Protestar no es terrorismo: el reclamo por la libertad de Milton y Eneas camino al juicio oral

El 11 de febrero de 2026, una multitudinaria manifestación en la Plaza de los Dos Congresos expresó el rechazo popular a la sanción de la Ley de Reforma Laboral. Pocos días después, dos trabajadores fueron detenidos y trasladados al penal federal de Marcos Paz: Milton Tolomeo y Eneas Gallo. Acusados de tenencia de artefactos incendiarios, resistencia a la autoridad e intimidación pública, la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli solicitó agravar las imputaciones por “terrorismo” lo que eleva las penas a un rango de entre 10 y 30 años de prisión y hace que la causa se haya elevado a juicio, sin fecha confirmada. 

En diálogo con Radio La Colectiva, María del Carmen Verdú, histórica abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y defensora de Milton Tolomeo, brindó detalles del armado de la causa judicial, el peligroso precedente que sienta el uso de tecnología de vigilancia desde el Estado sobre manifestantes y las condiciones extremas de encierro. Además de Milton y Eneas, Oscar Rubén “Homero” Aguirre y Néstor Gabriel Barrera fueron detenidos y excarcelados, pero siguen procesados en la misma causa. 

Verdú explicó que las detenciones no se produjeron en flagrancia durante la protesta, sino a posteriori, a través de dudosas tareas de ciberpatrullaje y reconocimiento facial implementadas por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. “Este mecanismo de reconocimiento parte de la ropa que aparece en esas imágenes donde no se ve la cara, no se ven rasgos fisonómicos, absolutamente nada que permita reconocer a nadie. Salen a buscar gente con remera negra, gorrito negro, pantalón de trabajo. Imaginate en una marcha contra la reforma laboral, cuántas personas estaban con un pantalón beige con bandas refractarias en la botamanga: probablemente centenares, si no miles”.

A partir de allí, los investigadores ubicaron otra imagen de Milton en la plaza y rastrearon sus redes públicas donde difundía su actividad como masajista deportivo. Sin embargo, la situación de Eneas Gallo evidenció una intromisión aún más grave: “En el caso de Eneas es todavía peor porque Eneas no tenía redes personales. Entonces, en su caso, el reconocimiento se hace a partir de levantar el secreto bancario y lo identifican a partir de la imagen, la selfie que te hace tomar Mercado Pago cuando abrís una cuenta. O sea, es Mercado Pago el que dice: «Esta persona es Eneas Gallo». Es verdaderamente increíble”.

Las condiciones carcelarias impuestas a los detenidos han sido sistemáticamente hostiles. Milton Tolomeo fue incorporado inicialmente en un pabellón con un régimen de aislamiento estricto reservado para delincuencia compleja o terrorismo. “Milton había estado previamente en el pabellón para delincuentes terroristas, subversivos y narcotraficantes internacionales, con un régimen verdaderamente satánico, del que lo logramos liberar al mes y logramos que fuera a un pabellón común”, cuenta Verdú.

No obstante, Verdú denunció el reciente traslado de los acusados a instalaciones precarias dentro del penal de Marcos Paz: “Acaban de ser trasladados hace una semana a estos nuevos pabellones del Complejo 8, inaugurado de manera completamente precipitada, incluso sin haber terminado las obras. Es un lugar que ni siquiera tiene los sanitarios en condiciones, que tiene las paredes todavía en cal sin siquiera revoque y donde, por ejemplo, para las decenas de personas que hay allí, lo único que tienen son dos anafes y dos jarritos, con lo cual es imposible cocinarse”. A esto se suman restricciones severas a las visitas familiares, falta de entrega de elementos de higiene básica y límites al acceso a mudas de ropa.

Al ser consultada sobre la gravedad de imputar la Ley Antiterrorista a manifestantes sociales, la abogada remarcó la excepcionalidad represiva de este proceso en cuatro décadas de democracia: “Yo tengo 68 años, me recibí en 1983 y desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica participo tanto del patrocinio de causas por gatillo fácil, muertes bajo custodia, como de la defensa de presos y presas políticas. Jamás en estos 40 y pico de años tuve una situación en la que tuviese que asumir la defensa de alguien enfrentando una pena de 30 años de prisión”. 

Para Verdú, el objetivo de fondo excede el ámbito judicial y apunta al disciplinamiento colectivo: «Claramente persiguen lo mismo que cuando nos gasean, nos balean o nos golpean en cada movilización: aplicar el control social y el disciplinamiento para tratar de acallar la protesta, para tratar de que nos asustemos y nos quedemos en nuestras casas tolerando toda la destrucción de derechos que estamos padeciendo. Afortunadamente, la realidad indica que no les estaría funcionando, porque cada vez con más evidencia vemos que la gente a pesar de todo se planta y resiste porque esto ya no da para más».

Con la causa ya elevada a juicio oral por decisión judicial y los recursos de la defensa desestimados, la pelea se traslada a la visibilización pública y la solidaridad colectiva. Organizaciones sociales, de derechos humanos y la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos impulsan un petitorio para exigir la anulación de la causa y la inmediata liberación de Milton y Eneas. «Es importantísimo que más allá de lo que es el laburo técnico que hacemos desde las defensas, haya una campaña nacional e internacional masiva, solidaria por la defensa de los compañeros».

Verdú cerró la entrevista insistiendo en la necesidad de sostener la presencia en las calles cuidando la organización colectiva: «Si estás en grupo, las organizaciones tienen sus criterios de seguridad y hay que respetarlos; y si no pertenecés a ninguna, organizate con tus compañeros de trabajo, vecinos, amigos o familiares, pero tomá las precauciones del caso».

Compartimos este material de Correpi

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Entrevista completa con María del Carmen Verdú: