Amenaza de desalojo sobre una cooperativa de viviendas

Escrito por el 15 de agosto de 2017

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Se trata de la Cooperativa Butteler en Avda. Cobos 555, CABA. Allí habitan, en algunos casos desde hace más de 25 años, 17 familias conformadas por mujeres, niños y ancianas y ancianos, todas personas en contexto de vulnerabilidad. Desde hace aproximadamente 6 años, el edificio que había quedado envuelto en una sucesión, fue vendido y quien lo compró consideró lo consideró intrusado e intentó desalojarlos en forma expeditiva. En estos años intervino también el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el día de ayer nos comunicamos con la abogada que acompaña a estas familias, la Dra. Rosa Herrera, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).https://archive.org/details/CooperativaButlerPL456

 

Herrera comenzó explicando que “Estas 17 familias ingresaron al edificio alquilando. Al poco tiempo los dueños desaparecieron, no se presentaron más. Quiero aclarar que es un edificio perfectamente conservado, con sus unidades funcionales en buen estado. No hay nada precarizado ahí en cuanto a las condiciones de vivienda. Estas familias se empezaron a hacer cargo de los gastos de mantenimiento, de los servicios, por muchos años. La que menos hace que vive en el lugar, hace 20 años. Se ve que los dueños habían fallecido y los herederos vendieron el edificio en el estado en el que está y el nuevo dueño inició inmediatamente un juicio de desalojo. Esto comenzó en el año 2011 y los catalogaba como intrusos. La gran mayoría de las habitantes son mujeres, jubiladas, pensionadas o con chicos, en la desesperación vinieron a la LADH a buscar asesoramiento jurídico, a ver que hacer. Era un juicio sumarísimo, esos desalojos express. Tomamos el caso y rechazamos el carácter de intrusos y planteamos la situación de que son poseedores”.

Como se trata de un juicio civil y a pesar de que el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda tienen ambos jerarquía constitucional, por lo general, los jueces fallan a favor del propietario. El argumento sí sirvió para parar un desalojo anticipado e ir postergando la decisión final por medio de sucesivas apelaciones.  En ese sentido la abogada afirmó que “Finalmente llegamos a la sentencia definitiva y el juez estima que no son suficientes las probanzas presentadas por las familias y siempre sentencian a favor de la propiedad privada. La sentencia está desde 2015. Nosotros apelamos. Destaco que las compañeras reaccionaron a tiempo y nosotros pudimos defenderlas en todas las etapas procesales.”

Mientras esto ocurría y la causa iba del juzgado a la cámara y viceversa,  desde la LADH plantearon las causas sociales que están plasmadas en esta disputa por la propiedad y que las familias no podían resolver sus problemas de vivienda por sus propios recursos. Pidieron entonces, que la jueza cite a diferentes autoridades del gobierno de la ciudad, tanto el Instituto de la Vivienda como Desarrollo Social, hoy Desarrollo Urbano y Habitat, La idea, explica Herrera, era que las autoridades asumieran la obligación indelegable que tiene el Estado de garantizar a las familias el acceso a la vivienda digna. “…La característica de este caso es que paralelamente al proceso judicial, las familias decidieron conformarse en cooperativa. Así nació la Cooperativa de vivienda Butteler. Consiguieron la personería jurídica y nosotros le solicitamos a la jueza para que oficiara en el INAES para que pudieran acelerar los trámites. Siempre respetando todas las formalidades pero para que no se dilate. Han ido completando todos los requisitos que el IVC tiene para que puedan ingresar al  programa autogestivo de vivienda, que es la ley 341. Esta fue la única solución porque en forma individual, ninguna de estas personas accedería a un crédito, pero si a partir de su conformación como cooperativa. De tantas luchas, tanto en el expediente como en las calles, logramos que el IVC emita un dictamen que presentó al juez. En dicho dictamen reconoce que la cooperativa está en condiciones de acceder a un crédito de manera que estarían en condiciones de comprar el edificio evitando así el desarraigo”, explicó Rosa Herrera.

Así se llegó a esta última instancia, donde el juez considera que ya no hay más tiempo y el propietario reclama lo que ha acreditado que le pertenece. Es en este momento donde el Estado porteño señala que si bien está resuelta la compra del edificio, no tiene presupuesto. “Escriben con la mano y borran con el codo. El lunes nos enfrentamos a una situación en la que el juez quería llevar adelante el desalojo, la ejecución de la sentencia, y las familias no tenían donde ir. En la sentencia el juez ordena que el gobierno debe garantizar el acceso a la vivienda a las 17 familias, no que tiene que darles un subsidio que las deje en la calle a los seis meses. Ahora hubo una organización que nos permitió suspender el desalojo”, finalizó la abogada.

Como es de suponer, las familias se encuentran ahora en una situación de incertidumbre extrema. En estas últimas semanas se ha presentado la Defensoría del Pueblo para mediar también ante el IVC para que fije la partida presupuestaria. También se han iniciado gestiones directas con el propietario. El IVC conoce la problemática en sede judicial desde 2014.

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