El proyecto contra el tarifazo de Romina Del Pla

Escrito por el 8 de mayo de 2018

La intervención y el proyecto de ley que ha presentado la diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero-Frente de , contra los tarifazos, concentra un planteo integral de salida desde el punto de vista de los trabajadores y permite desnudar, por contraste, el carácter del actual debate parlamentario.
La diputada por la provincia de Buenos Aires volvió a exponer, esta vez en la Comisión de Presupuesto, los lineamientos de su proyecto, que plantea retrotraer las tarifas de servicios públicos de electricidad, agua, gas natural y comprimido, , telefonía y peajes a enero del 2016; dispone anular el decreto que liberó el precio de las naftas y establece el control de técnicos y usuarios de los contables de las empresas, en comisiones que deberán a su vez recoger las denuncias de usuarios por déficits del servicio e irregularidades en los cobros. Finalmente, convoca a un de representantes de trabajadores para realizar el seguimiento de estas resoluciones y “deliberar acerca de la reconfiguración del sistema de concesiones de servicios públicos”.
En su intervención, Del Plá denunció las maniobras macristas para bloquear el tratamiento de los proyectos, que impidieron la votación en la reciente sesión especial de la cámara; y los anuncios frente a una posible resolución que limite los aumentos por parte del gobierno –que ya anunció que la vetará– y las principales centrales empresarias, de una huelga de inversiones en caso de que se apruebe. En los fundamentos de su proyecto Del Plá señala que con los tarifazos “los únicos que ganan son las empresas de servicios públicos privatizadas. Central Puerto (…) ganó en el 2017 más de $2.100 millones, 48% más que el mismo lapso de 2016. Transportadora de Gas del Sur (TGS) declaro un incremento de sus ganancias del 288,09%. Les siguen Gas Natural Fenosa, Metrogas, Edenor, todas con utilidades millonarias”. Del Plá denunció el esquema de naftas y gas que beneficia a los pulpos con los precios de venta más caros del mundo, mientras tiene costos , y defendió que la renta petrolera y gasífera (la diferencia entre el precio nacional y el costo de producción) debe ser utilizada en un plan nacional de industrialización del país bajo gestión y control obrero.
Pero la diputada dejó en claro que ni el oficialismo ni la “oposición” han colocado el eje en el problema clave, que es el control de estos servicios básicos para la población trabajadora en un grupo de capitalistas parasitarios. El proyecto del PJ y el Frente Renovador –que plantea ajustar incrementos futuros a los de los salarios, y una reducción del IVA en las boletas– mantiene en pie los aumentos de hasta 1.000% en los últimos años y, ante todo, este esquema perverso, alimentado por el reguero de subsidios entregado a estos pulpos durante la década K. Es lo que recuerda el proyecto del PO-FIT en sus fundamentos, al señalar el caso del grupo Midlin (Edenor) “que utilizó los subsidios percibidos bajo la llamada ‘década ganada’ para financiar la compra de numerosas distribuidoras eléctricas y transportadoras de energía en el interior del país y que ha adquirido activos locales de Petrobras”, y denunciar que mientras embolsaban los subsidios los empresario multiplicaron la precarización laboral y la desinversión absoluta, “que ha tenido su máxima expresión en la masacre ferroviaria de Once”, y se observan día a día en apagones de barrios enteros y en la tercerización de los trabajadores.
Incluso con los enormes límites del proyecto ´panperonista´, el gobierno ha anunciado que en caso de aprobarse lo vetará, dado que cualquier límite a la dolarización de tarifas le plantea una mayor crisis fiscal y la necesidad de volver a endeudarse. El gobierno recurrió al apriete a los gobernadores y por su intermedio a los diputados, como ocurriera en ocasión de la reforma previsional.


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