No al Rally Dakar

Escrito por el 3 de enero de 2009

2 de Enero de 2009
No al Rally Dakar. NUEVA INVASIÓN DE AMÉRICA
Por  Newen Antv desde Neuquén
El Rally Dakar viola los derechos de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas directamente afectados por el trayecto, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Todo el tramo sur de la carrera se intentará hacer en territorio ancestral mapuche, así lo denuncia el Consejo Asesor Indígena de Río Negro en un extenso comunicado de prensa. Además, en este primer boletín se expone parte de la propuesta, elaborada en el Congreso Bariloche (2007), de revisar las categorías de manejo reconocidas actualmente. La creación de la figura Territorio Indígena de Conservación bajo el control de nuestras organizaciones indígenas y afro, regulada por el derecho indígena como herramienta de control y administración de esos territorios. Y Se da a conocer una sentencia de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) que establece nuevo y superior estándar sobre los Derechos Indígenas.

1.    El Rally Dakar viola los derechos del Pueblo Mapuche y destruye el ecosistema en Wallmapu. Por El Consejo Asesor Indígena – Río Negro.
1.1.    VIOLACION DEL DERECHO INDIGENA Y AMBIENTAL EN RIO NEGRO. Por El Consejo Asesor Indígena – Río Negro.
2.    Autonomía y Libre Determinación. Fragmentos del Documento Posición Política Congreso Bariloche (2007).
3.    América: Sentencia de la CIDH establece nuevo y superior estándar sobre los Derechos Indígenas. Por Servindi, (sitio web).

El Rally Dakar viola los derechos del Pueblo Mapuche y destruye el ecosistema en Wallmapu.
Por Consejo A. Indígena – CAI
Puel Mapu, 31 de diciembre de 2008

La irrupción violenta e inconsulta del Rally Dákar 2009 en el wallmapu –territorio ancestral mapuche que comprende parte de los actuales estados nacionales de y Argentina- es una triste prueba de la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios de América.

Capitales privados y gobiernos nacionales y provinciales acordaron el año pasado una travesía depredadora por nuestro espacio territorial, violentando  nuestra relación ancestral con y en el wallmapu para alimentar una de las formas más frívolas del mercado del turismo de consumo internacional: la “aventura” por “los extensos desiertos salvajes” de esta parte del mundo conocida y comercializada como Patagonia.

Por lo menos en julio de 2007 comenzaron las conversaciones oficiales entre las empresas privadas y Turismo de la Nación, según la información oficial de prensa de gobierno. Al mismo tiempo debieron ponerse en marcha los mecanismos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales al que el Estado argentino adhirió.
Todo el tramo sur de la travesía Dákar 2009 se hará en territorio ancestral mapuche. Y, a horas de la llegada de la invasión “turística” ninguno de nuestros peñi ni lamngen, lof, comunidades ni nuestra organización fue ni siquiera informada ni consultada, en total y abierta violación al Convenio 169, la Carta de Derechos Indígenas de la ONU, el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley Integral del Indígena Nº2287, además de numerosa legislación de protección ambiental y del patrimonio genético, antropológico y paleontológico.
Nos consta que no se hizo en la juridicción de la provincia de Río Negro; tampoco en las provincias vecinas conformadas en el wallmapu y donde existe población mapuche organizada social y políticamente.

“No es una carrera normal. Es una carrera diferente y es por eso que se opta por pistas que no son conocidas por los participantes y que ellos llegan a conocer en el momento que se desarrolla la competencia. Justamente, en el marco de espíritu de descubrimiento y de aventura, se trata de cambiar y optar por nuevos territorios”, dijo un representante de la empresa organizadora Amaury Sport Organisation en febrero de este año, cuando oficialmente presentaron el evento en despachos oficiales del gobierno nacional en Buenos Aires.
Los gobiernos en pleno subordinaron sus obligaciones jurídicas y sus compromisos políticos –entre ellos, los establecidas por los pactos internacionales- ante la vidriera frívola del vértigo en la TV global.

VIOLACION DEL DERECHO INDIGENA Y AMBIENTAL EN RIO NEGRO

La totalidad del espacio que hoy comprende el Estado provincial de Río Negro es parte del wallmapu, nuestro espacio de vida ancestral.
Como organización política de base del pueblo mapuche, desde hace años venimos denunciando que los sucesivos gobiernos de la provincia de Río Negro implementan estrategias sistemáticas tendientes a despojar a los mapuche de nuestras ocupaciones tradicionales y de sus recursos. De este modo, la aprobación y participación en este rally internacional está en total concordancia con la falta de reconocimiento de las ocupaciones tradicionales de los lof y comunidades; de la aprobación de planes mineros, forestales, inmobiliarios e hidrocarburíferos enajenadores del patrimonio natural, cultural y económico de la mayoría de la población.

Este evento no sólo viola el Convenio 169 y la Declaración de Nacionales Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, sino también las leyes rionegrinas Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193, además de otro paquete de normas referidas al patrimonio genético, cultural, paleontológico y arqueológico.

Incumplimiento del Convenio 169: Este Rally se correrá en jurisdicción rionegrina:

a) sin que se haya realizado la consulta previa prevista en los artículos 6 y 15.2 del C169, y sin respetar los derechos establecidos en el artículo 7.1 primera parte.

b) sin que se hayan realizado previamente, en cooperación con los pobladores y/o comunidades afectadas, los estudios de incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades referidas puedan tener sobre ellos (art. 7.3).

c) sin que se haya dado participación a los pobladores y/o comunidades afectadas en la formulación, aplicación y evaluación de esas actividades (art. 7.1. in fine).

d) sin haberles dado participación en la formulación e implementación de medidas destinadas a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (art. 7.4).

e) en virtud de lo que establecen los artículos 41 y 42 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin que se hayan respetados los art. 3, 19, 20, 26.2 y 32 de esa misma declaración.

El Estado nacional argentino es jurídicamente corresponsable del incumplimiento de su aplicación en RN de estos dos acuerdos internacionales, los que tienen rango constitucional.

Ley Provincial Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental
La autoridad de aplicación de esta ley es el Consejo de Medio Ambiente (CODEMA) y los Municipios que no hayan delegado esa facultad. Estas instituciones no se encuentran integradas por representantes del Pueblo Mapuche de la provincia.
La ley prevé una Evaluación de impacto ambiental (EIA) que define como “…el procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o mitigar, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia” (art. 4).

Según el art. 7, la EIA está integrada por las siguientes etapas:
a) La presentación de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental.
b) Estudio de Impacto Ambiental.
c) La audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto y/o donde se produzcan sus impactos.
d) El dictamen técnico.
e) La Resolución Ambiental.

Los Estudios de Impacto Ambiental previstos deben contener, entre otros datos, la evaluación de los efectos “…previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna y los ecosistemas” (art. 16.f); “…sobre los bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse” (art. 16.h).
La ley también prevé un sistema de auditoria, monitoreo, control y fiscalización ambiental (art. 22.e) que operará durante todas las etapas de las actividades acordadas el que estará a cargo del CODEMA (art. 26).

Esta ley no cumple con los derechos particulares de consulta y participación de los pueblos indígenas previstos en los artículos 6, 7, 17.2 y 15-2 del C169, con los requisitos de validez que esas normas establecen.
De todos modos, tampoco se aplicó con los pequeños productores ganaderos de la región, con la población civil en general ni organizaciones ambientalistas e instituciones de investigación científica con intervención en el área que se afectará.

Ley Provincial Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193
Parte del recorrido del rally, que afectará la vida y los territorios de pobladores o comunidades mapuche, se realizará en espacios declarados Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la información fragmentada y escasa a que se pudo acceder del “circuito secreto”.
También en esta ley surge claramente la falta de previsión de la implementación de los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas afectados, según se detalló en el punto b de la Presentación del presente informe, a lo que se suma el incumplimiento de otras normas del mismo Convenio.

La declaración de un espacio determinado como Área Natural Protegida no es sinónimo de protección de los territorios, recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas. Así lo prueban los daños ya probados en los recorridos preliminares del comité organizador para la delimitación del circuito, cuestión denunciada pública y judicialmente por pequeños productores de la región afectados.

En particular nos interesa insistir en que el espacio territorial Zunguncurá, conocido hoy como meseta de Somuncurá, es un lugar sagrado para el pueblo mapuche por su fuerza espiritual y de protección durante el aukán, guerra del Estado argentino contra nuestro pueblo conocida como campaña del desierto (1880/84).
Al rally recorrerá Somuncurá y, aunque insisten en que será en un trazado “de enlace” y no de competencia, el número de vehículos y personas involucrados necesariamente dañará este espacio de alta fragilidad medio-ambiental, soporte de biodiversidad y alto valor genético.

Las comunidades, lof o pobladores mapuche que habitan los territorios tradicionales que en su totalidad o en parte integran el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia no han dado su consentimiento previo, libre e informado para que esos espacios sean declarados ANP. Esa falta de consulta se reiteró ante este rally, que tampoco cumplió con las exigencias del plan de manejo del área protegida Somuncurá que el propio gobernador Miguel Saiz presentó oficialmente semanas atrás en la Línea Sur rionegrina cuando ya estaba cuestionado públicamente la realización de este evento.

También queremos destacar la situación particular del área de las lagunas Carrilafquen Grande y Chica, ubicada a 15 kilómetros al norte de la localidad de Huauel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), uno de los puntos seguros de la trayectoria. Todos los investigadores y defensores del medio ambiente rescatan la declaración de área protegida provincial Carri Lafquen hecha en 1959, como un antecedente temprano de un espacio de meseta que merece resguardarse. Sin embargo, jamás fue mencionada por las autoridades provinciales en relación al recorrido de este rally y prolijamente ignorada ante un pedido de informes sobre áreas protegidas respondido recientemente por el CODEMA a nuestra organización.
El área Carri Lafquen es espacio de ocupación ancestral de varias comunidades mapuche y de pequeños productores ganaderos que manifestaron pública y reiteradamente su oposición.

Así, nadie puede sostener seriamente que esto es un evento deportivo; es un negocio político y económico montado a partir de la riqueza de la biodiversidad de nuestro territorio, garantizado por una fuerte militarización del área que pretenden seguir considerando desierta. Como Colón hace 500 años desembarcarán con agentes encubiertos, bloquearán los caminos y rutas, y establecerán cortes y controles innecesarios, desmesurados e inadmisibles para la vida en tiempos de paz.
Con la complicidad imprescindible de intereses locales y regionales, las empresas y los gobiernos pretenden convertir al wallmapu en un bien de consumo y explotación comercial for export. A la vez, reactualizan el modelo histórico de negación de nuestra existencia misma como pueblo originario.
No nos sorprenden ni la negación ni la violencia de los Estados y del capital enmascaradas bajo formas “globalizadas” de supuestos turismo y deportes de aventura. No pudo la guerra de exterminio desatada con la cruz y la espada. Nada detendrá nuestra decisión como Pueblo Mapuche de avanzar en la recuperación integral del wallmapu para la reconstitución de nuestra vida libre con los newen (fuerzas de la naturaleza) hoy amenazadas por cientos de ruedas.
Defenderemos los newen amenazados porque son y están en la esencia misma de nuestras vidas. En cualquier circunstancia, seguiremos el legado de nuestros mayores: diez veces nos matarán, diez veces volveremos.

Marici weu!! Marici weu!! Marici weu !!  CAI

Publicado en: http://argentina.indymedia.org/news/2009/01/647240.php

Autonomía y Libre Determinación

La falta de consulta con los pueblos Indígenas, lesiona gravemente los derechos fundamentales a la supervivencia cultural, a la autonomía y la libre determinación Así lo explican, en este fragmento de documento, representantes de Pueblos Indígenas de América.

DOCUMENTO DE POSICIÓN POLÍTICA

Los Pueblos Indígenas, reafirmamos la titularidad sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales y genéticos que poseemos como herencia de nuestros ancestros. El Espacio de Vida, es decir el territorio, está siendo vulnerado constantemente por los múltiples cambios normativos, los megaproyectos y las decisiones político- administrativas de los Estados, los cuales sin consulta con los pueblos, lesionan gravemente nuestros derechos fundamentales a la supervivencia cultural, a la autonomía y la libre determinación.
Entre estas violaciones se cuentan, desde décadas atrás, el establecimiento de las llamadas Áreas Protegidas (AP) en sus diferentes categorías, superpuestas a nuestros territorios, imponiendo otro sistema de autoridades y de normas a las nuestras, originarias y preexistentes… (fragmento de la primera parte).

PROPUESTA:
INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DESDE
EL MANEJO Y EL CONTROL TERRITORIAL INDÍGENA

Los Pueblos Indígenas hacemos saber que en distintos encuentros que hemos tenido en varios lugares del continente para analizar las categorías de manejo establecidos por la UICN y otras organizaciones ambientalistas y gobiernos, hemos llegado a la conclusión de que esas enunciaciones poco reflejan el sentir y aspiraciones de nuestras comunidades.

Estamos convencidos que estas categorizaciones no han sido una solución ni a los esfuerzos de conservación y desarrollo de nuestros pueblos, más bien han sido instrumentos más de violación de nuestros derechos, especialmente el relativo a la soberanía, propiedad y administración de nuestros territorios y recursos naturales. En tal sentido, la conceptualización, categorías, zonificación, normas y esquemas de manejo y protección de los parques y áreas protegidas superpuestas en territorios indígenas en América Latina, urgen de una revisión y actualización basada en el reconocimiento de los derechos.
Por lo tanto concluimos que ya es el momento de revisar las categorías de manejo reconocidas actualmente. La demanda más clara se refleja en la necesidad de:
Creación de la figura Territorio Indígena de Conservación como nueva categoría de manejo bajo el control de nuestras organizaciones indígenas y afro, regulada por el derecho indígena como herramienta de control y administración de esos territorios.
Los Pueblos Indígenas no vivimos dentro de las AP. Las AP están dentro de los territorios indígenas y gracias a nuestros modelos de uso, trabajo y conocimiento tradicional podemos legar al mundo lo poco que queda para las futuras generaciones.
De igual manera queremos hacer un llamado al pleno reconocimiento de todos nuestros derechos como Pueblos Indígenas y no sólo de nuestros conocimientos tradicionales que ha de significar en nuestros países y continente la efectiva lucha por la conservación de los recursos naturales y el pleno reconocimiento de los seres humanos que sin aspirar a recursos económicos siguen trabajando por el bienestar de toda la humanidad.
Finalmente, solicitamos al II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales que conforme la Comisión de Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas como fuera solicitada en Durban, a fin de evaluar nuestras demandas y llevarlas a la Conferencia de las Partes para su reconocimiento.
Y, reiteramos nuestro reconocimiento a las organizaciones internacionales ambientalistas y financieras que nos han acompañado en el proceso de reconocimiento de nuestros derechos y en la protección de la Madre Tierra y les solicitamos que hagan efectiva su solidaridad con nuestra demanda principal así como garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en la definición de las políticas que de alguna manera afectan la armonía y estabilidad de nuestros pueblos con la naturaleza.

PARTICIPANTES: Onel ARIAS (Panamá), Atencio LOPEZ (Panamá), Edith BASTIDAS (), Robert CARTAGENA (Bolivia), Jonson CERDA (Ecuador), Adalberto PADILLA (), Mirta PEREYRA (), Giselle RODRÍGUEZ (Costa Rica), Alfredo SEGUEL (Chile), Horacio PARADELLA (APN- Argentina), David SARAPURA (Argentina), Verónica HUILIPAN (Argentina), Jorge NAHUEL (Coordinador).

Fragmentos del Documento Posición Política Congreso Bariloche (2007) Buenos Aires, 7 y 8 de Agosto de 2007. Publicado por la Dirección de Pueblos originarios de Argentina en:
http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=5958

AMÉRICA: SENTENCIA DE LA CIDH ESTABLECE NUEVO Y SUPERIOR ESTÁNDAR SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS
 Servindi. 27 de Marzo de 2008

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaka contra el Estado de Surinam establece un nuevo y superior estándar sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se pronuncia sobre los derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales, así como sobre el derecho de participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas respecto de los planes de inversión y desarrollo en sus territorios.
Servindi, 25 de marzo 2008.- La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaka contra el Estado de Surinam establece un nuevo y superior estándar sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, destacó la especialista Raquel Yrigoyen.
“La sentencia de la Corte -adoptada el 28 de noviembre de 2007- integra los avances de su propia jurisprudencia, los contenidos del Convenio 169 y la reciente Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” afirmó la citada abogada.
La sentencia se pronuncia sobre los derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales, así como sobre el derecho de participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas y tribales respecto de los planes de inversión y desarrollo en sus territorios.
De igual modo define criterios y garantías jurídicas sobre las concesiones para actividades de exploración o explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
La Corte establece que antes de dar concesiones -que en la práctica van a restringir de algún modo los derechos territoriales o el modo de vida de los pueblos- los estados están obligados a asegurar tres garantías:
La participación efectiva de los Pueblos Indígenas y Tribales en los planes de inversión o desarrollo.
Beneficios razonables para los Pueblos Indígenas y Tribales.
Estudios de impacto ambiental y social técnicos e independientes.
En una interpretación progresiva, la Corte analiza los derechos de participación efectiva desde los planes de inversión o desarrollo, el derecho de consulta previa, como un proceso comunicativo continuo, y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, como salvaguardas necesarias que los estados están obligados a cumplir antes de cualquier concesión.
La Corte establece que, por ejemplo, en los casos de planes de desarrollo o inversión de gran escala (megaproyectos), el Estado no solo está obligado a la consulta sino a obtener el consentimiento libre, informado y previo.
La sentencia de la Corte, a cuya jurisdicción están sometidos los estados del continente americano, brinda pautas más específicas y seguras acerca de por donde deben ir las políticas públicas, la legislación y la jurisprudencia nacional en los temas señalados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto.
Fue establecida en 1979 y está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal.

Sacado de, http://www.ecoportal.net/content/view/full/77228


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