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AySA de remate

Escrito por el 3 de junio de 2026

Entrevista a la ingeniera María Eva Koutsovitis

El Gobierno nacional lanzó oficialmente la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El 10% restante está reservado para el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores. Surgen varias preguntas ante esta privatización aprobada dentro del paquete de la Ley ómnibus ¿Es el agua un derecho en Argentina? ¿Por qué después de la experiencia de Aguas Argentinas quieren imponernos nuevamente este modelo? ¿Por qué privatizar una empresa eficiente que da ganancias?

 

En Voces desde La Paternal del 28 de mayo conversamos con María Eva Koutsovitis, Ingeniera Civil – Investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, candidata a Legisladora por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones por Confluencia por la Igualdad y la Soberanía

 

“Sin duda una de las noticias de estos últimos días tiene que ver con el avance del gobierno nacional con la privatización de AySA. Lo primero que tenemos que tener claro es que esta privatización se da en un contexto de saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en donde en particular los grandes grupos económicos vienen por el agua.”, comenzó explicando la ingeniera.

 

Luego recordó que el acceso al agua está contemplado en la Constitución y los acuerdos internacionales, así como en las luchas de poblaciones, tanto cordilleranas como costeras, como un derecho humano y con esta propuesta de privatización, lo que quiere el gobierno de Javier Milei es transformarlo en una mercancía.

 

“Sin duda el primer paso para la privatización de AySA se dio cuando se aprobó la Ley Bases, que declaró en su artículo 7 que la empresa AySA estaba sujeta a privatización. El segundo paso lo dio al eliminar los subsidios a la tarifa que realizaba el Estado nacional para que de esta manera la empresa sea rentable para los futuros compradores y esto llevó a aumentos desorbitantes en las tarifas, que en algunos casos durante el 2024 alcanzaron un 1.500%. El año pasado, Manuel Adorni anunciaba formalmente la privatización de AySA y en esos anuncios utilizó un tendal de mentiras, como, por ejemplo, plantear que AySA era una considerable carga financiera para el Estado Nacional, cuando el año anterior la empresa había dado ganancias”, explicó Koutsovitis

 

En relación a hablar de pérdidas y ganancias, Koutsovitis opinó que esa es una mirada sesgada o al menos reduccionista, dado que “En Argentina, por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua, los servicios de salud recuperan 2,50 dólares y por cada dólar que se invierte en infraestructura de cloaca, los servicios de salud recuperan más de 8 dólares.”

 

Precio de remate

 

La ingeniera se refirió también a la operación económica que implica la venta de la empresa, comenzando por quitar de las obligaciones al posible concesionario la expansión de la red, tanto cloacal como de agua. Pero también está el precio mismo al que se ofrece: “Estamos hablando de una operación de alrededor de 500 millones de dólares, un valor irrisorio si tenemos en cuenta que estamos hablando de la mayor empresa prestadora de agua y cloaca de la región, que le presta servicio a un territorio donde viven 15 millones de personas y la empresa cuenta con una red de agua que supera los 27.000 km, y una red de cloacas de aproximadamente 19.000 km. El gobierno va a vender, de ese 90%, el 51% y el resto, lo que va a hacer es directamente que cotice en bolsa”.

 

Condiciones para los amigos

 

El gobierno nacional ya publicó el contrato de concesión para la nueva empresa privada que acceda al control de AySA en donde se establece que el periodo será de 30 años con posibilidad de prórroga. “Por supuesto que ese contrato lo que hace es minimizar el riesgo de la futura empresa privada, le garantiza rentabilidades alucinantes y todas las obras de infraestructura que se realicen van a ser costeadas y soportadas por los usuarios residenciales y comerciales y se incorpora en la tarifa un coeficiente K. Es un coeficiente de indexación que está en función de la rentabilidad de la empresa Va a haber brutales penalizaciones en el atraso del pago de la factura, si nos atrasamos más de 60 días nos van a cortar el servicio y por último habilita como vía arbitral internacional al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).”, detalló Koutsovitis.

 

Si bien la ingeniera dijo que no hay certeza sobre las empresas que se presentarían a la licitación, señaló que los nombres que trascienden son los de la familia Neuss, el Grupo Roggio, algunas empresas brasileñas que operan en Río de Janeiro y San Pablo.

 

La privatización como parte de un proyecto mayor de entrega del agua

 

Para cerrar, Koutsovitis se refirió al marco general en el que se da esta privatización: “Se da en un  contexto en el que el gobierno nacional y los grandes grupos económicos vienen por el agua. No por nada se ha modificado la Ley de Glaciares para habilitar la minería y la megaminería en aquellas reservas de agua dulce que se encontraban protegidas. No por nada se ha desmantelado el Ente Nacional de Obras Hídricas, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico. Se han rifado las centrales hidroeléctricas que se encuentran en la cuenca del Limay y del Neuquén y está en camino, una vez más la privatización del Paraná.

 

Finalmente, María Eva Koutsovitis convocó a concentrar el próximo viernes 5 de junio, a las 11 horas, en Callao al 900 frene al ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento). La convocatoria la realizan diferentes organizaciones en defensa del agua como un derecho humano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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