Entre el vaciamiento y la privatización: la amenaza sobre el reciclado inclusivo en la Cooperativa El Álamo

 

Un pliego licitatorio impulsado por el Gobierno de la Ciudad pone en riesgo la continuidad de 7.000 trabajadores cartoneros y busca reemplazar dos décadas de reciclado inclusivo por un esquema privatizado. Desde la planta de Villa Pueyrredón, los referentes de El Álamo denuncian desinversión en maquinaria, denigración institucional y un plan deliberado de aislamiento social.

El sistema de reciclado con inclusión social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más críticos. La gestión del Gobierno porteño impulsa un nuevo pliego de condiciones para la recolección de residuos que, según denuncian las organizaciones de recuperadores urbanos, apunta a avanzar hacia un esquema privatizado. La iniciativa reduce drásticamente las zonas de trabajo, elimina la exclusividad del servicio para las cooperativas y pone en riesgo la fuente laboral de unos 7.000 trabajadores y trabajadoras.

El nuevo modelo prioriza la participación de empresas privadas vinculadas al entierro y la incineración de residuos en el CEAMSE, en lugar de profundizar las políticas de recuperación y reciclado. Las organizaciones del sector sostienen que esta orientación entra en tensión con la Ley 992 de Reciclado Inclusivo —que continúa vigente y reconoce los derechos de cartoneros y cartoneras— y con los objetivos establecidos por la Ley de Basura Cero.

En este contexto, la movilización de los trabajadores y las organizaciones sociales logró establecer un primer freno al avance del proceso. Una marcha masiva de cerca de 5.000 personas en la zona de Once consiguió detener temporalmente el desmantelamiento del sistema y forzó una prórroga de tres meses, con la posibilidad de extenderla por otros tres meses, en las concesiones. Sin embargo, la incertidumbre continúa en los centros verdes y cooperativas, a la espera de la definición de los acuerdos definitivos.

La crisis de infraestructura, la realidad operativa y el costo de la privatización

La Colectiva Radio visitó la sede de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Álamo, ubicada en Av. Constituyentes 6200, donde dialogó con el referente Jonathan Serrano. Desde la planta, el trabajador describió las dificultades operativas que atraviesa diariamente la cooperativa y cuestionó la falta de inversión estatal en una infraestructura que, según explicó, pertenece al propio Gobierno de la Ciudad.

El Álamo cuenta con alrededor de 200 trabajadores y, pese a ser considerada una cooperativa pequeña dentro del sistema, logra recolectar y procesar más de 400 toneladas de materiales reciclables por mes. Serrano denunció que el Gobierno porteño decidió congelar la inversión destinada al mantenimiento del equipamiento existente y advirtió sobre las consecuencias que esto tiene para el funcionamiento cotidiano:

«Para el gobierno hoy lo que pagan es nada. Hoy lo que invierte en el sistema no es nada para todo lo que libera de un entierro sanitario de enterrar en CEAMSE . Estamos hablando de que nosotros esta cooperativa, siendo tan chica, junta y recicla más de 400 toneladas al mes…Pero a pesar de esto, el gobierno de la ciudad ya dejo bien claro que no va a poner un peso. Para que se den una idea, ese camión verde que usted me acaba de mencionar, es del gobierno de la ciudad, como todo lo que está acá, la cinta, la enfardadora, todo es del gobierno la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se rompe algo, lo que sea, no van a invertir un peso.»

La falta de mantenimiento preventivo y de repuestos también repercute sobre la flota vehicular. El deterioro de los camiones, sostienen desde la cooperativa, afecta directamente la capacidad de prestación del servicio y termina teniendo consecuencias sobre los vecinos de las zonas donde trabajan los recuperadores urbanos.

«Los camiones hoy están totalmente destruidos. En la flota hoy tenés 20 para 12 cooperativos y si se siguen rompiendo vas a tener 10 y se van a tener que matar por esos 10 camiones. El servicio no va a estar mejor de esta manera. El sistema se está cayendo porque el gobierno no quiere invertir en esos camiones que están rotos.»

Dentro de El Álamo, entre el 30% y el 40% de los asociados realiza tareas de recolección domiciliaria en la vía pública, mientras que aproximadamente un 10% se encuentra abocado a la logística. El porcentaje restante se distribuye en dos turnos dentro de la planta.

El circuito comienza con el ingreso de cada camión al centro verde. Allí, el material es pesado bolsón por bolsón y el tonelaje queda asociado al número de socio correspondiente al trabajador. Luego, los residuos recuperados son derivados a distintos sectores de acopio para comenzar el proceso de clasificación y posterior comercialización.

Desde la cooperativa también cuestionan el argumento económico utilizado para avanzar hacia la privatización. Serrano sostuvo que el reemplazo del sistema cooperativo por empresas privadas podría terminar representando un costo mayor para el conjunto de la sociedad, debido a los contratos millonarios que recibirían esas compañías y a las inversiones mínimas de reacondicionamiento que, según denuncian los trabajadores, serían necesarias para poner en funcionamiento la estructura existente.

Maltrato institucional, memoria colectiva y la convocatoria a la Audiencia Pública

El conflicto no se limita al deterioro de la infraestructura. Jonathan Serrano también describió el desgaste que atraviesan los representantes de las cooperativas durante las mesas de negociación con funcionarios y autoridades porteñas.

De cara a la Audiencia Pública prevista para el 5 de octubre, el referente planteó un escenario de incertidumbre y cuestionó el trato recibido por los trabajadores en los espacios institucionales donde se discute el futuro del sistema:

«La expectativa. La realidad es que hoy nada es positivo porque la verdad cada vez que vamos con las mejores intenciones nos vamos con las peores intenciones como respuesta. Vamos con un plan de poder sostener nuestro trabajo con dialogo y te encontrar de otro lado que todo el tiempo te tratan de denigrar tu trabajo, denigrar tu persona, denigrar a los compañeros.»

A pesar de las diferencias con las autoridades y del malestar expresado por los trabajadores, Serrano destacó la unidad entre las 12 cooperativas que integran el sistema porteño. Según explicó, la discusión no se limita a la defensa de los puestos de trabajo de cada organización, sino que se plantea como una disputa por la continuidad de un modelo de gestión de residuos con inclusión social:

«No es que cada cooperativa está peleando por lo suyo, estamos todas las cooperativas peleando por todos y luchando por todos, porque es el bien común de todos, es el bien común de la sociedad.»

Con casi dos décadas de trayectoria dentro de la organización, Serrano también apeló a la memoria colectiva de quienes participaron de la construcción del sistema y ya no están. En ese recorrido recordó especialmente a ‘Pitu’ y a otros compañeros fallecidos, al tiempo que describió la incertidumbre que atraviesan actualmente las familias vinculadas a la actividad:

«Yo tengo casi 20 años en esta cooperativa, donde viví mucho, donde perdí gente que quería, entre ellas todos recordamos a Pitu y otros compañeros que ya no estan. Toda la lucha que hicimos estos años, todo lo que hemos llorado de alegría y de tristeza por gente que hemos perdido, pero logramos muchísimo. Respecto a lo que viene es pura incertidumbre, lamentablemente no es bueno… pero lo que espera la cooperativa es el apoyo de la audiencia, el apoyo del vecino”.

Estructura salarial, desconfianza y la eliminación de los Puntos Verdes

La Cooperativa El Álamo reúne de manera directa a cerca de 200 trabajadores y trabajadoras. El esquema de ingresos de los recuperadores urbanos se compone de dos fuentes principales: un ingreso básico otorgado por el Estado porteño y el monto generado a partir de la comercialización de los materiales recuperados, entre ellos plástico, nylon, cartón y metales.

En las últimas semanas, los trabajadores manifiestan un creciente nivel de desconfianza hacia las autoridades, producto de lo que describen como una política de ninguneo y maltrato estatal. Si bien se alcanzó una prórroga de tres meses, con la posibilidad de extenderla por otros tres, las cooperativas reclamaron una nueva instancia de reunión para ratificar el acuerdo mediante una firma formal que garantice el pago de los haberes antes del vencimiento del plazo.

A este escenario se suma la denuncia por el desmantelamiento de distintos Puntos Verdes ubicados en el área de influencia de la cooperativa. Entre ellos se encuentra el espacio situado en la Plaza Aristóbulo del Valle.

Para los trabajadores, estos puntos no cumplen únicamente una función vinculada al acopio y recepción de materiales reciclables. También constituyen espacios de encuentro y comunicación directa entre los vecinos y los cartoneros, por lo que su eliminación es interpretada por las organizaciones como una medida que contribuye al aislamiento y la invisibilización de quienes desarrollan la tarea de recuperación urbana.

El debate sobre el futuro del reciclado inclusivo, además, excede la discusión estrictamente económica. Para las familias ubicadas en los sectores más vulnerables de la estructura social, la cooperativa constituye un espacio de contención, descanso e higiene, pero también una herramienta para organizar los tiempos laborales y construir un proyecto de vida.

Desde las organizaciones sostienen que el trabajo cooperativo permitió durante años que jóvenes y adultos evitaran quedar expuestos a circuitos de extrema marginalidad, entre ellos el narcotráfico («soldaditos de tranza»), las redes de prostitución o el ingreso al sistema penitenciario.

En ese sentido, la erradicación de las formas de recolección informal e insalubre fue presentada históricamente por los trabajadores como una conquista vinculada a la inclusión social. Hoy, ese modelo vuelve a quedar en el centro de la discusión frente al avance del nuevo esquema de recolección y la posibilidad de una mayor participación de empresas privadas.

Convocatoria a la acción comunitaria

Frente al avance del pliego licitatorio, la Cooperativa El Álamo y el conjunto de los recuperadores urbanos convocan a la ciudadanía a participar en la discusión sobre el futuro del sistema de reciclado y a acompañar las acciones impulsadas en defensa del ambiente y del trabajo de los cartoneros.

Una de las principales instancias será la Audiencia Pública convocada para el 5 de octubre, cuya inscripción, según informan los trabajadores, permanecerá abierta hasta el 29 de septiembre.

Además, este sábado se realizará una jornada de radio abierta de 10:00 a 12:00 en el Centro Verde Saavedra, ubicado en Arias 4383. La actividad busca acercar a los vecinos la situación que atraviesan las cooperativas y poner en debate el impacto que podría tener el nuevo esquema sobre el reciclado inclusivo en la Ciudad.

Finalmente, los trabajadores convocan a acompañar la junta de firmas y a seguir las novedades y actividades a través de los canales institucionales de la Cooperativa El Álamo en Instagram (@cooperativaelalamo) y Facebook (Cooperativa del Álamo).

Audios de Jonathan Serrano

(Fotografías de portada e internas tomadas por La Colectiva Radio)