Reclamo de  los pueblos originarios por la prórroga de la ley 26.160 en CABA

La ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país y ordena el relevamiento para regularizar la posesión de las tierras ancestrales. El plazo de cuatro años venció y los pueblos deben presionar constantemente por su extensión hasta que se resuelva el problema de fondo.

La Ley Nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con un plazo de vigencia de 4 años, para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades originarias del país. La norma venía a subsanar el incumplimiento de derechos que desde la Reforma de 1994 el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, estipulaban.

La ejecución del relevamiento territorial ordenado corresponde a las provincias y a las volubles voluntades de gobernadores, intendentes y poderes locales, por lo tanto ha avanzado lentamente y, de acuerdo a las diferentes gestiones nacionales, con poco o nulo presupuesto. Esto ha obligado a que periódicamente los pueblos originarios deban presionar para exigir la prórroga de la ley y la vigencia de la emergencia territorial que prohíbe los desalojos, que de todas formas –por vía judicial o de hecho– siguen ocurriendo.

Este miércoles 6 de octubre, nuevamente una movilización de pueblos y naciones originarias con delegaciones de todo el país marchó hasta el Congreso Nacional para exigir la prórroga de la norma que vence el 23 de noviembre. “Marchamos hacia el Congreso donde nos recibirán los diputados y las autoridades del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). Exigimos la prórroga de la 26.160, que se haga realmente efectiva y pedimos presupuesto para la ley. Sobre todo, exigimos que los desalojos no sigan ocurriendo. Esa ley la hemos ganado con lucha, pero como el país es federal en muchas provincias no se cumple, los desalojos continúan y ha habido muertes en ellos. Estamos pidiendo que el poder político nos escuche, que la prórroga sea efectiva y el relevamiento tenga presupuesto”, expresó a Canal Abierto Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, del pueblo nación mapuche.

La organización de la movilización destacaba la presencia de delegados de los pueblos coya, guaraní, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, pilagá, qom, mocoví, diaguitas, quilmes, ranculche, mapuche, quechuas, aymara y lule, provenientes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente las comunidades, suspende todo proceso de desalojo y ordena la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras.

La vigencia de esta demanda se hace patente cuando hace más de diez días la policía de Río Negro mantiene sitiada a la lof mapuche Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, de la zona rural de El Bolsón, tras la orden de desalojo librada por los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien. El 24 de septiembre cerca de 50 efectivos ingresaron por la fuerza al territorio recuperado por la lof y con violencia detuvieron a varias personas. Los fiscales dispusieron un cerco policial con el impedimento de ingresar alimentos, abrigo u otros implementos e impidiendo el ingreso al territorio.

“El problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelva definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos ancestralmente estas tierras”, explicita el comunicado de la organización de la marcha.

En el pliego de demandas, los pueblos originarios vienen exigiendo que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permitiría obtener los títulos de propiedad, no privada sino comunal, de los territorios relevados.

Fuente  Canal Abierto