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Informe de CORREPI: “El gobierno más represor de la democracia”

Escrito por el 21 de marzo de 2026

El jueves 19 de marzo en la sede del SiPreBA, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual sobre la Situación Represiva Nacional 2025. En el marco de esta actividad, Indymedia conversó con la compañera María del Carmen Verdú sobre los datos, el análisis y las conclusiones que arroja el informe, su mirada sobre la política represiva de la gestión de Milei, así como de algunos de los hechos de gatillo fácil ocurridos en los últimos meses.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

“Estamos con un récord absoluto de cantidad de muertes y con una destrucción sistemática de derechos y garantías que siempre dimos por sentados, que en ninguna gestión anterior se vieron afectados de semejante manera, y que hoy directamente están desapareciendo”, remarcó la abogada y referente de CORREPI.

A continuación, compartimos la entrevista completa:

María del Carmen Verdú. Foto: Nicolas Solo ((i))

María del Carmen Verdú: El informe sobre la situación represiva 2025 y la actualización del archivo de casos es un trabajo que venimos desarrollando desde hace más de treinta años. Esto permite no solo ver la foto de este momento, sino también toda la película completa desde diciembre del ’83 —que es hasta donde se remonta el archivo—, hacer comparaciones entre las distintas gestiones y observar cómo, en los distintos momentos históricos, varía la profundización de la política represiva.

Lo primero que queda a la vista cuando analizás la data es que, como decimos siempre, gobierne quien gobierne, la represión es política de Estado, pero a continuación —y con punto seguido, no punto aparte— hay que decir que no reprime de la misma manera una gestión u otra, e incluso la misma gestión en momentos distintos. Esto se ha visto muy claramente durante, por ejemplo, la gestión de Alberto Fernández, donde fueron muy distintos los primeros tres meses, de cierta luna de miel democrática, con reposición de derechos, la derogación de los protocolos de Bullrich, etcétera; luego, el período de la cuarentena, donde tuvimos que publicar 70 informes de situación represiva, por esta decisión correcta en términos sanitarios del ASPO, pero tremendamente fatal por haber puesto su implementación en manos de las fuerzas de seguridad y no a través de políticas asistenciales; y después el período posterior a la derrota electoral de medio término, donde incluso lo tuvimos de vuelta a Aníbal Fernández manejando el Ministerio de Seguridad, con lo cual volvieron a aumentar la cantidad de hechos en todas las modalidades.

Vemos claramente que en estos últimos dos años, bajo la actual gestión, estamos enfrentando, sin dudas, lo que podemos llamar – sin exagerar – el gobierno más represor de nuestra historia en democracia. En absolutamente todos los aspectos: en la reforma reestructural del aparato estatal, las reformas normativas – tanto legislativas como por vía administrativa, con decretos o resoluciones ministeriales -, en las prácticas cotidianas en el despliegue de las fuerzas, y, por supuesto, en la cotidianeidad de la intervención de esas fuerzas en los barrios y en la represión a la protesta, nos muestran que estamos con un récord absoluto de cantidad de muertes y con un una destrucción sistemática de derechos y garantías que siempre dimos por sentados, que en ninguna gestión anterior se vieron afectados de semejante manera, y que hoy directamente están desapareciendo.

Ya el año pasado, cuando presentábamos el informe del 24’, decíamos que, de mantenerse esta tendencia, íbamos a batir récords con la gestión de Milei, porque veíamos que ya ese primer año crecían, sobre todo, de los casos de gatillo fácil, pero también los muertes en lugares de detención. Esos últimos siempre son comparativamente más que los fusilamientos de gatillo fácil, y se mantienen constantes, con la única excepción del pico que hubo durante la pandemia, porque el virus fue siete veces más letal intramuros que en la calle. Entonces, por eso Fernández tiene una cantidad importante de casos totales, a pesar de que bajaron los gatillos fáciles: porque hubo un récord total en ese período de muertes bajo custodia.

Retomando: en el primer año, ya se veía este crecimiento exponencial con la actual gestión, y ya con dos años y un mes – porque llegamos con los datos al momento de la impresión del archivo hasta mediados de de enero – o sea, que con diciembre de 2023 más esos días de enero 2026, se completan veinticinco meses. Estamos en un promedio de 42 muertes por mes en algún lugar del país por gatillo fácil o bajo custodia, o en las otras modalidades de menos incidencia general, como los femicidios de uniforme. Y es verdaderamente impresionante, porque tengamos en cuenta que en total, a contar desde diciembre de 1983, tenemos registrados 10.181 a manos del aparato represivo estatal. Siempre con la aclaración de que la información de los primeros ocho, diez años es mala: no teníamos redes, no teníamos Internet, no teníamos portales con noticias… Aún con esa aclaración importante, son 10.081 muertes, y 1.056 ocurrieron durante esos primeros veinticinco meses de gestión de Milei, o sea, el diez por ciento. Dos años frente a cuarenta y dos.

Si lo comparamos con la gestión más letal, que fue la de Macri, o con la gestión de Alberto Fernández, que es la que le sigue por este incremento de muertes bajo custodia en el período de pandemia, o las gestiones de los últimos dos gobiernos kirchneristas, que también tuvieron números elevados, en todos los casos lo superan. Para ser más clara: en cuatro años de gestión, Macri tuvo un 19% del total de casos; Milei en dos años ya tiene el 10%. Además, ya vemos que los casos crecen cotidianamente, porque este año tenemos más que el año pasado, y todo indica que el año que viene van a ser más, porque no hay no hay señales de que disminuya: se profundiza el conflicto social y se profundizan las medidas represivas. Y agárrate, si se llega a concretar la reforma del Código Penal, donde lisa y llanamente, además de incrementarse las penas de todos los delitos, de crearse nuevas figuras delictivas, de criminalizar de manera más brutal la protesta y la pobreza, se pretende legitimar el gatillo fácil incorporando el protocolo Chocobar – el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia – al código penal, como excusa absolutoria, como causa de justificación. 

En la actualidad, el despliegue en las movilizaciones y manifestaciones que vienen teniendo la Prefectura y la Gendarmería es inédito. Con la cantidad de policías de la ciudad más lo que queda de la Federal residual en la Ciudad de Buenos Aires, no hay explicación razonable alguna de por qué necesitan convocar a otras fuerzas para esos operativos descomunales que arman. Además, la Policía de la Ciudad, tiene una cantidad de policías por cada cien mil habitantes superior a todos los países del mundo, incluido el Vaticano, que tiene mitad cura, mitad milico de la Guardia Suiza. En la ciudad tenemos un índice que está entre los 800/900 policías cada 100 mil habitantes, cuando Naciones Unidas te dice que lo ideal es 300. Argentina está por encima de eso en todas las provincias, pero en ninguna a ese nivel.

El caso de Juan Gabriel González es es bien ejemplificador de por qué además decimos que la policía de la ciudad es la más letal del país. En el informe están los gráficos que demuestran que son más asesinos los de la ciudad: 1 de cada 158 policías bonaerenses mató a alguien en un fusilamiento de gatillo fácil mientras que en el caso de la ciudad, 1 de cada 138, es una diferencia importante.

Pero el caso de Juan Gabriel, decía, es muy gráfico, porque allí afortunadamente el hecho de que ocurriese todo delante de un montón de vecinos y vecinas, que además tuvieron la presencia de ánimo de sacar los celulares y grabar, hizo que tengamos tomados desde todos los ángulos que se te pueda ocurrir la misma secuencia fáctica: desde el momento en que los policías empiezan a querer reducir a Juan Gabriel, que lo único que quería era entrar a su casa y no lo dejaba el operativo que estaba queriendo sacar a la gente que estaba festejando Navidad en la calle. Y se advierte perfectamente cómo este policía, Darian Gastón Miño, baja del patrullero cuando ya el hecho está iniciado, y sin mediar palabra se acerca, y a menos de cinco metros, le dispara directo al cuerpo a una zona vital como es el abdomen, con una escopeta que además tenía cargada con municiones de plomo. En la autopsia no solo se recuperaron nueve postas de plomo – de hecho fueron detectadas en los distintos lugares del cuerpo por un detector de metales – sino que del interior del estómago le sacaron el cartucho, el culote del cartucho, la base de bronce, porque por la poca distancia no se terminó de abrir. Justamente, está terminantemente prohibido utilizar estas armas largas en tiro directo al cuerpo, y mucho menos a corta distancia, por esta letalidad, porque puede ser el cartucho mismo el que te mate a corta distancia. 

Pero lo más notable del asunto es que inmediatamente lo sacan a este policía Miño del lugar cuando los mismos jefes del operativo se dan cuenta lo que sucedió, y se llevan detenidos al hijo, al vecino y a la esposa de Juan Gabriel. Los tienen durante toda la noche aislados, incomunicados, diciéndoles: “ustedes mataron a este, a tu marido, a tu padre, a tu amigo”. Los tipos no entendían absolutamente nada, lógicamente, encerrados en un contenedor – dicho sea de paso, porque había una de esas comisarías precarias armadas en contenedores-. Y el informe que le llega al juzgado de instrucción es que se había producido un homicidio en riña y que Juan Gabriel tenía una herida cortopunzante en el abdomen. Cuando la autopsia dice que tiene un agujero de catorce centímetros de diámetro, o sea, hacé un circulito con tus dedos de catorce centímetros de diámetro, ese es el agujero que le dejó justamente, al no haber abierto completamente el escopetazo, en el lado derecho del abdomen, a punto tal que en las propias fotos se ve el hígado desgarrado saliendo por ese agujero. Por eso hay tres causas vinculadas con el mismo hecho. 

Por un lado, está la causa por el homicidio agravado, donde está procesado Miño y donde justamente mañana estamos requiriendo la elevación a juicio, y luego lo hará la fiscalía; va a quedar en instrucción la otra parte de esa misma causa, que es la que investiga al resto del personal policial por el encubrimiento agravado. Y después hay una tercera imputación en una causa paralela, iniciada por denuncia, justamente de estas tres personas detenidas: la compañera, el hijo y el vecino de Juan Gabriel, por las lesiones que ellos recibieron, y por las vejaciones, apremios y tortura que padecieron durante esas 12 horas que estuvieron detenidos, además de la privación ilegal de la libertad. Cuando sabían perfectamente que era su camarada el que le había metido el tiro a Juan Gabriel.

Sabemos que estos casos son algo sistemático. Pasó lo mismo hace unos años atrás,con Paragüita Toledo, un pibe de la villa 21-24, fusilado por el policía Adrián Otero, policía de la ciudad también. Un incidente de tránsito donde un coche metió la trompa cuando el otro quería pasar, cosa que sucede cotidianamente en cualquier esquina de nuestra ciudad. Alguien putea al otro, y el policía reacciona, empezando a perseguir el coche en el que iban tres muchachos, jovencitos, el mayor de todos, de 21 años, era el que iba manejando, dueño del auto. Al lado iba Cristian, de 17, de acompañante, y en el asiento de atrás otro muchachito de 15 años. Venían de una fiesta. Esto ocurrió a cuadras de donde pasó lo de Lucas González. Cuando les dio alcance, les disparó 19 veces, y mató con tres disparos a Cristian y no mató a los demás porque tuvo mala puntería exclusivamente. De hecho, Otero está condenado a prisión perpetua por homicidio agravado. Pero también en ese caso, cuando finalmente les hace detener el auto y los hace bajar a los dos sobrevivientes y los tiene encañonados, eso, y les dijo: “ya maté a tu amigo, ustedes son boleta”. En ese momento, afortunadamente, la gente del barrio apareció, porque había un taller mecánico que dio el aviso, los conocían a los pibes porque eran del barrio, así que la gente fue solidaria y vino, y gracias a eso quedaron con vida, pero fueron inmediatamente detenidos, acusados de la tentativa de robo con arma contra el policía que se puso en posición de víctima. Allí fue fue definitoria la intervención del cura del barrio, que nos dio una mano gigante. Esto todo esto sucedía en la madrugada, porque el hecho ocurrió por la noche, despertó a media villa, sacó a todos los vecinos y vecinas de de la cama y se lo llevó a la comisaría, y bueno, con quinientas personas, más el cura, en la puerta de la comisaría, pudimos lograr que el fiscal y el juez vieran efectivamente qué era lo que había sucedido y rápidamente dispusiera la detención del policía y la liberación de estos dos muchachos, víctimas ellos mismos, ¿no?.

Cuando este tipo de eventos se dan en otro tipo de contextos socioeconómicos, es porque hay alguien con la pinta o la actitud equivocada. No es absolutamente impensable, tenemos casos en el archivo de pibes que pertenecen a sectores sociales más elevados, que son justamente los que trascienden, porque te dicen el estudiante de periodismo, el hermano del artista fulano o del doctor, o el hijo del doctor Mengano. Entonces hay como una presunción de víctima inocente – expresión horrible, pero que los medios utilizan – que es lo que lo que justamente siempre cuestionamos respecto de la manera en que los medios hegemónicos abordan estos casos, donde la primera pregunta que nos hacen es qué hacía la espalda o la nuca del pibe en la ruta de la bala. O sea, ¿y qué estaba haciendo el pibe? O sea, ¿qué te importa lo que está haciendo si le metieron un tiro en la nuca? Así estuviese robándose las manos de Perón, el tiro en la nuca no va.

Pero cuidado, recién mencionamos lo de la reforma del código penal, ya tenemos el protocolo de uso de armas de fuego que habilita, en cualquier circunstancia, el uso del arma reglamentaria para, por ejemplo, detener una fuga, cosa que está internacionalmente prohibida por todos los convenios de derechos humanos y por toda la legislación de todos los países mínimamente civilizados, porque detener una fuga no justifica matar al que se escapa, andá y encontralo de otra manera, porque siempre la vida vale más que cumplir con una orden de detención, por ejemplo. Pero si esto se incorpora al código penal, es lisa y llanamente la consagración de la legitimación del gatillo fácil y de la impunidad total. Y ojo, porque ya jueces y fiscales en muchos distritos – provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires – están razonando en ese sentido, aún cuando todavía la legislación no esté vigente, porque obviamente siguen los vientos de época, ¿no?

La cantidad enorme que estamos denunciando de casos de gatillo fácil en estos dos años no nacen de un repollo, nacen de una política. O sea, si durante muchísimo tiempo tuvimos que batallar para demostrar que el gatillo fácil era política de Estado y no resultado de problemas de formación – un policía tarado, otro mal preparado o no capacitado, o que se salteó los cursitos de derechos humanos -, hoy ni siquiera tenemos que dar esa discusión, no tendríamos que darla, cuando es desde la propia primera línea del Gobierno que te dicen: “cárcel o bala”, que festejan cualquier caso de gatillo fácil diciendo “un chorro menos”, “un negro menos” y las cosas que vemos cotidianamente en las cloacas de las redes.

Antes había un mínimo consenso democrático que no se atravesaba. De la misma manera que teníamos un consenso democrático respecto del terrorismo de estado y del genocidio. Y hoy tenemos que estar explicando de vuelta qué está mal secuestrar gente, desaparecerla, tirarla de los aviones, violar embarazadas, secuestrarles los bebés, y fusilar personas y y desaparecer los cuerpos, y tenemos que estar explicándolo de vuelta.

Yo a veces me enojo cuando se limita la calificación a un gobierno negacionista. Negacionista era Menem. Negacionistas fueron muchas otras gestiones, incluso las que, sin serlo explícitamente, como el caso de Alfonsín, te venían con la teoría de los dos demonios. Y te los equiparaba. Este gobierno es lisa y llanamente reivindicador del terrorismo de estado y del genocidio, porque es además una política que defienden. Y porque es lo que, por otras vías, en el marco de un sistema formalmente democrático están aplicando.

El fin justifica los medios, y el fin es que no haya protesta, que toda “la casta” – que en realidad somos los pobres, los laburantes, los pibes, las diversidades, este, las personas racializadas, etcétera – entienda quién manda, y no se les ocurra otra cosa más que agachar el lomo y seguir laburando. O morirse, así no joden más.


 

 

 

 


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