Panorama Colectivo – 07-03-2009

Escrito por el 6 de marzo de 2009

Derechos Humanos
Los asesinos de Kosteki y Santillán pretenden bajar sus condenas
 
Exigen el esclarecimiento de la muerte de joven detenida en Ezeiza
 
Trabajadores
Despidos y criminalización de la protesta social
 
Educación
Cortes por la educación
 
Despiden docentes en la Universidad de La Matanza
 
Internacionales
: El Congreso declara inconstitucional la Ley de amnistía
 
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Derechos Humanos
Los asesinos de Kosteki y Santillán pretenden bajar sus condenas
–    El martes por la mañana, en una audiencia realizada en La Plata, Amilcar Chiodo, abogado del ex comisario Alfredo Fanchioti pidió que se revisen las pruebas balísticas presentadas durante el juicio y manifestó su intención de presentar nuevas pruebas.
–    Es la tercera vez que Fanchiotti utiliza este recurso legal.
–    En febrero de 2008 debió ser trasladado a una cárcel de Varela al conocerse las condiciones de privilegio que tenía en el Penal de Olmos, además de las salidas irregulares que realizaba de la cárcel.
–    Según explicó Alberto Santillán, papá de Darío, la Sala no tiene una fecha límite para dar a conocer su decisión, por lo que esto podría ocurrir en días o en meses.
–     De todos modos, tanto los familiares como compañeros de Maxi y Darío  rechazan este nuevo intento de impunidad y exigen la investigación de los responsables políticos de la Masacre.

Exigen el esclarecimiento de la muerte de joven detenida en Ezeiza

–    Silvia Nicodemo apareció colgada de la ventana del baño con una sábana al cuello, el domingo 22 de febrero.
–    El Juzgado Federal en lo Criminal Nº 2 de Lomas de Zamora a cargo de la investigación caratularon la causa como “suicidio”.
–    Desde Correpi Sur explicaron que la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (que depende a su vez del Ministerio de Justicia de la Nación) cabe no sólo en su obligación de proteger la vida e integridad física de las detenidas, sino también por haber desoído los pedidos de traslado de sector que Silvia pedía luego de un altercado con una celadora, hecho por lo que fue sancionada con 20 días en celdas de castigo.
–    La Coordinadora considera que tanto los “suicidios” como las “muertes dudosas” en el marco de motines y represiones a los internos son moneda corriente, aunque solo tengan repercusión pública en caso de masacres como las ocurridas en las cárceles de Magdalena en 2005, y de Santiago del Estero en 2007.
–    Al conocer la noticia de la muerte de Silvia, sus quince compañeras de pabellón resolvieron comenzar una huelga de hambre seca.
–    Reclaman Justicia para Silvia y que los médicos forenses y peritos les realicen todos los estudios necesarios para develar lo sucedido.
–    Además, denuncian que luego de la aparición del cuerpo de Silvia fueron encerradas en forma individual, sin que se les diera explicaciones sobre lo ocurrido.

Trabajadores
Despidos y criminalización de la protesta social

–    La Dirección de Trabajo de la ciudad entrerriana de Concordia recibió una denuncia de la seccional Paraná de la CTA por discriminación ante el despido de un integrante del Movimiento de Trabajadores Mercantiles, adherido a la central de trabajadores.
–    Hugo Castillo era empleado desde hacía un año del Call Center de Concordia de la empresa provincial ConSumax, dedicada a la actividad financiera, y su caso se suma a los 30 despidos que desde noviembre del año pasado lleva ejecutados la compañía.
–    En tanto, cuatro trabajadores despedidos del Multimedia CEMDO, ubicado en la localidad cordobesa de Villa Dolores, denunciaron una fuerte presencia policial cuando el lunes pasado se manifestaron en la puerta de la empresa para repudiar la medida.
–    En tanto, los ex trabajadores de la empresa Fargo, Julio Gudiño y Gabriel Morales, fueron llevados a juicio acusados de privación ilegal de la libertad, coacción agravada y compulsión a la huelga.
–    El proceso comienza el 25 de marzo próximo.
–   Gudiño y Morales participaron de una huelga en la fábrica en mayo de 2007. Sus compañeros se encuentran juntando firmas para exigir su absolución.
 
Educación
Cortes por la educación
–    Los docentes rionegrinos llevan adelante un paro desde el 23 de febrero.
–    Desde el jueves a las 11 comenzaron con cortes programados y sistemáticos en ingresos a la provincia en: Sierra Grande, Río Colorado, Viedma, El Bolsón, Catriel y en Cinco Saltos, donde se realizó un corte ya programado con docentes neuquinos.
–    “Nosotros después del día diez de corte de ruta, ocho días de paro por tiempo indeterminado y con las actividades de permanencia en delegaciones, carpa en el Centro Cívico en Bariloche, en Viedma con volanteadas en organismos públicos y marcha de antorchas, volanteada en peaje de Cipolletti, hicimos que se vea el estado de movilización del gremio”, dijo Nervi, el secretario general de Unter.
–    Miriam Bertoni, secretaria general de la seccional Roca, dijo que "se ha llegado a este punto por la sistemática falta de respuestas de parte del gobierno provincial" y advirtió que "si no hay respuesta la situación se va a ir complicando porque vamos a ir a buscar a los funcionarios de todos los niveles para escracharlos".
–    Los maestros están acompañados por el grupo que dio en llamarse “Padres amigos”  y por la Asamblea por la Educación Pública, que desde el año pasado unifica los reclamos por la infraestructura, los alimentos y equipamiento escolar. Conjuntamente marcharon hoy por las calles de Bariloche.
–    docentes no sólo piden una mejora salarial sino que, además, exigen mejores condiciones edilicias, la reincorporación de los 14 maestros rurales despedidos; el transporte escolar seguro para el ámbito rural y una merienda que garantice salubridad y nutrición.
–    Sorpresivamente la titular de la Ctera, gremio nacional docente, Stella Maldonado visitó la carpa docente instalada en el Centro Cívico rionegrino.
–    Maldonado expresó que respalda el conflicto y que la causa de los mismos es que “los gobiernos provinciales no convocaron a la discusión salarial”.

Despiden docentes en la Universidad de La Matanza

–    Mariela Bernárdez y Juan Mascaró daban clase en la Universidad de la Matanza desde el año 2000.
–    Egresados de la misma institución, dictaban el Taller de Televisión en la Carrera de Comunicación Social.
–    Sin embargo quedaron sin ninguna protección legal a sus empleos por ser parte del 80% de los docentes interinos que tienen las universidades de nuestro país. El despido fue realizado bajo el eufemismo de “no renovación de contrato”.
–    En conversación con Red Eco, Mariela resaltó que parte de los objetivos del taller era generar un espacio para “pensar qué es ser comunicador social. Plantearnos que contar historias a partir del cine documental es siempre narrar una historia y por lo tanto siempre hay alguien que narra. Alguien que pone su mirada del otro lado de la cámara. Esto nos permite ver al comunicador como un sujeto de cambio y generar historias que abran el debate”.
–    Claramente no fue bien recibida esta línea de pensamiento. Durante 4 años se vieron continuamente amenazados. La UNLaM ya tiene mecanismos aceitados para ello: la naturalización de la situación de presión, la ausencia de protesta y las disconformidades dichas en voz baja son moneda corriente. Además existe un constante temor a disentir por miedo a perder el empleo.
–    Ambos docentes habían recibido presiones reiteradas para que dejaran de proyectar videos o con el fin de desarticular el Taller de Cine Documental que logró un gran reconocimiento a través de exhibiciones en barrios, cines  y festivales.
Internacionales
URUGUAY: El Congreso declara inconstitucional la Ley de amnistía

–    La Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay resolvió declarar inconstitucional la Ley de caducidad que otorgó amnistía a militares y policías responsables de delitos de Lesa Humanidad.
–    La decisión del máximo órgano parlamentario uruguayo abre las puertas para que la Corte Suprema de Justicia avance en los juicios por los crímenes de la última dictadura militar.
–    La Ley de caducidad, aún vigente, impide desde 1986 que altos mandos y subalternos del ejército sean juzgados. En ese año, tras el retorno de la democracia, fue aprobada por legisladores de los partidos blanco y colorado.
–    Ambas fuerzas de derecha no consiguieron frenar la voluntad del oficialista Frente Amplio en el Parlamento, y la mayoría legislativa fue por la inconstitucionalidad de la Ley.
–    Sin embargo, la resolución alcanzada este miércoles en el Congreso uruguayo no es vinculante. Por ese motivo, el oficialismo prepara un plebiscito para octubre, que se realizará en simultáneo a las elecciones presidenciales.
–    Pero la última palabra será de la Corte Suprema de Justicia que debe emitir su fallo en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974 en una unidad militar.
–    Si el máximo Tribunal considera la inconstitucionalidad de la amnistía en ese caso, sentará precedentes para que otros crímenes similares sean juzgados en Uruguay.
 

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