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Panorama Colectivo – 05-09-2009

Escrito por el 5 de septiembre de 2009

Política
Represión y desalojo, una respuesta repetida
Con la misma lógica de ayer

Derechos Humanos
“Ellas no pueden esperar más”

Recursos Naturales
Larga Espera

Internacionales
Chile: justicia ordena detención y procesamiento masivo de 129 represores     

 
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Política
Represión y desalojo, una respuesta repetida

En el marco del quinto congreso latinoamericano de ciudades y gobiernos locales (que reúne alrededor de 3.000 intendentes, alcaldes y legisladores del continente, junto a embajadores, funcionarios, empresarios y periodistas), y sabiendo que formaría parte de la inauguración la presidenta Cristina Fernández, distintas organizaciones sociales realizaron el pasado miércoles una movilización para denunciar la situación de pobreza, hambre y desocupación en la Ciudad de Mar del Plata.
Encabezados por una bandera que decía “Con hambre y represión no hay democracia”, integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez, Nueva Esperanza, Barrios Unidos En Lucha y agrupaciones estudiantiles marcharon hasta el NH Gran Hotel Provincial, donde se llevara adelante la Cumbre.
Todo se desarrolló normalmente hasta el momento de la desconcentración. Efectivos de la policía les hicieron cambiar de rumbo en dos oportunidades, hasta que finalmente indicaron que debían retirarse por la calle 25 de Mayo. Pero al llegar a la intersección con San Luis, un grupo de policías les impidió pasar. Empezaron así algunos forcejeos que terminaron en disparos con balas de goma y fuertes golpes por parte de los uniformados.
El resultado fue más de diez personas heridas (entre ellas una embarazada) y tres encarcelados.
Según relató a Red Eco Luciano Lupi, del Movimiento Teresa Rodríguez, de los detenidos, uno de ellos estaba internado en un hospital a causa de las graves heridas en una pierna producto de los disparos. Hasta allí se acercaron los efectivos para informarle sobre su detención, por lo que el herido siguió internado pero pasó la noche esposado a la cama.
Ante los reclamos por mejores condiciones de vida, ante la organización popular para hacer frente a las necesidades, para encontrar soluciones que no llegan de donde deberían, la respuesta continúa siendo la represión.

Con la misma lógica de ayer

El programa de FM La Tribu “Troyanos del Sistema” y los educadores populares que trabajan en la Villa 26 bis recibieron amenazas.
En el caso del programa que se emite todos los lunes a las 18 por la FM 88.7, se trató de un mensaje dejado en su blog: “Ustedes son unos hijos de puta importante! los vamos a bajar si siguen jodiendo. Ya los conocemos. La UCEP. no hace nada de lo que ustedes denuncian falsamente no jodan mas muchas familias vivimos dignamente de nuestro trabajo. Avisamos. Recuerden lo que le paso a su amiguito de Parque Avellaneda”.
Ante estas palabras, desde el programa respondieron: “Hay gente que evidentemente tiene fuertes nostalgias del pasado y se sienten dueños de la vida de todos. Ante esta nueva ´apretada´ los Troyanos del Sistema reforzamos nuestro compromiso por una comunicación social trasformadora que nos permita a todos disfrutar nuevos aires de Libertad”.
En tanto, los educadores populares de la Villa 26 bis de Barracas “Todo empieza por tus manos” denunciaron que el sábado pasado, un grupo de personas se acercaron a la casa de uno de los compañeros, en la que se realizaba una reunión de organización, previa a la actividad que habitualmente se desarrolla en la Villa. “Cuidate, porque sabemos dónde vivís. Vos ya sabés lo que estás haciendo”, fue la amenaza recibida por el dueño de casa.
Al igual que en el caso del programa de La Tribu, los educadores populares y el grupo Escaramujo de la red Trashumante (con la que trabajan) aseguran que estas intimidaciones no lograrán amedrentarlos, y que lo único que hacen es reafirmar que el camino emprendido es el correcto.

Derechos Humanos
“Ellas no pueden esperar más”

Como todos los días 3 de cada mes, se realizó una movilización frente al Congreso Nacional reclamando la aparición de las mujeres y niñas desparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución.
Diferentes organizaciones de mujeres, sociales, feministas, barriales, sociedades de fomento, políticas y personas independientes exigieron además la reforma a la Ley de Trata y que se declaren delitos de lesa humanidad los secuestros y desapariciones de mujeres.
El pedido también se hizo extensivo a que se terminen las complicidades del poder político, judicial y policial y que desmantelen de una vez por todas las redes de trata.
A las ausencias de Marita Verón, Florencia Penacchi, Fernanda Aguirre, entre las más de 600 mujeres y niñas desaparecidas, se sumó hace dos semanas el nombre de Yamila Fernández.
Esta adolescente de 13 años desapareció el 15 de agosto pasado. Fue vista por última vez por su hermana, juntas habían asistido a la grabación del programa de televisión “Pasión de Sábado”, en Lanús.
Según relató su hermana, a la salida vio a Yamila en compañía de un hombre adulto desconocido. Sus padres, Aldo y Mónica, aseguraron que Yamila no se fue por su propia voluntad e hicieron la denuncia por su desaparición ante la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada Nº 4, que luego fue también remitida a la Oficina de Rescate del Programa de Trata de Personas de la  Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hasta ahora nada se sabe de Yamila.

Recursos Naturales
Larga Espera

El debate de la ley de protección de bosques nativos de Córdoba se demora.
Hace más de dos meses, la Comisión para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba, integrada por distintos sectores interesados, concluyó con su tarea de relevamiento y entregó a la Secretaría de Ambiente  provincial un anteproyecto de ley, que incluye la división del territorio cordobés en zonas verdes, amarillas y rojas.
Establece además que las zonas determinadas como rojas (donde ya no debería reducirse el bosque existente) seguirán siéndolo, más allá de que se erradique o queme la vegetación, es decir que ese suelo no podría nunca tener destino de uso agropecuario o urbanizable. El proyecto no fue aún enviado a la Legislatura para su tratamiento.
Alicia Barchuk, bióloga de la Universidad de Córdoba y presidenta de la Comisión, afirmó: “Creemos que están estirando los plazos para darle tiempo a que entidades rurales como Cartez y la Sociedad Rural presenten un proyecto alternativo, para después mezclar uno y otro.
Son las dos entidades que se retiraron de la Comisión, cuando otras del sector agropecuario como Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba se quedaron y adhirieron al proyecto. Si es así, nos parecería una falta de respeto porque no puede tener el mismo peso la opinión de una institución que la de todos los variados sectores que durante meses estudiamos y consensuamos el proyecto base”.
Mientras se demora la sanción de la nueva ley, continúan los desmontes en diferentes puntos de la provincia, incluso a pesar de que la ley provincial vigente lo prohíbe.
“Por nuevas urbanizaciones o por uso agropecuario, recibimos denuncias cotidianas de desmontes ilegales”, señaló Barchuk. También se admite que más de uno prefiere pagar las multas, si es que lo detectan en la infracción, porque el beneficio económico tras el desmonte le será luego superior.

Internacionales
Chile: justicia ordena detención y procesamiento masivo de 129 represores     

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile saludó la decisión del juez Víctor Montiglio, que pidió la captura de los represores de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El procesamiento masivo de 129 militares por violaciones a los derechos humanos constituye para la organización de Derechos Humanos "un avance en el conocimiento de la verdad y la justicia".
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, expresó que el número de pedidos de captura "demuestra que el aparato represor estuvo integrado por miembros de las distintas ramas castrenses".
Los represores encausados por el juez Víctor Montiglio pertenecían a la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía política del régimen militar que duró 17 años.
Los procesamientos se enmarcan en las llamadas Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia, que establecían planes sistemáticos de exterminio en la región.
El magistrado eliminó el criterio de responsabilidad del mando y determinó la participación conjunta de todos los represores de la policía secreta de la dictadura, entre 1974 y 1976.
El juez chileno abrió causa a los ex agentes por participar en la detención, tortura, eliminación y desaparición de 77 víctimas, pertenecientes a partidos de izquierda en esa época.

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