Argentina debate sobre el aborto -La ley que falta

Escrito por el 26 de marzo de 2018

Argentina debate sobre el
La ley que falta

En conversación con , la Dra. Analía Messina, especialista en Obstetricia y Ginecología e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), explica cómo se aplica el “Fallo FAL” y cuáles son los protocolos que rigen la práctica del aborto en la Ciudad de Buenos Aires.

En lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los distritos (donde) en los que se aplica la ¿resolución? acordada (de) por la Corte Suprema de la Nación el 13 de marzo de 2012, conocida como “Fallo FAL” por las iniciales de la menor que luego de realizarse un aborto tras ser violada por su padrastro fue eximida de toda pena por el Tribula Superior de Chubut, provincia en la que estaba radicado el caso. En ese fallo, la Corte Suprema le sugería a cada jurisdicción del país que creara sus propios protocolos.

La Dra. Analía Messina, especialista en Obstetricia y Ginecología, integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) explicó en el programa informativo Ruta Alternativa que en la Ciudad “si bien algunos de sus artículos están en revisión que debido a una apelación ante la justicia, hay una resolución que está en plena vigencia. Es la resolución 1252 del año 2012 y está en sintonía, de alguna manera con el fallo FAL (…) Este fallo comprende todos los aspectos de la salud de una persona, el psíquico, el biológico, por supuesto, pero además el social. En los hospitales y en los centros de salud de CABA hay un trabajo ya realizado, entendiendo que siempre, todo, es un camino a recorrer. Pero se van resolviendo algunos casos con un acompañamiento importante, con consejería tanto pre como post procedimiento y en ese camino estamos”.

Lo que se logró
Tras una disputa jurídica que nació en la provincia de Chubut en el año 2012, la Suprema Corte de la Nación que las causantes para la práctica de un aborto no punible son el peligro para la vida, el peligro para la salud (entendida como un bien integral bio-sico-social) y todos los casos de violación, de cualquier mujer, donde hubiera violencia sexual.
Según el fallo, ante cualquiera de estas situaciones no se debe admitir la judicialización, (básicamente porque) ya que, en caso de que haya que interrumpir un embarazo, el paso del tiempo juega en contra de la mujer. Por su parte, cuando se trate de una violación, los médicos (en ningún caso) no deberán requerir autorización judicial para realizar (esta clase de abortos) la intervención. El único requisito para hacerla será que la víctima o su representante legal presenten una declaración jurada (debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal) en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
Para dictaminar este fallo, la Corte Suprema tuvo en cuenta (para este fallo) que el tiempo que implica el trámite judicial en (de) cuestiones de esta naturaleza excedía el que lleva su decurso natural y que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos, (y que estaba) estando comprometida en esto la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Lo que falta
(En relación a cuanto se informa de estas posibilidades con las que cuentan las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires,) A pesar de que, en la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres cuentan con estas herramientas legales, no suelen ser informadas correctamente sobre ellas. “Por alguna razón hay poca difusión o comunicación social de este modelo de atención. En este momento funciona más con el boca a boca, con mujeres que acompañan mujeres. Ignoro por qué razón no tiene más y mejor comunicación este tema”, señala la Dra. Messina. (Messina agregó como conjetura,) Según su hipótesis, esto podría tener que ver con lo que conlleva el debate sobre el aborto, por lo que “se hace necesario sacarlo de la penalización y la inhibición que genera esta penalización”.
(Más adelante la consultamos sobre) En lo que respecta al impacto de la objeción de conciencia sobre la cantidad de abortos que se (pueden producir) podría realizar en la Ciudad, Messina (respondió) explica que “la resolución 1252 señala que cada servicio debe remitir el informe del listado de objetores a la dirección del hospital. En los ámbitos en donde trabajo somos absolutamente respetuosos, primero de las mujeres pero además, de las limitantes íntimas y morales que tiene un profesional. Lo que sabemos y proponemos es que esa variable sea íntima y personal. No puede haber equipos completos negados porque eso sería desobediencia civil. Donde haya un objetor, necesitamos un compañero o compañera que no lo sea” y agrega “aún aquellos médicos que presentan objeción de conciencia están obligados a explicarle a sus pacientes cuáles son las posibilidades que tienen y a darles un marco de referencia. La objeción de conciencia no debe alcanzar a la información”.

(No obstante contar en la ciudad) Más allá de que la Ciudad de Buenos Aires cuente con un marco jurídico para la práctica del aborto, (la profesional entiende) resulta imprescindible la sanción de una ley. Según Messina “este tema nunca debió haber estado en el ámbito del código penal, porque eso es lo que mata. No olvidemos que este es un problema de profunda inequidad, de doble moral y de hipocresía social. Las personas que tienen recursos para hacerlo en forma segura no tienen ningún problema. Las personas que mueren, en general, son aquellas que sufren otros tipos de exclusiones”. Finalmente, la especialista destaca que el aborto implica una gran cantidad de problemas bioéticos como por ejemplo “el derecho a la dignidad, el derecho al trato digno, el derecho a la confidencialidad. Además, está la cuestión de que una ley es un contrato social”.

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