Okupas

La serie del momento sigue denunciando la precaria situación habitacional en la Ciudad: se produce un desalojo por día. El Estado carece de estadísticas que describan la profundidad de la problemática y permitan elaborar políticas públicas. Organismos anuncian una «crisis de desalojos» por venir. 

“En mi carácter de oficial de justicia me constituyo a efectos de intimar a los ocupantes para que procedan a desalojar el inmueble por su propia voluntad. Caso contrario, se procederá al uso de la fuerza pública”. La escena inaugural de Okupas, en su reestreno veinte años después, no perdió vigencia. Sigue describiendo una situación que sufren de forma cotidiana los sectores populares -y también la clase media- en la Ciudad de Buenos Aires, y que la mayoría de las veces se da a plena luz del día. Solo entre enero y junio de este año, se produjeron al menos 170 desalojos en territorio porteño, un promedio de uno por día.

Ese número, estimativo, es el que manejan en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, pero describe apenas una porción del fenómeno: la cartera que conduce María Migliore sólo interviene a pedido de la Justicia en desalojos numerosos, que implican algún tipo de movilización de la ayuda social cuando varias familias quedan en la calle. Sobre el resto (todo el universo de pequeños desahucios dentro del marco legal, y todos aquellos que se producen por fuera de la ley) la información es escasa o nula: las estadísticas oficiales invisibilizan a quienes padecen de forma más urgente el problema habitacional en territorio porteño.

Desde el Consejo Asesor del Plan Nacional de Suelo Urbano, que depende del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, vienen haciendo un gran esfuerzo para esquivar las trabas burocráticas a la hora de generar estadísticas confiables sobre desalojos, una tarea que consideran “extremadamente compleja”. Hasta ahora, sólo la Cámara Civil y Comercial de la Nación se tomó el trabajo de aportar al Ejecutivo alguna información que pueda dar cuenta de la profundidad de la problemática: entre enero y abril de este año, se iniciaron 357 causas de desalojo, un promedio de más de cuatro por día. Pero la Cámara no lleva registro, al menos hasta ahora, de cuántos se llegaron a concretar.

No obstante, al menos sirven para dar cuenta de un fenómeno reciente. Según esos mismos datos de la Cámara Civil, hubo un marcado descenso de los causas de desalojo iniciadas, que coincide temporalmente con la pandemia, la cuarentena y los meses en que tuvo vigencia el DNU presidencial que los prohibió. La serie anual marca que en 2020 hubo un total de 1467 causas abiertas, un promedio de cuatro por día, similar al de este año. Es un número alto, pero bastante menor que en 2019, año en que se acumularon 3297 causas, casi nueve por día, y aún menos que en 2018, en que se contaron 3330.

De acuerdo con una encuesta que realizaron el CELS y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para un informe sobre la problemática publicado en septiembre del año pasado, el 65% de los inquilinos del AMBA consultados había perdido ingresos, y el 80% había contraído deudas para costear “gastos cotidianos”. “Estamos en emergencia frente a un escenario inminente de multiplicación de desalojos”, concluye el informe, que además señala la “falta de precisión y de comprensión de la dimensión y urgencia del problema” que arrastra el Estado.

Los datos que aporta la Cámara Civil, de todos modos, son parciales: apenas refieren a causas iniciadas por falta de pago, vencimiento de contrato de alquiler, ruptura de comodatos y otras yerbas del estilo. Sobre las expulsiones que dicta el Fuero Penal (que interviene en usurpaciones de hecho) no hay información: a ese sector de la Justicia no parece interesarle demasiado contar con estadísticas de tipo social. Lo mismo sucede con los desalojos que se dan en el marco de causas por sucesiones o quiebras. Nadie lleva la cuenta.

“Está claro que hay una serie de inconsistencias en la información disponible que sólo permite una estimación de la dimensión del problema, que no para de crecer. Y que es realmente necesaria para que el Estado desarrolle una política de acceso al techo desde una perspectiva de derechos humanos, como la que se intenta llevar a cabo”, explicó a este medio Sebastián Tedeschi, abogado, docente y coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación.

A agosto de este año, la Ciudad paga 8.000 pesos a personas solas y hasta 13.000 si se trata de una familia numerosa para poder alquilar una pieza de hotel, cuyo valor llega a duplicar esos montos. Según el propio Ministerio de Hábitat porteño, lo cobran alrededor de diez mil beneficiarios y beneficiarias.

UN PROBLEMA HISTÓRICO

La Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) existe desde los primeros años de la vuelta de la democracia. Fue fundada con el nombre “Centro de inquilinos de Buenos Aires” y ya en los 90 tomó las siglas que mantiene hasta hoy. En esa época se sumó Jorge Abasto, que ya perdió la cuenta, dice, de cuántos desalojos le tocó asistir desde su organización.

“Podemos ubicar tres grandes oleadas de desalojos en la Ciudad en la historia reciente. La primera es a fines de los años 90 y hasta el 2001, que curiosamente coincide con la serie que todos están viendo ahora. En esos años hubo centenares de desalojos sobre barrios que eran populares y pasaron a ser turísticos y de clase media alta, como Palermo y San Telmo, que estaban llenos de conventillos donde hoy hay cervecerías. También sucedió en el Abasto, con la llegada del Shopping. Podríamos decir que esa primera ola vino de la mano de la crisis de la convertibilidad, donde el mercado inmobiliario, totalmente desregulado, era una oportunidad de negocios en medio de la crisis social. Después hubo una segunda, por efecto de una burbuja inmobiliaria que generó el crecimiento económico del país en los años 2005, 2006, que fue terrible, llegó a haber casi un desalojo grande, de cientos de familias, por semana. Y una tercera, ya más reciente, con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, y de la mano de la especulación y la construcción VIP, entre 2009 y 2012, también muy intensa”, describe Abasto.

“Pero hoy la cosa está más tranquila. Podemos decir que en la Ciudad quedó una resaca de familias que pudieron resistir esas oleadas y el proceso de gentrificación, de expulsión de los sectores populares. Pero son los menos”, agrega.

La Dirección de Estadísticas y Censos porteña confirma la descripción de Abasto, de acuerdo a los sucesivos informes sobre “Distribución porcentual de la población, los hogares y las viviendas por tipo de vivienda”. Mientras que al 2020, último dato disponible, solo el 0,8 por ciento de la población vive en inquilinatos y conventillos y el 1,4 en una pieza de hotel o pensión, en 2006, una década y media atrás, esos mismos índices daban un 3 y un 2,2 por ciento respectivamente. Una diferencia notoria.

¿A dónde fueron a parar esas familias después del desalojo? “Es un círculo vicioso, un reciclaje de situaciones”, explica Abasto. “Un porcentaje cobra un subsidio habitacional. Muchas veces, de acuerdo a la negociación política, cobran todos los meses juntos, en efectivo, en la mano. Con eso, no siempre, se puede volver a otro hotel y volver a alquilar una habitación, pero no es lo más común. La mayoría, en todos estos años, se da la estrategia de alquilar en las villas, que tienen menos requisitos y donde operan otro tipo de negociaciones. Luego hay un resto que se va a la provincia, al tercer cordón del conurbano, y finalmente otro pequeño grupo, muchas veces, queda en situación de calle”.

Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2021/08/okupas-de-la-vida-real-hubo-un-desalojo-por-dia-ciudad.html