Entrevista a Enrique Viana, fiscal uruguayo.

“Ciudadanos: hacernos respetables es la garantía indestructible de vuestros afanes para conservar la libertad. Sean los pueblos libres, decidan de su suerte y cualquiera que sea su resolución, nadie se atreverá de nuevo a violar”. José Artigas
El fiscal uruguayo Enrique Viana cita esta frase de Artigas hacia el final de un escrito recientemente presentado ante la suprema corte de justicia de su país. La cita  pone un broche a una presentación que cuestiona por lo menos los tres últimos gobiernos uruguayos, en tanto han firmado o convalidado convenios con empresas privadas y otras naciones donde se resigna la soberanía.
En la mañana del primero de octubre de 2010 nos comunicamos con Enrique Viana, para consultarle sobre este escrito en el que la fiscalía presenta una cuestión de inconstitucionalidad del tratado firmado con Finlandia en relación a la Pastera Botnia-UPM. Viana repasa en esta entrevista todas las alertas plantadas oportunamente y proyecta esa sombra sobre los coqueteos y propuestas a futuro de varias multinacionales de la contaminación. Además, el fiscal solicita el desmantelamiento de la planta.

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La Colectiva – De alguna manera nos ha sorprendido una medida de un fiscal de Estado que, denuncia, ¿esa sería la expresión?…
Enrique Viana – En realidad aquí lo que hay es lo siguiente: yo había iniciado en su momento, en el 2003 un proceso con relación a la primera empresa de celulosa que se quiso instalar, que fue la de ENCE, allá también en Fray Bentos. Luego en 2005 yo inicié un proceso también con respecto a Botnia, que se mantiene hasta el día de hoy, ese proceso abierto. Estábamos en una etapa probatoria ahora. Y bueno, en ocasión de estar en ese proceso yo presento lo que se denomina una excepción de inconstitucionalidad. Todos asuntos planteados ante la justicia civil acá en Montevideo. Esa excepción de inconstitucionalidad lo que busca es atacar dos acuerdos que se suscribió el Uruguay, que ratificó el Uruguay. Uno referido a lo que se conoce popularmente como la convención del CIADI (*),  mecanismos de solución de controversias cuando se trata de inversiones extranjeras. El otro, una ley del año 2004 por la cual se ratificó el tratado bilateral de inversiones con Finlandia. Lo que hace ahora la fiscalía, en el transcurso del proceso, en el propio proceso judicial que había iniciado contra el Ministerio del medio ambiente, en realidad, por el asunto de Botnia y donde Botnia es parte también en el proceso, ahí plantea un mecanismo de inconstitucionalidad, una de las vías de inconstitucionalidad que están previstas en el derecho uruguayo y eso supone la suspensión del proceso y que previamente se deba resolver esa cuestión de inconstitucionalidad (…) esa es un poco la situación concreta.
LC – Claro, la inconstitucionalidad entonces, básicamente dada por este mecanismo de resignar o renunciar a la soberanía como Estado para resolver dentro del país en las cortes naturales, digamos.
EV – Exactamente, esa es la idea. De alguna manera de la combinación de esos dos mecanismos queda a merced de la inversión extranjera, a su discreción, cosa que el Estado no tiene. El Estado no tiene esa posibilidad de ir a los mecanismos del CIADI, no existe esa posibilidad. Los mecanismos del CIADI son mecanismos que están a favor, digamos, establecidos solamente por iniciativa del inversor privado y sólo para el inversor privado. Y bueno, eso supone, justamente lo que Ud. decía, la fiscalía entiende que supone una pérdida de soberanía, una sesión de soberanía en función de que en primer lugar se desplaza, se prorroga la competencia de los tribunales nacionales a discreción de la inversión privada que puede plantear esos conflictos ante esos organismos. Al mismo tiempo eso supone un desplazamiento, de la no aplicación del derecho nacional porque en la medida que eso ocurre, lo que el CIADI va a aplicar va a ser lo que se conoce internacionalmente como la Lex Marcatorum que es una suerte de compendio de decisiones a nivel de derecho mercantil que ellos aplican que no tienen en consideración, primero los derechos nacionales y tampoco tienen en consideración todas aquellas cuestiones que hagan a la defensa de derechos humanos y menos aún de temas de derecho ambiental o de protección ambiental.
LC – Mm., claro, claro
EV – Con eso, la fiscalía sostiene que también se viola el principio de igualdad porque se crea notoriamente un estatuto de excepción, un estatuto privilegiado para ese tipo de sujetos privados, de personas privadas y bueno, se altera el mismo concepto de república que está establecido en la constitución de la república. Todas esas cuestiones, porqué se plantean en este momento y pudieron haberse planteado con anterioridad…en realidad el Uruguay hoy está sufriendo el anuncio y aparentemente un juicio ante el CIADI por una cuestión vinculada a la transnacional Phillip Morris que intenta modificar algunas disposiciones del poder ejecutivo en materia de protección contra el tabaco (**)
LC – Si, si. Estamos al tanto. La ruptura de la marca le molesta.
EV – Ahí, está. Eso hizo muy evidente la situación. Porque lo que está utilizando  Phillip Morris son el mismo tipo de convenios internacionales, un tratado con el CIADI y en este caso un tratado con Suiza. Eso hizo muy patente, muy evidente, algo que mi fiscalía ya había dicho. En 2005 mi fiscalía ya había dicho que el Estado estaba ubicado en una posición de socio de la inversión privada y en la medida que se colocaba en una posición de socio era inconfiable su gestión de todo punto de vista ambiental. Ya fuera para evaluar los impactos ambientales que Botnia podía ocasionar en aquel momento cuando se anunciaba su instalación o para controlar su desempeño, como está ocurriendo ahora. Bueno, esa situación de socio, de alguna manera, se ve muy patente en ocasión de esto de Phillip Morris. Lo que sucede es que todos estos mecanismos operan a veces silenciosamente, como se ha hablado respecto a esto de Phillip Morris, como una presión chantajista. Eso ha dicho el ex presidente Vázquez al referirse a Phillip Morris. Yo creo que esa misma situación, muchas veces con la anuencia o no de las autoridades pública, esa misma situación se da en relación a Botnia. Es imposible controlar a Botnia o evaluar a Botnia o controlar el desempeño de Botnia desde el punto de vista ambiental, cuando Botnia tiene, como se dice también aquí, el sartén por el mango…
LC – Yo me lo guiso yo me lo como, como aparentemente Ud. mismo pone en el escrito.
EV – Esa es una expresión del presidente Mujica. En un momento y descartando la hipótesis que en algún momento en Uruguay se manejó en el período anterior, sobre todo en el autocontrol. En algún momento se dijo que Botnia era tan buena que no había que preocuparse por Botnia porque Botnia se auto controlaba. Trajimos incluso técnicos finlandeses para que nos dijeran como teníamos que controlar a Botnia. Parecía un contrasentido. De alguna manera esa frase, dicha hace pocos días refleja lo que la fiscalía ya había planteado en su momento de que el Estado no podía ser juez y parte en una situación.
LC – Esto atraviesa por lo menos tres gobiernos ya. El firmante, que sería el gobierno de Jorge Batlle, ¿es así? …
EV – Exacto. La autorización ambiental se da y si la memoria no me falla, un 18 de febrero de 2005, cuando el cambio de gobierno se producía ese primero de marzo. Menos de 10 días antes de que se produjera un cambio de gobierno. Pero la aprobación del tratado con Finlandia ocurrió a mediados de 2004. Pero la cosa ya venía de antes. Lo que nos hemos venido a enterar los uruguayos es que, obviamente, había todo una preparación del terreno que venía de mucho tiempo atrás en relación con la instalación, ya no con la industria de la celulosa en general, porque eso podía ubicarse en cuanto sale la ley forestal en el año ´89. Incluso hay versiones que hablan que ya en el año ´76 había una consultora japonesa y había localizado a Fray Bentos como un lugar posible para instalar algún emprendimiento de estas características. O sea que, fíjese Ud., todo el tiempo atrás que se venía programando y que bueno, vamos a ser sinceros, los uruguayos nos vinimos a enterar del problema recién después del 2002-2003.
LC – Si, si. Incluso de los llamados bosques, que no son otra cosa que mono cultivos de eucaliptos, también nos enteramos del problema después que nos pintaron un bosque.
EV – Cuando se discutía la ley forestal del ´89, que fue la que permitió ese tipo de desarrollo, allí se hablaba de madera para la construcción de muebles y de casas y de otro tipo de cosas. O sea que ni siquiera en las discusiones parlamentarias se habló de celulosa. Pero indudablemente había gente que sabía que era para la producción de celulosa. Muy pocos. Los más lo ignorábamos absolutamente ni teníamos idea de lo que significaba la industria de la celulosa, como creo que hasta hace muy poco no la teníamos tampoco.
LC – Claro, seguimos en la ignorancia. Yo señalaba esto de por lo menos los últimos tres ejercicios de presidencia porque no parece que hubiera una voluntad política de desmantelar. Porque todo esto que Ud. está reflejando en sus escritos y lo que Ud. está comentando, podría perfectamente haber sido esgrimido por Vázquez para renunciar a esa firma del acuerdo con Finlandia y del acuerdo particular con Botnia. No lo hizo. ¿Hay alguna posibilidad de que se desmantele Botnia, real?
EV – No. Obviamente uno tiene que estar con los pies sobre la tierra. Lo que sucede es que, de alguna manera, para bien o para mal, nos hemos venido enterando de diversas situaciones y de cómo operan diversos mecanismos. Y sobre todo hemos visto en los hechos como funcionan, porque a veces, en la teoría, si Ud. los pensaba en el 2003-2004 podían aún tener alguna duda, si en efecto la teoría reflejaba en la práctica las conductas de estas empresas y de las personas. Lamentablemente eso se ha visto. Lo que si yo pienso es que nosotros estamos empezando a sufrir algunas de las consecuencias de haber optado por este tipo de inversiones. En materia de forestación se están viendo ya los importantes daños, en especial la pérdida de agua superficial en función de los lugares donde está forestado, por decir un ejemplo de daño ya comprobado. Entonces, la intención de continuar este proceso es justamente esa, es dejar documentado, de alguna manera, que se fueron advirtiendo los distintos problemas y que bueno, las conductas de cada uno las juzgará, digamos, el futuro como se dice habitualmente, un poco con una frase un poco manida que a mi no me gusta usar pero…los que nos van a juzgar son los que vienen después que nosotros, las famosas generaciones futuras. Y además hay que pensar que existen y ha habido distintos coqueteos en ese sentido o intereses pronunciados de otras industrias de celulosa que se pretenden instalar en el país. Entonces, de alguna manera, es advertir que los errores que se han cometido en relación a este emprendimiento no se vuelvan a cometer. O tratar de hacer esa advertencia.
LC – Muchísimas gracias, ¿no se si quiere agregar algo más?
EV – No, no. Nada más. Simplemente lo que siempre digo, en el caso de un fiscal esto es simplemente el cumplimiento de un deber. No es otra cosa que eso.
LC – Muchísimas gracias Viana
EV – Por favor, a la orden. Buenos días

(*)  Centro Internacional den Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones,  institución del Banco Mundial con sede en Washintong)  
(**)  El 19 de febrero pasado, la multinacional Philip Morris International inició una demanda internacional contra el Estado uruguayo. La tabacalera reclama se la repare por varias medidas del gobierno  del presidente Tabaré Vázquez. Básicamente la tabacalera está escandalizada porque las leyendas e imágenes antitabaco que se estampan al frente y al dorso de las cajillas de cigarrillos producen la ruptura de la marca de su propiedad.