Procesamientos confirmados y anulación de sobreseimientos en el incendio de Iron Mountain

Después de casi de 9 años del incendio en el depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires, donde murieron nueve bomberos y un rescatista de defensa civil, se confirman los 17 procesamientos y se revocan los sobreseimientos de tres de los involucrados.

Fue La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional quien confirmó la resolución en el marco de la investigación por el incendio ocurrido el 5 de febrero del 2014 en el galpón de Iron Mountain, donde se guardaba información especifica y sensible de la firma. Intervinieron en la audiencia los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Matías Pinto, y la jueza Magdalena Laiño Dondíz. También intervinieron la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, Romina Monteleone, y Joaquín Gaset, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Dicha resolución era esperada desde hace años por los familiares y amigos de las victimas del incendio entre quienes estaban seis (6) bomberos federales: Damián Véliz, Juan Matías Montecheli, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Leonardo Gay y Anahí Garnica; Tres (3) bomberos voluntarios: Sebastián Campo, Facundo Ambrossi y José Méndez y Un (1) integrante de Defensa Civil: Pedro Barcola.

De la empresa Iron Mountain están procesados los directivos: Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, quienes además tienen un embargo por 20 millones de pesos cada uno. También fue procesado el responsable de vigilar el depósito en el momento del incendio: Oscar Godoy, de la firma Segurplus.

Son doce (12) los funcionarios porteños procesados: la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien además en el 2010 ya había sido procesada por el derrumbe del boliche «Beara». Del mismo organismo también fueron procesados Rafael Roldán y Pedro Chapar. Al igual que el entonces jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers.

Por otro lado, también se ratificaron el procesamiento de los responsables en ese momento de la Dirección de Administración y Gestión Operativa: Gastón Laugle y Esther Moroni. También a los inspectores Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo y Jorge Papanicolau.

Asimismo fue revocado el sobreseimiento de un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), procesándolo por el delito de «incendio culposo seguido de muerte en concurso ideal con el delito de lesiones culposas»; y dictaron la falta de mérito del inspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) y del gerente de Operaciones de Iron Mountain.

(Fotografía extraída de la Agencia de Noticias Telam)

Hoy, tras tantos años, seguimos recordando aquel trágico febrero de 2014 cuando, cerca de las 8 de la mañana, comenzó a incendiarse el depósito de la empresa Iron Mountain en la calle Azara 1245 del barrio porteño de Barracas. 

Un año después de la tragedia se presentaron los resultados de los peritajes de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyendo que «el incendio podría haber sido intencional».

En 2017 la fiscal Romina Monteleone le había solicitado a Pablo Ormaechea, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, la indagatoria de las entonces 32 personas imputadas. Un año después el juez dictó el primer fallo de la causa, donde fueron procesados 12 funcionarios del Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires (GCABA), cuatro directivos de la empresa y un empleado de seguridad de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil. La decisión fue apelada por la representante del Ministerio Público y parte de las defensas.

Nueve años después se ha logrado llegar a esta nueva resolución donde los procesamientos son efectivos y los sobreseimientos anulados.