Ataque al acampe indígena en la Ciudad de Buenos Aires

Referentes indígenas que acampan hace una semana frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), reclamando la sanción de la Prórroga de la Ley 26.160 denunciaron que durante la mañana de este martes sufrieron un ataque sorpresivo con agresiones físicas, mientras Néstor Jerez, cacique del Pueblo Ocloya, brindaba una entrevista para un medio de comunicación.

Además sufrieron agresiones la cacique del Pueblo Iogys de Salta, Liliana López, y la Warmi Nilda Aisama, de la comunidad aborigen Tiraxi.  

A través de un comunicado señalaron que «este hecho es una muestra más de la violencia que sucede en nuestros territorios ejercida por terratenientes, usurpadores, multinacionales que vienen por los Bienes Naturales que le pertenecen a la Humanidad».

El cacique Nestor Jerez responsabilizó a los distintos organismos de seguridad presentes en la plaza, haciéndolos cargo de no velar por la seguridad física y psicológica de la comunidad. Fundamentalmente hizo hincapié en la responsabilidad de los funcionarios de CABA (Ciudad de Buenos Aires) y el Gobierno Nacional”. Manifestó: “está lamentable situación es el reflejo de la masacre que sucederá en nuestros territorios ancestrales si no se prórroga la ley antes mencionada». 

Integrantes de varios Pueblos Indígenas, nucleados en la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (Opinoa), aseguraron que mantendrán el acampe «hasta que se apruebe la prórroga de la Ley 26.160 en la Cámara de Diputados».

Por último, manifestó su convicción frente al reclamo: “los territorios ni los derechos NO se negocian, nuestra lucha es permanente hasta la promulgación de la ley 26.160 y la propiedad comunitaria indígena”.

Recordemos que esta Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena evita los desalojos de los pueblos originarios. Esta ley fue sancionada a finales de 2006 y se prorrogó en tres ocasiones (2009, 2013 y 2017). Ahora, los pueblos reclaman una nueva extensión para poder completar el relevamiento territorial pendiente. Esto sucede actualmente con la comunidad mapuche Paicil Antriao en Villa La Angostura, Neuquén. El objetivo fundamental es suspender los desalojos de tierras que ocupan tradicionalmente dichas comunidades y ordena hacer un relevamiento de los lotes territoriales. Es decir que las autoridad de aplicación, a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), realice un relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras en disputa.

En paralelo al debate parlamentario, la provincia de Neuquén firmó en octubre un convenio con el Gobierno nacional. El mismo busca continuar con la ejecución de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas.

Lo que esperan hoy los pueblos originarios es que Diputados convoque con urgencia el debate de la prorroga de la ley. La violencia que las y los persiguió como pueblo durante siglos es la misma que recibieron hoy en la Ciudad de Buenos Aires, por eso la resistencia por el respeto a sus tierras continúa.

(Fotografía de portada tomada de ORIGINARIOS.AR)