Panorama Colectivo – 21-02-2009

Escrito por el 21 de febrero de 2009

Derechos humanos
La causa de Jorge Julio López puede quedar en la nada
El trabajo esclavo de los ajeros de Mendoza

Medios de comunicación
Conflictos en y con los medios de comunicación

Recursos Naturales
Contaminar al hombre

Internacionales
Ecuador investigará a oficiales por entregar información reservada a EE.UU.

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Derechos humanos
La causa de Jorge Julio López puede quedar en la nada

Las organizaciones de derechos humanos temen que la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida hace exactamente 29 meses, pueda quedar en la nada, luego de que el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza pidiera apartarse por "violencia moral" tras la acusación de la familia de la víctima.
"Me siento pésimo porque he dedicado gran parte de mi actividad a esa causa y ya no tengo la tranquilidad de espíritu como para seguir con ella", dijo Corazza al confirmar la noticia de su pedido de apartamiento.
Según dijo, "no puedo estar denunciado por la familia por un lado e investigando la desaparición de López por el otro".
Si se acepta la excusación, la investigación por el caso López pasaría a manos del juez federal platense Manuel Blanco
Por su parte, Rubén López, hijo del albañil desaparecido, insistió en que alguien debe hacerse responsable por la falta de protección que sufrió su padre y advirtió: "mi viejo era una prueba viviente y no lo cuidó nadie".
Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre del 2007 cuando estaba a punto de dictarse sentencia en el juicio oral en el que él había sido querellante y testigo clave contra Miguel Etchecoltaz, el ex director general de la Policía que fue condenado reclusión perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
 

El trabajo esclavo de los ajeros de Mendoza
Los trabajadores ajeros de esta provincia cuyana emitieron un comunicado en el que denuncian el trabajo esclavo e infantil, recientemente registrado por la cooperativa La Alameda.
En el comunicado, los trabajadores del ajo hacen referencia a su lucha de más de un año contra el trabajo esclavo e infantil encubierto por cooperativas truchas que benefician las ganancias millonarias para los empresarios del sector.
La denuncia de la fundación " La Alameda " que investigó solidariamente el reclamo que llevamos al Congreso de la Nación y el Ministerio de Trabajo en Capital Federal sobre la explotación de niños y el trabajo esclavo en el Ajo, demostró con filmaciones, fotografías y testimonios la cruda realidad que se pretende ignorar y encubrir en la provincia.
El gobierno se ha demostrado incapaz de terminar con este flagelo. Al punto que el señor Gabutti dice esperar la incorporación de equipos de GPS y helicópteros para detectar estos casos.
Decir que para detectar el trabajo infantil requiere de estos equipos, intenta con mala fe desconocer una realidad que se ve en las rutas rurales, plazas públicas y fincas de todas las empresas del sector, sobre todo las líderes: Campo Grande, Bamenex, Sanes, Gispe, Pontoni, y otras representadas por Asocam.
En el comunicado, además, exigen la renuncia inmediata del Director de Cooperativas Daniel Berchessi y el Subsecretario de Trabajo Jorge Gabutti por haber incumplido su responsabilidad de garantizar los derechos de los niños y la legislación laboral vigente, llegando incluso a justificar prácticas ilegales como las cooperativas truchas, y desconocer la explotación de decenas de miles de niños en la provincia.  

Medios de comunicación
Conflictos en y con los medios de comunicación

Pese a que en este país la propiedad de los medios es nacional al menos en un 70 % por ley, los diarios La Nación y Crónica despiden trabajadores como si estuvieran en el centro del huracán.
En el caso La Nación, uno de los diarios más vendido de circulación nacional, la semana pasada la empresa editorial decidió despedir a 36 trabajadores, aunque están bajo el plazo de vigencia de la conciliación voluntaria acordada bajo el Ministerio de Trabajo por la empresa y los trabajadores.
En el año 2008, la comisión interna junto a la Unión de Trabajadores de Buenos Aires (UTPBA), rechazaron el intento de despedir a personal del centro de atención telefónica del sector de avisos. Al mismo tiempo, la empresa indujo los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para otros sectores.
En el diario Crónica, siete trabajadores fueron despedidos. Por este motivo, la asamblea del personal de prensa está en estado de alerta y exige la reincorporación sus compañeros.
La UTBPBA en este caso solicitó “una inmediata audiencia en el Ministerio de Trabajo con el objetivo de reclamar la reincorporación de los siete trabajadores de prensa”.
Mientras tanto, en San Luis el periodista Mario Otero fue agredido por el concejal Oscar Disisto, actual Presidente del Concejo Deliberante de la capital provincial. Cuando Otero le consultó al funcionario sobre una ocupación de tierras, el mismo le contestó, entre otras agresiones “te voy a arrancar la cabeza”.
Y esto es sólo un paneo de algunas de las situaciones atravesadas por periodistas argentinos. Con una ley que regula la cantidad de capital extranjero que puede tener un medio nacional. Pero sin una ley que restrinja la concentración de propiedad, sin importar su procedencia.

Recursos Naturales
Contaminar al hombre

La Asamblea de Vecinos de Punta Lara y Organizaciones ambientalistas denunciaron la intención de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse)  de  ampliar  su capacidad de enterrar residuos en montañas ya existentes.
Según los asambleístas “la Ceamse pretende seguir enterrando en el predio ilegal de Punta Lara, las mil toneladas de residuos diarios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen. Van a construir caminos para que los camiones puedan llegar a esas pilas de basura”.
Con la ampliación del predio, las montañas se elevarían entre 5 y 8 metros más de la altura que poseen actualmente “y han elegido como método para seguir contaminando, el depositar residuos en las montañas donde ya se habían enterrado residuos durante la década del 90" afirman.
Los vecinos hace varios años que exigen al gobierno el cierre de la Ceamse ya que la contaminación del mismo afecta seriamente la salud de la población, sin embargo, aún no obtuvieron una respuesta concreta.
Sumado a esto, especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) y el Hospital de Niños de La Plata determinaron un incremento de problemas respiratorios en los chicos que residen en cercanías del  polo petroquímico de Ensenada. 

Internacionales
Ecuador investigará a oficiales por entregar información reservada a EE.UU.

El Gobierno de Ecuador anunció que investigará a un mayor y tres capitanes de la Policía Nacional por su participación en la entrega de información reservada del país a la embajada de Estados Unidos en Quito.
Según el ministro, hoy mismo “se pondrá en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes el contenido de un informe en el que se describen los niveles posibles de participación de algunos funcionarios”.
El pasado 2 de febrero, el presidente Rafael Correa anunció la expulsión del país de Armando Astorga, agregado de la embajada de EE.UU. en Quito porque envió una carta a la Comandancia General de la Policía en la que informaba que se daba por terminado “un entendimiento de apoyo logístico” de EE.UU. con esa institución.
La finalización del convenio respondió a un relevo en la jefatura del Centro de Operaciones Anticontrabando (COAC), unidad en la que funcionarios de EE.UU. participaban en la selección de altos cargos.
Correa consideró esa carta como una grosería y pidió a la Policía que entregara todos los bienes que la embajada de EE.UU. había donado a la institución, aunque no se refirió a la información que estaba en los ordenadores, que también fue entregada a la embajada.
Ante eso, el jefe del Estado ecuatoriano reclamó a la Policía por haber entregado las computadoras con información clasificada y pidió una investigación al respecto.
“No permitiremos estos abusos”, porque en Ecuador “los días de entreguismo y colonialismo quedaron atrás”, declaró el mandatario en ese momento, quien criticó también el hecho de que la embajada de EE.UU. designara a los miembros de las unidades policiales que financiaba mediante convenios “verbales” de cooperación.


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