis habitacional que atraviesa el barrio.

“Vino para la foto”, relató Joaquina, coordinadora de La Carbonilla. El despliegue contó con unos 300 efectivos policiales de diversas fuerzas, drones y cámaras, en una puesta en escena que duró apenas unos minutos. “Estuvo un rato, para la foto y se fue. Había un control en la entrada del barrio, estuvo ahí monitoreando, bajó, hizo 60 metros, saludó con los policías y se fue”, detalló.

La principal crítica de la referente comunitaria apunta a las falsedades difundidas desde las redes gubernamentales. Mientras los anuncios oficiales festejaban el desmantelamiento de dos corralones ilegales que abastecían a la villa y un local de celulares, Joaquina desmiente estas versiones: “Ayer vi en un diario que clausuró un local de celulares; no existe tal local acá”. Y agregó que los corralones clausurados no se encuentran dentro del barrio: “Los dos corralones están afuera del barrio y no son ilegales… tienen muchísimos trabajadores en blanco que ahora están sin trabajo”. Se trata de los comercios tradicionales Rabe y Tresiones, ubicados sobre la calle Añasco hace más de 30 años.

El testimonio más doloroso se centra en la destrucción de la vivienda de un cartonero de la cooperativa local. De acuerdo con la denuncia, las fuerzas de seguridad ingresaron de forma violenta, sin orden judicial ni dejar actas en el momento. “Entraron en la casa de un cartonero, cortaron el portón. No estaba el señor y le rompieron todo. Le rompieron el baño, una casita que tenía, una cocina… se quedó sin casa, sin carro, sin nada de su laburo”, narró Joaquina.

Las actas aparecieron recién horas más tarde, “tiradas en el portón”, luego de la intervención de una abogada del Ministerio Público de la Defensa.

La propia Joaquina sufrió el avance policial cuando cortaron el alero de chapa de su vivienda: “Realmente ese día me sentí delincuente, porque es lo que nos hace sentir. Te rodean con 100 policías, drones, cámaras”.

Este violento operativo se enmarca en una nueva política del Gobierno porteño que prohíbe el ingreso de materiales de construcción a los barrios populares, oficializada en el Boletín Oficial apenas un día antes del procedimiento. Una medida que profundiza la precariedad de un barrio que pasó de albergar a 4.000 personas en el censo de 2022 a unas 5.000 o 6.000 en la actualidad.

“Nosotros estamos acá por el déficit habitacional. No es que queremos vivir gratis… el 99,9% de los habitantes estamos dispuestos a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar los impuestos; a vivir dignamente”, expresó Joaquina.

Frente a la hostilidad estatal, que busca sembrar “miedo” especialmente entre la población migrante a través de causas contravencionales, los vecinos impulsan un proyecto de urbanización con estado parlamentario en la Legislatura porteña.

“Yo en lo personal veo solamente una solución para nosotros teniendo un proyecto de ley aprobado”, concluyó Joaquina.

Entrevista Completa a la Coordinadora de La Carbonilla

(Foto de portada tomada de LN)