Panorama Colectivo – 24-10-2009

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que ratifica la orden dada a la empresa Haciendas San Eugenio S.A. por el Superior Tribunal de Justicia Correntino para que demuela un terraplén ilegal de más de 27 kilómetros construido en plena Reserva Provincial de los Esteros del Iberá.
“El mayor órgano judicial del país les ha dado la razón a los habitantes del paraje Yahaveré. Es ampliamente destacable que a pesar de las sucesivas instancias por las que pasó este caso, no hubo un solo juez que disidiera con el justo reclamo de los pobladores del estero. La Justicia ya dio su veredicto final” sostienen desde No a los Terraplenes. 
Cabe recordar que el terraplén comenzó a construirse en noviembre de 2005 por la empresa Forestal Andina, cuya razón social cambio por Haciendas San Eugenio S.A, sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Inmediatamente que se inició la obra,  un productor del paraje Yahaveré, Bruno Leiva, advirtió a la justicia sobre las consecuencias de su realización y solicitó a la justicia una acción de amparo con el fin de lograr la destrucción del terraplén que por aquel entonces contaba con aproximadamente 1,5 Km de largo.
Desobedeciendo  las órdenes judiciales para poner fin a la obra, la empresa continuó con el avance del terraplén ubicado en el paraje a unos 30 kilómetros al este de la ciudad correntina de Concepción, y es el acceso norte a los Esteros del Iberá, donde habintan cerca de 15 familias.

La Universidad de Río Cuarto rechazó fondos de La Alumbrera

La empresa de minería a cielo abierto La Alumbrera no pudo ingresar sus fondos explotadores a la Universidad de Río Cuarto, como ya lo había hecho en la UBA y la Universidad Nacional del Comahue, entre otras.
La decisión del consejo superior de la universidad sienta un precedente difícil de digerir por el resto de los miembros de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), debido a que de cinco facultades riocuartenses, una sola había votado el rechazo de los fondos mineros, sin embargo el Consejo Superior, por mayoría, tomó la decisión de rechazar los fondos que provienen de la minera que explota yacimientos de cobre y otros minerales metalíferos en proximidades de las poblaciones de Belén y Santa María en la provincia de Catamarca.
Como es sabido, una parte pequeña de dicha explotación minera son fondos que recibe la Universidad de Tucumán, socia de mina Alumbrera.
Los daños irreversibles que ocasiona la explotación a cielo abierto con compuestos químicos ha provocado intensas movilizaciones populares de las comunidades afectadas, acciones que impactaron decisivamente, comprometiendo a  todas las universidades del país. 
En el mismo momento de los hechos radio Universidad de Río Cuarto se comunicó con RENACE por entender que este hecho marca un trascendente capítulo en torno a los fondos mineros para las universidades.
Las compañías mineras no cuentan con la licencia social de los pueblos y pretenden en cambio la "bendición" técnica y científica de las academias, sostienen en un comunicado de prensa.

Derechos Humanos
Como si nada hubiera pasado

El Ministerio de Seguridad bonaerense reincorporó a los ocho policías del destacamento preventivo de Lomas del Mirador implicados en el caso de Luciano Arruga.
Los familiares y amigos del joven de 16 años desaparecido en enero pasado, repudiaron esta decisión del ministro Carlos Stornelli, quien los había recibido (, escuchado y tomado conocimiento de los detalles de la causa y de su falta de resolución.
Cabe recordar que en abril, se realizó un rastrillaje en el Predio Municipal Monte Dorrego en busca de rastros de Luciano cuyos resultados fueron positivos.
Mientras esto sucedía el propio Stornelli se acercó al lugar y dispuso el pase a disponibilidad de los policías Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz, quienes estuvieron en el Destacamento Preventivo de Lomas del Mirador la noche en la que desapareció Luciano.
Tras tres meses, y cuando todos los indicios de la causa continúan confirmando la responsabilidad del personal del Destacamento de Lomas, el mismo ministro reincorporó a los policías en otros servicios.
Los familiares de Luciano repudian esta decisión y exigen explicaciones. Es por esto que se manifestarán el próximo 30 de octubre, a las 11, en la Plaza de San Justo, para luego movilizarse hacia el Juzgado de Garantías Nº5, a cargo del Juez Banco.

Comienza en Santa Fe un juicio por trata de personas

Es el primero en la provincia y el tercero a nivel nacional desde la entrada en vigencia de la ley que castiga el tráfico de blancas.
El próximo 29 de octubre, Julia Núñez empezará a ser juzgada por haber raptado a dos mujeres, una de ellas menor de edad, y de haberlas ingresado a una red local de trata de personas, con el argumento de que les conseguiría un trabajo temporal.
En tanto, continúa prófugo Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien es señalado como el explotador de las chicas y regente de un caberet de la localidad.
Una de las jóvenes, Viviana Ruiz, pudo escapar y regresar con su familia, tras lo que aseguró haber visto a la menor, Carolina Fernández de 13 años, e identificó a Núñez como la persona que la capturó.Carolina, en tanto, continúa desaparecida.
La Fiscalía Federal señala con certeza que en los dos casos aparece la explotación de la víctima para ejercer la prostitución, “la que generalmente se logra mediante amenazas hacia su persona o parientes lejanos”.
De acuerdo a lo informado por la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y trata de Personas, que depende de la Procuración, desde junio de 2008 a septiembre de este año fueron rescatadas 329 víctimas del negocio de la trata. El 80% eran mujeres y 4 de cada 10 personas rescatadas eran menores de edad.

Internacionales
Honduras: Declaración del Alba, desde Cochabamba     

Los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba) resolvieron, el viernes, que aplicarán sanciones económicas y comerciales contra el régimen dictatorial instalado en la nación hondureña.
El documento contiene siete resoluciones específicas, entre las cuales se expresa textualmente la decisión de “aplicar sanciones económicas y comerciales en contra del régimen golpista, adoptadas por parte de los países miembros, según corresponda”.
La iniciativa fue comentada por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de Bolivia, Evo Morales, durante los debates correspondientes a la VII Cumbre del grupo, instalada este viernes en Cochabamba, Bolivia.
Las otras medidas incluyen no reconocer ningún proceso electoral (ni sus resultados) efectuado bajo el régimen dictatorial; no permitir el ingreso o permanencia en los países Alba de los integrantes y funcionarios del gobierno golpista; encomendar al grupo de trabajo del Alba en temas de derecho internacional el estudio de sanciones ante instancias de justicia internacional
A su vez, también se insta a pedir urgente a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nombre una comisión especial de cancilleres para viajar a Honduras y exigir el régimen respeto a la inviolabilidad de la Misión Diplomática de Brasil, en cuya embajada se encuentra el presidente Manuel Zelaya.